Provincias traban el tomar personal: piden hasta una “Ciudadanía”

Provincias traban el tomar personal: piden hasta una “Ciudadanía”
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 18
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 25-06-07

El trabajador debe ser oriundo de la provincia o domiciliarse en ella para ser contratado, o contar con un tiempo mínimo de residencia. La provincia debe otorgar el carnet habilitante previo el cumplimiento de los requisitos precitados. A su vez, distintos sindicatos son los que dictan los cursos que, una vez aprobados, son los que generan el derecho al carnet supuestamente profesional.


A su vez, distintos sindicatos son los que dictan los cursos que, una vez aprobados, son los que generan el derecho al carnet supuestamente profesional.
Estas normas encuentran sus antecedentes varias décadas atrás, cuando los gobiernos locales querían priorizar a los comprovincianos frente a la presencia o a la inmigración de otros países limítrofes, como fue el caso de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y hasta República Dominicana.
Luego, se pasó de la oculta o encubierta xenofobia a la prioridad de los locales sobre las provincias vecinas, a menudo arraigadas en una rivalidad folclórica a veces ancestral; otras, circunstancial. En el caso de los extranjeros, se competía frente a personas a menudo indocumentadas que trabajaban al margen de las leyes laborales y previsionales por salarios más bajos que los de los trabajadores locales.
En el caso de la rivalidad entre provincias, generalmente se luchaba contra la hegemonía regional de la provincia rica, desde las que tenían posiciones subalternas o una economía dependiente. En algunos casos, era mera rivalidad entre dos pueblos vecinos; en otros, encubría viejas rencillas que hasta se podían rastrear en las campañas contra los indios y en el enfrentamiento entre caudillos.
Aislamiento
En tiempos modernos, estos requisitos o recaudos provienen en especial de las provincias que contaban con regímenes promocionales, o con explotaciones o inversiones nuevas, a los que se les impuso la contratación de los trabajadores locales muchas veces con prescindencia de su capacidad y competencia para cubrir razonablemente con las exigencias del puesto, en desmedro de los más aptos.
Otro factor reciente es la lucha contra el desempleo, la marginación y la pobreza, que en cada provincia argentina tiene fuentes culturales, educativas, de aislamiento en lo que hace a las nuevas tecnologías y las fórmulas y teorías que imponen el trabajo, la inversión, la competitividad y la previsibilidad. Todos estos valores son requisitos indispensables para que una empresa se proyecte en el largo plazo.
En nombre de estas rivalidades locales se cometieron muchos errores históricos, que incluso pusieron bajo serios compromisos al gobierno provincial, y de hecho, hasta lo hipotecaron cuando se observaban las medidas en el mediano y largo plazo. De hecho, los inversores priorizaron ciertas provincias en desmedro de otras por razones de competitividad o de excesiva protección localista.

ART: tras fallo de la Corte, urge nueva ley

ART: tras fallo de la Corte, urge nueva ley
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 19-06-07


Julián A. de Diego
La Corte Suprema en el caso Llosco fulminó lo poco que le quedaba a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) para no colapsar, aún cuando el caso tiene particularidades que no se aplican a la generalidad.


El fallo establece que el trabajador que cobró la indemnización de la ley especial bajo reserva de que dicho monto era a cuenta de otro mayor, podrá demandar al empleador por la vía del Código Civil la reparación sin tope ni fórmula de cálculo (siguiendo el principio de la reparación integral) cuando dicha indemnización fuera insuficiente («Llosco, Raúl c/Irmi SA s/ recurso de hecho», CSJN 15-06-07).
El actor, ya iniciada la demanda, tuvo a su disposición la indemnización especial depositada por la ART, y solicitó autorización para cobrarla «a cuenta de mayor valor» y así se autorizó la percepción. Otro dato importante es que el evento ocurrió en marzo de 1998, cuando todavía no se había realizado un importante incremento de las indemnizaciones previstas en la LRT. Las especiales características del caso no habilitan a que la Corte haya tomado partido, como se dice, sobre una opción que no sea la excluyente.
En rigor, la Corte manda dictar un nuevo fallo con arreglo a lo dispuesto en la sentencia, y por ende, no se sabe el criterio final que se adoptará en lo que hace al pago suplementario, si se deben complementar, y si en definitiva, priva el criterio de la opción excluyente o de la acumulación. El tema queda aún abierto para lo que determine la futura reforma legal.
Sin perjuicio de ello, es y resulta claro que el sistema de riesgos del trabajo de la Ley 24.557 viene sufriendo en forma sistemática una serie de cuestionamientos, que entre otras cosas, implican alrededor de veinte (20) tachas de inconstitucionalidad en los distintos tribunales laborales. En verdad, la norma pasó a ser el blanco de todas las teorías que relacionaron su creación y desarrollo con todos los cuestionamientos de la «doctrina de la flexibilidad laboral» de la década de los noventa (90), y con ello, la devastación del sistema sacrificó también alguna de sus virtudes. Es más, la consigna fue destruir el modelo.
Basta con citar el fallo de la Corte Suprema «Aquino» (CSJN 327: 3753) y «Díaz» (CSJN 325: 11) que declaró abierta la opción libre por la vía del Código Civil, al que le siguieron los casos sobre la competencia de la Justicia laboral o la que resulte conforme a las leyes locales de cada provincia, excluyendo la competencia federal prevista en el Ley 24.557.
Lo cierto es que las empresas son el blanco hoy de las demandas irrestrictas por la vía del Código Civil, sin amparo legal posible en la cobertura que implica contribuir con las ART, y en un marco donde las indemnizaciones no tienen límite y últimamente tampoco tienen razonabilidad. Las mayores damnificadas son las empresas chicas y medianas que obviamente no pueden pagar una sentencia basada en la reparación integral y sólo les queda la alternativa del cierre.
Advertencia
El fallo «Llosco» es una nueva advertencia desde la Corte al Poder Ejecutivo, los empleadores, los sindicatos y las aseguradoras, de que una reforma legislativa integral debe ser tratada con urgencia por el Parlamento. Los rehenes son los trabajadores damnificados, la parte más débil de la relación, que merecen normas de prevención anticipatoria adecuadas para evitar que los accidentes y enfermedades laborales ocurran, y normas adecuadas para asegurar medicina curativa, tratamiento, rehabilitación y reinserción que la nueva
legislación debe garantizar, todo ello sin perjuicio, de que -como último recurso- se paguen indemnizaciones adecuadas por daños irreversibles, sin que sea necesario buscar un juez que imponga el pago. La Justicia también debe ser el último recurso dentro de un sistema administrativo, siempre revisable por el Poder Judicial.
La LRT está ya redactada en el marco del Poder Ejecutivo, y por obra de diversas circunstancias atribuibles al debate que se entabló entre las empresas y sus entidades representativas, las aseguradoras, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el mismo Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Seguros, y hasta los sindicatos, la CGT y sus asesores, no ha dado la luz, y se espera que en las sesiones ordinarias de 2008 sean remitidas al Parlamento. Parece que la necesidad impone hoy una nueva ley que proteja a los trabajadores y formule un esquema predecible para los empleadores, con un sistema asegurador sano y transparente.

