La crisis terminal de una ley que puede desencadenar la quiebra de las empresas

La crisis terminal de una ley que puede desencadenar la quiebra de las empresas
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 14-08-09

Julián A. de Diego
La Ley de Riesgos del Trabajo (ley 24.577) se ha convertido en un medio para que una empresa caiga en insolvencia o en quiebra, después de cinco años de espera de una reforma integral, y una vez que la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes esenciales del sistema.

A esta situación se llega por el hecho de que el trabajador puede demandar en forma directa al empleador por la vía del derecho común (Código Civil) reclamando el lucro cesante (lo que se dejó de ganar) el daño emergente (los daños materiales efectivamente sufridos) el daño moral (los padecimientos, pesares y carga sicológica) más la pérdida de la chance o el daño potencial. En este reclamo, no participa la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que no brinda ninguna cobertura en función de la responsabilidad civil, y por ende, es el empleador el que debe responder por una indemnización que no tiene reglas, ni pautas ni fórmulas previsibles, sino pura y simplemente la apreciación judicial. La responsabilidad generada por el derecho común, no solo es aquella basada en la culpa o dolo del empleador, sino también en aquella que surge por los hechos de las cosas (art. 1113 Código Civil) que se basa en los daños producidos por las cosas que entrañan riesgo o que padecen un vicio o defecto. En estos casos, el deber de reparar es del dueño o guardián de la cosa, y un basto espectro de responsabilidades solidarias interconectadas con la principal. Esta valoración de los daños por la vía del derecho común, a través de la jurisprudencia, ha generado los siguientes sub-sistemas:
* La estimación prudencial de los daños: es un sistema totalmente libre, en donde el juez estima el monto, sin utilizar ninguna regla específica, salvo la prudencial apreciación judicial;
* La renta vitalicia: en función del cual se tiene derecho a la cantidad de sueldos que faltan entre el momento que ocurrió el accidente y la fecha estimada para que la víctima se hubiera jubilado, o una proporción de ella si la incapacidad fuere parcial (‘acumulativa o pensional’);
* La renta financiera: es una suma tal que puesta a interés constante de plaza, permita pagar una cuota mensual equivalente al salario o a la parte de él conforme la incapacidad del accidentado, de modo tal que al alcanzar la edad para obtener la jubilación ordinaria, el trabajador pueda cobrar la última cuota agotándose así el capital y los intereses.
* La combinación de las alternativas iniciales: se pueden tomar ingredientes combinados de las tres primeras, a través de mecanismos que suelen ofrecer incoherencias entre sí, pero que suelen intercalarse o acumularse.
Estas eventuales condenas las deben soportar las empresas condenadas, y solo en casos excepcionales la justicia impuso la responsabilidad solidaria de la ART, por no haber controlado las normas de higiene y seguridad, o por la capitalización sin alternativa de cancelación de las prestaciones por incapacidad. En rigor, la solución intrasistémica es desproporcionada, y surge de las controversias que llegaron a tribunales, judicializándose peligrosamente un sistema que debería operar en forma automática y sin mayores debates o dilaciones.
El proceso precitado se desencadenó a medida que se verificó en la realidad que las indemnizaciones eran insuficientes y hasta exiguas. El sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo tenía otros defectos importantes:
* las medidas de prevención debían ser controladas por las ART, o sea que el prestador debía controlar a su cliente, lo cual, por definición parece contradictorio o poco eficiente;
* los procedimientos ligados a los controles médicos, tratamientos y medios curativos tenía un devenir errático;
* la naturaleza laboral de las enfermedades no listadas, o de las patologías cuya relación causal era ambivalente, generaron muchos conflictos.
En el 2004 que se dictaron fallos de la Suprema Corte que terminaron de fulminar el sistema al declarar la inconstitucionalidad del art. 39 (fallo ‘Aquino’) y al considerar competente a la justicia laboral y no la federal como lo establecía la ley (fallo ‘Castillo’), además de cuestionar el pago en cuotas o en prestaciones mensuales de las indemnizaciones que reparan el daño sufrido, además de destacar que los montos tarifados y especiales de la Ley de Riesgos eran insuficientes y a veces irrisorios, respecto del daño que se pretendía reparar. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo está elaborando un proyecto que ya tienen innumerables borradores, y que por un tema central, el de la opción entre los sistemas, se ha convertido en un callejón sin salida. Fueron consultados las empresas, las entidades más representativas, la CGT y sus especialistas, y expertos independientes. Muchos sostienen, que se ha llegado a esta situación por la falta de experiencia de la Corte Suprema en temas laborales, que permitió admitir -por vía interpretativa- y desde el fallo ‘Aquino’, que el trabajador cuenta con el llamado ‘cúmulo’. El eje de la actual discusión está en torno de establecer si el trabajador puede optar en forma excluyente entre dos sistemas, en forma complementaria, o en forma de cúmulo o superpuestas. Para ello tiene dos mecanismos indemnizatorios, a saber:
* el tarifado con montos que respondan a la realidad que deben reparar, calculados con una fórmula matemática, o
* por la vía del Código Civil persiguiendo la reparación integral conforme a los criterios que se aprecien y valoren judicialmente.
Las tres alternativas son:
* El primero es el de la opción excluyente. Si el trabajador opta en forma expresa o tácita por el sistema tarifado de la Ley de Riesgos, pierde automáticamente la opción de ir por la vía del Código Civil;
* El segundo es el de la opción acumulativa. una vez cobrada la suma tarifada, si el empleador ha incurrido en culpa grave o dolo, podrá reclamar la diferencia por la vía del Código Civil, (ambas se compensan entre sí), y solo debe afrontar la diferencia entre lo pagado y lo condenado; y
* La vía del cúmulo: se puede cobrar la indemnización tarifada, y luego, en forma irrestricta se puede demandar por la vía del Código Civil, sin que ambas se puedan compensar o acumular.
La falta de la mentada reforma de la Ley de Riesgos es ya una necesidad imperiosa, para asegurar las prestaciones al trabajador, y para proteger a las empresas de las consecuencias de los reclamos judiciales.

