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Las falencias se pueden constatar ante la falta de acciones coordinadas para luchar contra la pobreza y la marginación, que tarde o temprano harían eclosión. Uno de cada cinco habitantes del Gran Buenos Aires vive con graves carencias habitacionales, y el 90% no cuenta con un empleo digno, ni con servicios razonables de educación y de salud. En las villas de emergencia y barrios marginales el desempleo llega al 40%, el analfabetismo al 50% y más del 70% solo recibe los planes sociales (subsidio universal por hijo, cajas de alimentos, y asistencia médica en el hospital público).
Al respecto, las mediciones falaces pueden ser una trampa para quién las manipula, y sobre todo, cuando lo que se busca es engañar a la opinión pública. La verdad es que nadie puede mentirle a la realidad misma. En los hechos la pobreza extrema en general no tuvo ninguna mejoría en la gestión de gobierno nacional provincial y local, y ahora explota en las manos contra todos, oficialistas y opositores. El grupo de excluidos asciende a 4.000.000 de personas, y la mayoría busca vivir aún en condiciones de máxima precariedad en los centros urbanos o en su periferia.
Los piquetes de los grupos sociales, en el año 2010 multiplicaron los reclamos de los períodos anteriores, al punto, de que los bloqueos y cortes de arterias superaron a las del 2002/2003 en más de un doscientos por ciento. La Ciudad de Buenos Aires tuvo 1,4 cortes por día en arterias centrales como los puentes de acceso y la 9 de Julio o en el ingreso a la Panamericana, en su mayoría reclamando subsidios. Para la política oficial los delitos cometidos en estas manifestaciones sociales no son delito, y por ende, no se debe reprimir victimizar ni criminalizar la protesta. Esta visión garantista, parte de la premisa que la necesidad extrema justifica la realización de estas acciones (como ocurre con el hurto famélico) en todos los casos. Se ha llegado al absurdo de sostener que los cortes de rutas son para los desocupados como el derecho de huelga para los que tienen trabajo. y por añadidura, están al exentos de la intervención de los magistrados. Los jueces, que obviamente deben aplicar la Constitución Nacional y el derecho vigente recurren a fórmulas disparatadas para no intervenir. Por ejemplo se declaran incompetentes para actuar, realizan diligencias previas frente a actos flagrantes u ostensibles, y le tratan de transferir la responsabilidad a otro fuero, a la autoridad policial o de seguridad, al intendente de turno, o inclusive a la sociedad toda que no ha hecho nada para evitar el avance de estos flagelos sociales.
Parece ser que Latinoamérica y en especial Argentina ofrecen un fuerte contraste entre los grupos de mayores ingresos, y los pobres, que en nuestro país incluyen a quién tiene trabajo estable en los niveles de menor calificación profesional. A este cuadro, solo le faltaban la usurpación de tierras por parte de los “okupas”, donde se mezclas reclamos genuinos, manipulación político partidaria, xenofobia y en casi todos los casos, ausencia del Estado en acciones o planes concretos para mejorar los índices de marginalidad y pobreza extrema. Es interesante observar que los desocupados provocan los mismos bloqueos que los que tienen trabajo y luchas por mejores o mayores reivindicaciones sociales. Allí también se perdió el rumbo, con el fin de hostigar al sector empresario con mayor energía, se recurrió a la violencia, los bloqueos, el sabotaje y la extorsión. En rigor, quién conduce una medida de fuerza procura en primer término generar el mayor daño posible al empleador, y lo hace no solo paralizando su actividad, sino que busca transponer todos los límites, perjudicando la imagen y el valor intrínseco de la marca en el plano subjetivo, y en el ámbito social, procuran conmocionar a la sociedad en general, afectando la libre circulación con los bloqueos, y provocando el repudio de usuarios y la sociedad en general.
El blanco central de los conflictos sociales y laborales es la opinión pública a partir de los hombres y mujeres independientes o en relación de dependencia, que tratan de llegar por lo menos a su lugar de trabajo. Entre los eventuales reclamantes, y los transeúntes se produce la conexión que desencadenan el caos y la violencia. Los daños tangibles muchas veces no son tan graves como la afectación de los intangibles. En los hechos recientes de la Estación Constitución, originados en un corte de vías férreas por un conflicto laboral, se produjo el caos, por no actuar como se debía sobre las causas del evento. En otros términos, el Estado debió levantar el corte de las vías férreas, para evitar males mayores. En rigor, el corte de vías es un delito, y por sí, transforma cualquier medida de fuerza en ilegal. Curiosamente, los más perjudicados fueron en este caso y en muchos otros, los trabajadores de menores ingresos que no pudieron acceder a un servicio público, por el accionar ilícito de un grupo de manifestantes y de activistas de partidos que se cuelgan de cualquier reclamo que les permita aparecer en los medios provocando escándalos. Resulta claro, que los cortes no pueden por sí resolver ni éste ni ningún otro conflicto. La única fórmula posible para lograr acuerdos sustentables y la tan ansiada paz social es a través de la negociación, con la intervención del Estado y dentro de la ley. Es esencial que se tome conciencia que por vía del enfrentamiento salvaje y violento producidos por los sectores sociales más carecientes y desprotegidos, el Estado no puede hacer en horas lo que no hizo en años. Si este proceso se enmarca dentro del año electoral, el resultado será inexorablemente el caos, sin saber muy bien a quién recurrir para que se logre una solución duradera.