La caída del empleo en una economía en retracción

La caída del empleo en una economía en retracción
Fuente: El Cronista, Pág. 15/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 14-01-09
Julián A. de Diego

La gran política del subsidio se ha convertido en una hipoteca, sobre todo en el plano laboral, donde el tratamiento de los trabajadores, conforme al sector, la región o la actividad ha sido totalmente inequitativo y basado en favoritismos

Los aumentos salariales generales producirán inexorablemente la caída del empleo si se producen dentro de una economía en retracción. La ecuación es muy simple: si el costo laboral total CLT aumenta con una cantidad determinada de trabajadores TrOcup y la producción vendida se reduce AEcon , la empresa se debe ajustar al nuevo esquema en todos los planos incluido el laboral. (+CLT =TrOcup -AEcon = Ajuste integral).
Si en una empresa hipotética el CLT es $ 30.000 y se reparte entre diez (10) trabajadores, y se produce un aumento mandatario del 20% y la actividad cayó en un 30%, la dotación se deberá reducir en 3 o 4 puestos de trabajo como mínimo (30 o 40% de la dotación original), o mantener el plantel importa bajar el costo en un 35%/45%, lo que representa suspensiones de bajo costo (art.223 bis, LCT), y por un plazo de alrededor de dos meses como máximo, (Ejemplo: CLT 30.000 x +-1.20 : 10 TrOcup . -AEcon = -3/4 trDesocup ).
Si se llega al despido, en las empresas de primer nivel se abonan indemnizaciones cuyo costo no será inferior al 140% del monto legal, en las medianas se abona el 100% del marco previsto en el art. 245 (LCT) y en las pequeñas se paga el 50% del monto legal. En cualquier caso el ‘pay back’ de estas indemnizaciones se amortiza en un promedio de 12 meses. Por ahora, es muy pequeña -casi insignificante- la incidencia de los despidos de empresas en cesación de pagos, crisis terminal o en concurso o en quiebra, en donde las posibilidades de cobro son remotas.
De una política de recuperación, crecimiento, y hasta abundancia que se extendió por más de cuatro años hemos ingresado dramáticamente a una política de escasez, falta de crédito, y ya se sienten los primeros efectos de una recesión incipiente. Quien tiene no gasta ni invierte por prevención, quién no tiene no gasta porque no puede.
El ajuste general puede producir además desplazamientos de ingresos de un sector a otro, y adicionar un nuevo conflicto intersectorial. De hecho, una de las luchas más claras y despiadadas que se dio en estos años es entre sindicatos por la representación de los trabajadores a cuyos fines contar con un salario convencional alto se convirtió en el instrumento estratégico fundamental para seducir a los interesados de pasar de una actividad o profesión a otra, (Ejemplos: la empleados de limpieza de los subtes en ATE, los trabajadores de logística en camioneros, los servicios complementarios en el gremio de la actividad principal del contratante, etc.). En otras palabras, el debate hoy no debe centrarse en pautas oficiosas como la del 13% surgida de los pasillos oficiales, ni en la libertad de negociación de los salarios reclamada por la CGT. Lo esencial es revisar la política de ingresos en el contexto del 2009 que nada tiene que ver con la puja distributiva del lapso 2004/2008. Las posibilidades distribucionistas se desplomaron con la crisis financiera global, con los efectos en la economía regional, y ahora, con la conmoción dentro de la economía real de cada sector y región a nivel local, por ahora evidenciada en un deterioro del consumo, y en la paralización de la creación de empleo. Los pactos sociales, la gran paritaria nacional, y los grupos de coordinación solo son eficaces con la participación de los ‘players‘ principales de cada actividad, y con una fuerte contribución del Estado disminuyendo el gasto público improductivo, volcando recursos a las inversiones de infraestructura, y promoviendo una reforma fiscal integral que le permita al sistema volver a recuperar la equidad y la distribución equitativa y justa de las cargas previsionales e impositivas. La gran política del subsidio se ha convertido en una hipoteca, sobre todo en el plano laboral, donde el tratamiento de los trabajadores, conforme al sector, la región, o la actividad ha sido totalmente inequitativa y basada en favoritismos.
Los ajustes por actividad dentro de la negociación colectiva libre (sin pautas) no es compatible tampoco con las restricciones en los precios basados en los controles, ni con las que impongan los mercados. Es por ello, que hay que vigilar las importaciones para evitar damping económico y también social, cuando los productos provienen de economías con costos y productividad completamente diversos a los nuestros.
En un marco tan simple como el precitado, no tiene relevancia alguna si las empresas tuvieron buenos resultados anteriores, ya que los mismos se reinvirtieron, se distribuyeron utilidades, premios, bonus, etc. Lo importante para evaluar el futuro inmediato, es el nivel de ventas y de rentabilidad, en relación con la inversión y la estructura. Es más, se podría considerar como un factor aleatorio la competitividad global, ya que los mercados no solo se han segmentado, sino que actualmente se han fracturado, en la búsqueda desesperada de las corporaciones de salvar lo esencial para sobrevivir. En la crisis por la supervivencia, no hay reglas, o las reglas cambian subordinadas con necesidades cruciales.
Se pueden adoptar una serie de medidas que pueden tener efectos positivos como por ejemplo:
n que los salarios sean objeto de discusión y negociación ex post facto, o sea que no debería anticiparse inflación proyectada, sino que debería evaluarse la inflación transcurrida y conforme la evolución de la actividad en cada sector;
n que las discusiones se basen en mejoras de la productividad o en un marco de viabilidad mínimo, diferenciando a las pequeñas empresas de las medianas y de las grandes, y en su caso, a las que están en grave crisis de las que operan bajo condiciones operativas normales;
n una reforma integral del sistema tributario que permita recuperar la equidad y justicia en la distribución de las cargas;
n que se abandone el voluntarismo de anular los despidos, ya que para neutralizarlos solo se necesita contar o crear las condiciones para preservar el crecimiento sustentable; y
n generar políticas de promoción de las inversiones con mano de obra intensiva, que cuenten con actividad operativa y desarrollo tecnológico, alineados con las necesidades y demandas más importantes del mercado regional e internacional.