La proyección de los aumentos salariales y el cuadro de la crisis en las empresas

La proyección de los aumentos salariales y el cuadro de la crisis en las empresas
Fuente: La Ley Online
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 07-08-09

Julián A. de Diego
I. Introducción. II: La Negociación Colectiva de la Crisis. III. La Proyección de los Aumentos y los Mecanismos de Ajuste. IV. Perspectivas para el año 2010. V.- Conclusiónes

I. Introducción

La economía nacional experimentó un crecimiento en el PBI superior al 8% en los últimos cinco años calendario, y durante el 2009 descenderá abruptamente al 1 o 2%. El desempleo, la pobreza y la marginación, aún con mediciones opinables, mejoraron a partir del año 2003 en forma gradual, con seguridad hasta comienzos del año 2008, en alguna medida, en forma concomitante con el crecimiento de la economía. Luego, volvieron a crecer con el avance de la recesión y con la crisis del campo.

Los salarios tuvieron un proceso de activación, -después de una década de congelamiento-, que comenzó cuando se estableció oficialmente la caída de la convertibilidad (año 2001), se produjo la devaluación del peso y se anunció desde el Poder Ejecutivo la declaración de cesación de pagos del Estado Argentino. En efecto, el Gobierno Nacional, en el medio de una crisis sin precedentes, solo atinó a generar algunos aumentos puntuales de suma fija y no remunerativa, que se dispusieron por decreto del Poder Ejecutivo, en función de la urgencia primero y de las atribuciones conferidas por La Ley de Emergencia Económica después, que le confería facultades genéricas en materia de política de ingresos. En aquellos momentos, años 2002 y 2003, comenzó a divulgarse la teoría de que había que mejorar la distribución del ingreso, y para ello, primero por razones de la emergencia, pero luego, por la convicción asumida por la Presidencia de la Nación, se incentivaron los aumentos salariales mediante dos mecanismos:

1. La necesidad de convertir las sumas fijas no remunerativas dispuestas por decretos del Poder Ejecutivo, en sumas que se integren a las retribuciones básicas de los convenios colectivos de trabajo. Con ello, los sindicatos que permanecían adormecidos pero en estado de vida latente, despertaron a un protagonismo que hoy condiciona política, social y económicamente al Gobierno Nacional en la fijación del ingreso de quienes trabajan en relación de dependencia;

2. Para desplazar la base de cálculo de los básicos convencionales, se recurrió al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Productividad y el Empleo, que incrementó hasta hoy en más del 500% la suma de $200, que por toda la década del 90 y hasta el año 2003, mantuvo a la suma congelada.

Este doble fenómeno fue el motor de la situación actual, en donde los salarios se descuentan en una combinación que articula el SMVM con las remuneraciones básicas de los convenios colectivos. El SMVM aumentó en poco más de cinco años más del 700%, desplazando o dando fundamento al desplazamiento de los básicos de los convenios, que primero buscaron una suerte de sinceramiento, y luego procuraron elevar y mejorar el poder de compra efectivo de los trabajadores representados por los sindicatos de base.

Ahora bien, este proceso comenzó con las funciones precitadas, elevar los valores mínimos incorporando los aumentos por decreto dentro de las escalas convencionales. Rápidamente este proceso se volcó a la mentada política de «la mejora de la distribución del ingreso», con aumentos que en forma sistemática eran mayores que la inflación real.

