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Un pacto de precios, salarios e impuestos, con la responsabilidad que le cabe a cada una de las partes no tiene nada que ver con los reclamos salariales de las paritarias libres que se vienen negociando desde el 2005 al 2010.
El “pacto” agoniza por dos razones: Porque no parece haber la decisión, ni la convicción política, de que es un instrumento apto para que se reenfoque la economía y porque cualquier pacto social requiere la convergencia del oficialismo junto a los representantes del arco político opositor. El mentado Pacto de la Moncloa y el Pacto de Toledo fueron primero acuerdos políticos de los partidos mayoritarios, y luego se acoplaron los sectores de la producción y del trabajo. Es más, en la Moncloa las centrales obreras no firmaron el acuerdo, y requirió de una intervención posterior para poder lograr que se comprometieran.
En nuestro caso, mientras el fantasma de la inflación se entremezcla con la falta de billetes, las filas en bancos y cajeros, y la disponibilidad del salario en efectivo, el Gobierno trata de encontrar la fórmula para que se cierre un acuerdo tripartito razonable que soporte el peso del año electoral.
Un acuerdo marco presupone un pacto previo donde el Estado hace concesiones o establece reglas que generan ventajas en materia de política fiscal y eventualmente, en algún tipo de protección frente al acoso de las importaciones, los empresarios se comprometen con un acuerdo basado en una banda de aumentos de precios con un piso y con un techo, y la CGT asume que también se discutirán los salarios con un piso y con un techo, generalmente, que guarda una relación directamente proporcional entre ambos parámetros (precios y salarios). En cambio, en las paritarias libres operadas hasta el 31 de diciembre pasado, el componente siempre presente fue la inflación, y el objetivo sindical fue lograr incrementos salariales, graduales pero sistemáticas que culminara el período -generalmente de doce meses- con un salario varios puntos superiores al deterioro del signo monetario. Se desatendieron factores claves de la economía como la equidad fiscal, la introducción de las nuevas tecnologías, el régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las reformas laborales asistemáticas o sea, ajenas a un modelo o diseño preacordado.
Es curioso observar además, que como aumentó la conflictividad colectiva, se produjo un resultado indeseado, y es que los salarios experimentaron una mejora real, mientras la productividad cayó sin eufemismos. Con ello, el resultado fue funesto para las empresas que vieron deteriorados en muchos casos su rentabilidad o los planes de reinversión, por no haber alcanzado los objetivos planificados.
Si se aceptara “el acuerdo marco”, solo se pueden pactar las condiciones previstas dentro del mismo, y serían nulas y sin valor las que resulten ajenas. En estos momentos las negociaciones libres siguen avanzando sin ningún tipo de retaceo ni reserva. El compromiso de pago de suplementos salariales pactados para fin de año, por vacaciones, o por períodos de transición nada tienen que ver con un acuerdo marco, y de hecho, los mismos protagonistas que buscan lograr el primero son los que a la vez se contradicen pactando acuerdos que son como mínimo, asistemáticos y carentes de lógica.
Con la salvedad de quién pueda pensar de que los “acuerdos del bicentenario” son un nuevo “globo de ensayo” de una economía general y laboral que transitan un camino propio, autónomo y exento de nuevos replanteos, lo cierto es que no se puede ser a la vez “pactista” y seguir adelante con la “negociación colectiva libre”.
Otro factor que pone de relieve que “los acuerdos del bicentenario” están muy lejos de ser considerados viables y sustentables en el tiempo y por un lapso tan dramático como el año electoral que estamos transitando, es la larga lista de contradicciones que se producen en una economía como la que viene, que será altamente competitiva, y con grandes sacrificios para todas las partes involucradas. Nadie escapará a los errores que se cometan en los próximos meses, y seguramente los pagará quién resulte elegido para asumir el próximo gobierno. Es más, el disloque actual del manejo de los fondos públicos y privados, sean ingresos o impuestos, combinados con una fuerte presión fiscal desarrollada en escala nacional, llevará irremediablemente a toda la economía a un alto riesgo de descalabro en el mediano plazo. Veamos solo el tema salarial. Si la inflación proyectada para el 2011 ya supera el 30%, contra la estimación del 8% del Presupuesto Nacional, ningún gremio aceptaría aumentos inferiores a la inflación. Es más, varias de las negociaciones que ya comenzaron a desarrollarse han trepado preventivamente y sin acordar las escalas definitivas al 27% sobre los valores alcanzados del año 2010 que salvo excepciones, tuvieron incrementos reales en casi el 90% de los acuerdos superiores a la inflación. Qué ocurrirá cuando se conozcan los efectos reales de la pérdida del signo monetario del primer trimestre, si como se pregona, el “acuerdo del bicentenario” propiciaría un aumento que generar retrotracción, con valores no superiores al 20% sobre los salarios convencionales, a cambio de aportes del Estado nacional en materia fiscal y/o previsional (aumento del mínimo no imponible de 4ta. Categoría y moratorias para deudores morosos) , y compromisos de precios a cargo de los empleadores. En paralelo tenemos difíciles negociaciones salariales que debe afrontar el Estado nacional, provincial y municipal, que a contrario sensu de lo ocurrido en la década del ?90 hoy están entre un 20 y un 30% por debajo de los niveles logrados por privados.
Mientras “el pacto del bicentenario” agoniza, se abren alternativas para una salida concertada en la medida que sea para todos el último recurso.
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