Paritarias: habrá ahora segunda ola de reclamos

Paritarias: habrá ahora segunda ola de reclamos
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-06-07

El salario perdió poder de compra frente al crecimiento de la canasta familiar. Este es el argumento principal por medio del cual se está desatando la denominada segunda ola , después de que las cámaras empresarias y los gremios representativos firmaron el aumento salarial de 2007 por actividad.


Si bien se repite el mismo fenómeno que el año pasado, la causa de la virulencia de la conflictividad es la lucha por el poder dentro de cada gremio.
En rigor, se desató una verdadera carrera por la conquista del control de la negociación colectiva, seguramente en el camino de lograr el copamiento del sindicato, que por distintas causas ofrece un importante desgaste. De hecho, se han combinado la lucha por el salario con la lucha interna entre los distintos niveles del gremio. Veamos las causas y el conflicto intrasindical con detalle.
Lejanía
Los dirigentes sindicales están muy lejos de sus representados, y se los relaciona con el poder político y con las relaciones de cúpula. Se los ve en la prensa junto a funcionarios del Poder Ejecutivo, con el Parlamento o en la Justicia, o en su caso con la conducción empresaria. Ninguno de estos factores hoy seduce a los trabajadores, que reclaman reivindicaciones básicas, como es, por ejemplo, una auténtica lucha por los aumentos salariales que impliquen una recuperación real del poder de compra y una mejora sobre ella. En las empresas en particular se observan niveles récord de producción, alguna mejora de la productividad, exportaciones, nuevas tecnologías, inversiones en ciertos casos, y todo ello genera expectativas y, sobre todo, fantasías sobre aumentos en muchos casos desproporcionados si se la relaciona con la evolución real de los costos, y en especial con los compromisos cada vez mayores con la competitividad empresaria.
Es por ello que las bases descreen de los dirigentes a los que no pueden ver, reclamarles ni tener contacto. Los mejores interlocutores son los delegados gremiales, y en su caso, los líderes naturales que surgen entre los trabajadores (los ex delegados, los que quieren ser, los protestatarios disolventes, etc.). Han aparecido las organizaciones informales que relacionan grupos de afinidad, ya sea por actividad o por la zona en la que se encuentran las empresas o las fábricas. Algunas tienen un eje ideológico, generalmente de izquierda, tomando como base viejas organizaciones frustradas de origen marxista o socialista. En otros se unen grupos de conveniencia, donde inclusive se conectan grupos de acción sindical, integrados, por ejemplo, por la CTA, junto a agrupaciones políticas locales y a grupos piqueteros. Estas combinaciones garantizan inestabilidad progresiva, un virtual estado de reclamación permanente, y la estrategia de desestabilizar la autoridad empresaria a través de una guerra de zapa, sin prisa y sin pausa, y también sin cuartel.
Es muy difícil operar con una estrategia preventiva o anticipatoria de los reclamos y sus eventuales conflictos. Sin embargo, surgen como fundamentales los instrumentos de negociación. La necesidad de que las retribuciones se pacten por resultados concretos, como por ejemplo, a través de sistemas variables que aseguren mejoras de productividad, y a la vez paz social. Estos incentivos o sistemas variables se pierden si el trabajador participa de una medida de fuerza, por ejemplo. A la vez, se deben acordar sistemas de autocomposición que aseguren procedimientos especiales previos a la adopción de medidas de fuerza ad nutum.
Reconstrucción
Por último, parece necesario reconstruir la cultura del trabajo, en donde se destaca una falencia generalizada en las empresas en lo que hace a la comunicación con el personal, y sobre todo con el espíritu paternalista que todo trabajador espera de su empleador. Es un desafío regresar a las fuentes, en los que el patrón sea más una especie de padre y menos el principal, sostenga y demuestre su preocupación por sus trabajadores, y encuentre medios y vehículos para escuchar y responder a las inquietudes, a las necesidades y a las expectativas y esperanzas. Muy ambicioso, pero realista. Cuando el padre es ausente, alguien o algo lo reemplazará. Los riesgos están en los sustitutos que generalmente responden también a un interés foráneo y que emplea como instrumento la lucha de clases, con el fin de destruir los principios elementales de nuestro sistema: la propiedad, la libertad y la autoridad.