Los efectos no se hicieron esperar:

a. el presupuesto de las empresas en materia laboral se incrementó por encima de otros parámetros de la economía, afectando competitividad, eficiencia y rentabilidad;

b. el aumento del costo laboral en las retribuciones convencionales impulsaron el ajuste de otros adicionales convencionales, y además de sumas o sistemas variables que se implementaban en cada compañía, con lo cual los aumentos en la base fueron superiores a los niveles esperados;

c. el aumento de la base superior a la inflación comenzó a solapar al personal subalterno con el personal de mandos medios, desarticulándose así la pirámide salarial, y quebrándose en parte el subsistema de retribuciones;

d. el avance de los básicos de convenio fue compensado primero con márgenes de absorción, pero luego cambió con restricciones a las absorciones, e inclusive con cláusulas que impedían la compensación con sumas concedidas en forma previa, o por encima de los valores convencionales obligatorios;

e. en negociaciones colectivas específicas se establecieron aumentos obligatorios, que no eran absorbibles ni compensables, o que se concedían bajo una prestación fija no remunerativa, que solo tenía posibilidades de absorción limitadas;

f. se fijaron también incrementos sobre el total de la remuneración real de los trabajadores comprendidos, además de modificarse las bases de las escalas (empleados de comercio y bancarios), que representaron en todos los casos aumentos de bolsillo que más allá de los básicos convencionales, neutralizaron y colonizaron todas las posibilidades de controlar en cada empresa su propia política salarial;

g. muchas negociaciones se resolvieron en el marco de graves y prolongados conflictos colectivos, que generaron más daños a las partes que los incrementos logrados, y que tuvieron efectos distorsivos, por haberse pactado en condiciones de máxima tensión, y en contra de la voluntad libre de los signatarios convencionales.

En un marco como el descrito, no se produjo la mentada redistribución del ingreso, sino que se generó un desplazamiento horizontal de recursos de las empresas menos rentables hacia las más rentables, o entre las de mayor solidez económica y financiera sobre las de menores recursos.

El proceso actual de elevación de los salarios de los convenios colectivos enfrenta una fuerte crisis con caídas significativas del nivel de actividad, de modo que una sobre-elevación de los básicos implica un efecto directo sobre el empleo.

II. La Negociación Colectiva de la Crisis

En un marco como el actual deberíamos estar negociando convenios colectivos de crisis, a fin de evitar daños que produce la recesión en curso, que en términos prácticos está provocando una caída importante de las ventas, la facturación y la rentabilidad de las empresas.

El crecimiento del nivel de desempleo que ha sido gradual pero constante nos enfrenta con una contracción clara de la masa crítica salarial, en contraposición con el aumento de los salarios pactados en forma convencional en la mayoría de las actividades, y con un ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil del 21%.

Un convenio de crisis es la respuesta técnica a la coyuntura actual, y evita la utilización de otros recursos, como la suspensión de la negociación colectiva, si la recesión se transforma en depresión.

Los convenios colectivos de crisis suelen incluir los siguientes contenidos:

1. Reformulación de la estructura salarial convencional: que puede contemplar reducciones, suspensión de ciertos ajustes o adicionales, reformulación de las categorías, y plazos de adecuación;

2. Aplicación de medidas coyunturales: enunciación y armado de herramientas de crisis, como procedimientos de autocomposición, sistemas de negociación en tiempos de crisis, reordenamiento de las medidas, forma de aplicación;

3. Mecanismos especiales para la actividad: la utilización de sistemas o subsistemas de cada actividad en particular, con una reformulación acorde con las circunstancias;

4. Reestructuración productiva: reformulación de la organización, tanto en el plano orgánico como en sus alcances prácticos.

5. Reformulación de las normas sobre jornada, descansos y licencias, en lo que hace a los beneficios y prestaciones otorgados por vía convencional, que se adecuen al plan de crisis integral;

6. Fórmulas para regresar al convenio original y parámetros de medición de la actividad, facturación, rentabilidad, productividad, con el fin de volver en forma racional al sistema normal.

III. La Proyección de los Aumentos y los Mecanismos

de Ajuste

El panorama de mitad del año 2009 presenta los siguientes grupos, conforme al comportamiento observado durante el primer cuatrimestre:

a. los que mantuvieron los salarios congelados, porque no llegaron a un acuerdo o porque acordaron congelarlas hasta visualizar que la actividad mejore;

b. los que mantuvieron los básicos congelados y adicionaron una suma fija no remunerativa, convertible en forma gradual y diferida en remunerativa;

c. los que ajustaron los básicos en función de un incremento porcentual, que generalmente se dividió en etapas y con ajustes que oscilaron entre 15 y 20% aproximadamente;

d. los ajustes combinados de un porcentual, una suma fija y variación de los adicionales convencionales que no contaban con corrección automática;

e. los que secuenciaron los ajustes, primero con una suma fija, luego con correcciones en los básicos, y por último con un acuerdo que englobaba a ambos trasladados a las escalas. Es importante observar que los sindicatos no aceptan no negociar, o postergar la negociación aún cuando no existan recursos disponibles. Quién no tiene capacidad para pagar los ajustes o al contrario, no puede sostener los pagos de las sumas adeudadas, podrá presentarse con el Procedimiento Preventivo de Crisis o con el Procedimiento de Reconversión Productiva, a fin de negociar las condiciones de supervivencia. Entre estas condiciones puede pactarse la postergación del pago del nuevo aumento, su diferimiento, y el modo de cancelación en el futuro.