Reforma laboral de la “in dubio pro operari” a la ley de contrato de trabajo aumenta riesgo empresario

Reforma laboral de la “in dubio pro operari” a la ley de contrato de trabajo aumenta riesgo empresario
Fuente: El Cronista, Pág. 6/Sección: Economía & Política
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 06-01-09
Julián A. de Diego

Reforma laboral de la “in dubio pro operari” a la ley de contrato de trabajo aumenta riesgo empresario: En una reforma inesperada se aprobó en el Congreso Nacional una nueva modificación a la Ley de Contrato de Trabajo mediante la Ley 26.428 (B.O. 24-12-08) que modifica en forma sustantiva la aplicación del principio in dubio pro operari , es decir, “la duda debe interpretarse en los juicios laborales a favor del trabajador”.

El cambio operado introduce el texto original de la ley del año 1975 que obligaba al juez a inclinarse a favor del trabajador en caso de duda sobre la apreciación de las pruebas vertidas en la causa donde se ventila el caso concreto. Se formaliza así una nueva regresión al sistema jurídica que se estableció en aquel año, basado en fuentes de la década del 60.
La reforma también suprime el título del artículo 9º. que antes disponía: “El principio de la norma más favorable para el trabajador” y en la nueva disposición se omitió el que lo debía reemplazar.
La modificación aumenta las posibilidades de éxito de las demandas llevadas adelante por los trabajadores contra las empresas, al brindarles el favor de la duda en la prueba de la causa, que conforme a las interpretaciones que se les pueda asignar, puede generar una derrota indeclinable para los empleadores en el caso de la corriente ligada al principio de progresividad, o puede ser una herramienta para favorecer a los trabajadores en caso de insuficiencia probatoria, que en la práctica habitual se da con especial frecuencia. En nuestra opinión, la reforma no debería admitir ninguna de las dos posturas precedentes. Analicemos el nuevo texto en el entorno actual.
La nueva norma dispone literalmente: “Art. 9. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.
La reforma introducida está contenida en la frase destacada, e impone una extensión de la noción la duda, que hasta esta reforma solo estaba circunscripta a las normas legales y convencionales, y ahora se amplía a la apreciación de la prueba en los juicios laborales.
Como se recordará, el principio in dubio pro operari es parte del principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto que garantiza al trabajador la protección de las leyes. Este principio se incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo en 1975, y conforme al mismo se custodiaban los derechos del trabajador en función de los distintos alcances y contenidos que pueda ofrecer el marco normativo, (arts. 7, 8 y 9 y concordantes de la LCT).
El principio protectorio cubría tres ámbitos antes de la reforma: a) el de la duda en una misma norma legal a favor del trabajador; b) el de la duda entre dos normas a través de la norma cuya institución en su conjunto resulte más favorable; y c) y la regla de la condición más beneficiosa.
Como se puede apreciar de su simple enunciado, las tres reglas del principio protectorio se refieren al marco de amparo que el trabajador tiene en función de la ley, sus alcances e interpretación. Nada es compatible con el plano fáctico como lo introduce la reforma, que impone al juez, y eventualmente a la autoridad de aplicación al momento de verificar el cumplimiento de las normas de fondo, el deber de apreciar la prueba –o sea el marco de hecho en caso de duda, a favor del trabajador. En la duda legal nos enfrentamos con la regla de conducta fijada por el legislador en forma abstracta, mientras que en la duda sobre la prueba de los hechos, estamos inmersos en el marco fáctico y en los componentes reales del caso particular. La confusión de los dos planos y de los dos modos de concebir las reglas de conducta en sociedad, en su oportunidad justificó la derogación de la norma, que hoy cobra vida nuevamente.
Resulta claro que esta directiva está dirigida fundamentalmente al juez quién es el intérprete de la ley por excelencia en el caso concreto. Es más, la autoridad administrativa está inhibida de interpretar la ley más allá de sus alcances.
A su vez, esta reimplantación de que la duda en la prueba debe ser interpretada a favor del trabajador es solo viable en los siguientes casos: a. cuando exista una duda en base a los hechos razonablemente apreciados a través de los medios acumulados en la causa, y siempre en base a la íntima convicción del juzgador; b. la duda solo es admisible si existe un matiz, una opción entre una prueba que resulta insuficiente o insatisfactoria para generar la determinación del hecho requerido. Para ello los medios deben ser plausibles, coherentes y concomitantes. En cambio, este principio no es admisible cuando la prueba ofrece una contradicción lógica entre las constancias relevantes, o cuando la prueba fuere carente de fundamentos, o no revelara los hechos en discusión, o resultare falaz. Tampoco es admisible la duda cuando no existen elementos probatorios conducentes, o cuando los hechos invocados no tienen ningún respaldo en las acreditaciones. En síntesis, la duda solo es admisible si las acreditaciones, razonablemente apreciadas brindaran una alternativa plausible, apreciada con criterio restrictivo. Si así no fuera, la duda a favor del trabajador se convertiría en una hipótesis de abuso del derecho, comprometiendo la equidad y vulnerando la justicia. En etapas como la que se inicia en un contexto de crisis, las normas deben ofrecer las herramientas que fortalezcan la seguridad jurídica a través de medios o sistemas que aseguren la certeza, lo que no se logra con la nueva reforma introducida en la Ley de Contrato de Trabajo.