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Lo hacen al calificarlo de antidemocrático, por refrendar actos de clara discriminación antisindical, y por generar privilegios a favor del sindicato único en detrimento del sindicato meramente inscripto, todo ello en clara contradicción con la Constitución Nacional (art. 14 bis) y a los Tratados Internacionales, que garantizan al trabajador el derecho a constituir organizaciones sindicales libres y democráticas. En rigor plantean, que el modelo resultante de la aplicación del sistema legal vigente no garantiza la libertad sindical individual la de conformar sus propias entidades, y la libertad sindical colectiva que le permite al trabajador participar de la vida interna de los gremios, eligiendo o siendo elegido, negociar su convenio colectivo y ejercer el derecho de huelga con acceso a los sistemas reconciliación y rearbitraje, sin perjuicio de las garantías de las que gozarán los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo.
Frente a este escenario, se debate en los círculos áureos cuál es la fórmula legal para salir de semejante embestida, que curiosamente, tiene muchas simpatías populares y de grupos ideológicos de fuerte raigambre social y reivindicativa. Por el contrario, apoyan al viejo modelo monolítico importantes representantes del mundo empresario, del espectro político peronista en sus distintas vertientes, e inclusive de otros ámbitos ligados a los grupos confesionales líderes, y su ámbito de influencia. Entre los expertos del tema se han formado tres corrientes, en donde conviven por igual los asesores sindicales, los de las empresas y los del espectro político.
La primera corriente, que podemos denominar ‘política’, entiende que el tema se resuelve en el marco de lo que puede denominarse un frente de oposición y crítica promovida a partir del apoyo del Poder Ejecutivo y con el respaldo del movimiento sindical organizado.

Esta corriente es la única que se encuentra hoy operativa, con algunas manifestaciones de la Presidencia de la Nación, los contactos reuniones y negociaciones de la CGT para encontrar en éste y en otros temas un frente organizado, y el respaldo de gran parte del Partido Justicialista, aún de los grupos disidentes.

La corriente más tibia entiende que estos cuestionamientos son un ‘bluff’, y que luego de los acontecimientos ocurridos en el 2009, el tema sindical va a pasar a un segundo plano, y por decantación, regresará a su cauce normal, sin más planteos. A lo sumo, en ese contexto, habrá que hacer algún retoque en la legislación de naturaleza cosmética, para evitar que el tema regrese a la primera plana de los diarios. Esta línea de pensamiento, no cree que la sociedad en general esté cuestionando al modelo sindical ni a su dirigencia, sino que es parte del ideario generalizado en la clase trabajadora y clase media argentinas, en función de la cual toda la dirigencia está cuestionada, porque no ha sido eficiente para atender y solucionar los problemas concretos que preocupan al ciudadano común.

La tercera corriente, que podemos denominar ‘de los juristas’ ha congregado a varios de los más conspicuos expertos del derecho colectivo del trabajo, tanto del ámbito gremial sindical como del mundo empresario, del académico y del institucional, para encontrar una salida concreta a esta encrucijada. Ya hubieron dos ‘brainstormings’ con el fin de encontrar una solución duradera, bajo dos vías alternativas. La primera es tomar la Ley de Asociaciones Gremiales y ‘agiornarla’, y la otra, es la de dictar un decreto reglamentario de dicha ley, que impida la atomización del modelo sindical, mediante la creación irrestricta de gremios ‘meramente inscriptos’, que conforme lo referido en los fallos de la Corte tendrían los mismos derechos que los sindicatos habilitados por el Ministerio de Trabajo por vía de la concesión de la personería gremial.

Los contenidos de ambas normas son verdaderamente un desafío a la inteligencia del sistema, ya que en general todas las maniobras son ‘gatopardistas’, es decir, busquemos un cambio para que todo siga igual. Nada de lo que está ocurriendo en el seno de esta discusión es ajeno a las necesidades de preservar la centralización del poder, que por sí ofreció y sigue ofreciendo graves distorsiones al pleno ejercicio de un modelo democrático. Sin embargo, los cuestionamientos al modelo sindical no saben a ciencia cierta a dónde quieren llegar. Es más, no tienen ni cuentan con un modelo alternativo, y pueden correr el riesgo, y de hecho, ya lo están corriendo, de voltear el péndulo al extremo opuesto al actual, destruyendo en su devenir la existencia de una realidad sindical que ha sido un claro protagonista a la hora de confrontar con modelos extremos de la izquierda trotkista, maoísta, o comunista revolucionarias que intentaron copar las organizaciones sindicales, no para defender los intereses profesionales de los trabajadores, sino para convertirlas en medios instrumentales para combatir y destruir al capital, a los dueños del capital, en definitiva, a las empresas empleadoras.

Por ahora todos están dentro de un callejón sin salida, y cada uno de estos grupos sabe que enfrentamos una encrucijada de la historia, donde la crisis de la dirigencia política, sindical, institucional, empresaria y civil son el ‘leit -motiv’. De la elección del camino más eficiente depende que la realidad laboral y sindical se encausen o que dramáticamente se encaminen hacia la rebelión y el caos social.