IV. Perspectivas para el año 2010

La crisis desatada en el 2008 no presenta ninguna evidencia de que se revertirá en lo que queda del año 2009, y la mayoría de los analistas plantea que se extenderá por todo el año entrante. La mayoría de los problemas endógenos de las economías centrales no han sido todavía resueltos, y es paradigmático observar que se siguen manteniendo los mismos errores y se vuelven a producir los mismos procesos que desencadenaron la explosión de las burbujas financiera, accionaria y de inversiones e inmobiliaria. Es poco probable que los problemas se solucionen a partir de las mismas causas que los provocaron.

Si visualizamos los eventos del año 2009, con los aumentos salariales sectoriales y del Salario Mínimo Vital y Móvil, el año 2010 ofrece serios y muy críticos compromisos.

V. Conclusiones

La reinstalación de la negociación colectiva deberá recrearse en el marco de las nuevas condiciones y circunstancias de hecho, que nos enfrentan con una economía de retracción y de fuerte caída de la actividad.

* Con nuevos paradigmas se deberá operar con nuevas fórmulas que permitan preservar las unidades productivas, manteniendo o posibilitando el aumento de los puestos de trabajo.

* Las soluciones deben buscarse con nuevas herramientas, analizando descarnadamente los errores cometidos, y buscando mecanismos y estrategias que no permitan volver a cometer las mismas faltas. Es un dato clave de la realidad, que el sistema económico y financiero de cada país central soporta una crisis de credibilidad y que falta transparencia, que se reclaman mayores controles preventivos, y que se cometieron muchos abusos y excesos en nombre de la supuesta legalidad.

* Tratar de resolver los problemas reincidiendo en los errores cometidos, es algo así como trazar una nueva estrategia con los mismos componentes de la que ya fracasó.

* Resulta claro y contradictorio lo ocurrido en materia convencional con aumentos salariales que promedian el 20%, o del Salario Mínimo Vital y Móvil del 21%, contra una masa salarial en claro proceso de contracción, en función de la caída del nivel de actividad.

* Se imponen medidas propias de la crisis para el segundo semestre, y uno de los medios es a través de los convenios colectivos de crisis, que pueden pactar las condiciones especiales para la coyuntura.

* La distribución del ingreso se basa en la búsqueda de mayor equidad, en donde los que cuentan con menos recursos puedan gradualmente mejorar su poder de compra y de ahorro, contra los ingresos mayores que deberían moderarse razonablemente, en un contexto de crecimiento a fin de evitar la simple traslación de un sector a otro. Es de imposible factura redistribuir en épocas de contracción y en momentos en donde las empresas ven disminuidas en forma drástica su facturación, su productividad y su rentabilidad.

* Los aumentos sectoriales y generales son profesionales, y los interprofesionales, en las condiciones que ofrece hoy el mercado y con una caída singular de la actividad en general, obligan a adecuar los planteles de personal a las nuevas condiciones. Por ende, aumentos de costos son sinónimo de reestructuraciones, despidos y desempleo.

* En las empresas más importantes las desvinculaciones se generan con el pago de las indemnizaciones legales, inclusive con valores superiores a dichos guarismos. En las empresas medianas y en los pequeños establecimientos, y en la economía clandestina, es muy pobre el cumplimiento del pago de las indemnizaciones.

* El año 2010 estará sesgado por la crisis, altos niveles de desempleo, y una merma significativa en la actividad económica. Con ello se producirán graves problemas sociales, y crecerá la marginalidad y la pobreza. Solo es posible la mejora legítima del empleo y de los ingresos, en base al crecimiento de la economía en general, y de la inversión en particular. Para ello el Estado y el sistema legal deben garantizar un marco regulatorio estable, y reglas previsibles. Hoy, padecemos el mismo problema que afecta a casi todos los países emergentes: la falta de confianza de los inversores y la competencia despiadada que impone la ultra-globalización que se avecina.

* La realidad impone a los actores sociales sincerarse dentro del marco que ofrece una realidad incontrastable, y frente a una crisis como la que estamos padeciendo, no es posible continuar con acciones que solo se admiten en la prosperidad. Es imprescindible que los institutos laborales se adecuen rápidamente a los imperativos del mercado.