La reforma de ART rescata un sistema al borde del colapso con cambios inteligentes

La reforma de ART rescata un sistema al borde del colapso con cambios inteligentes

 

La reforma de ART rescata un sistema al borde del colapso con cambios inteligentes

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 54/2017 aprobó una importante reforma al régimen general de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), con una serie de cambios inteligentes, que con el tiempo, pueden rescatar el subsistema, que ya estaba al borde del colapso. La norma, escrita con prolijidad y mucho cuidado, y en rigor, se sustenta en 7 pilares, a saber:

1. La creación de un procedimiento de conciliación obligatoria previa: es un proceso similar al SECLO, pero que se organiza en el ámbito de las Comisiones Médicas, con un departamento especial de homologaciones, a fin de canalizar la vía transaccional, de conformidad con el art. 15 (LCT) sujeto a la homologación administrativa, en la medida que se hayan satisfecho razonablemente los derechos de las partes. Esta homologación le confiere el efecto de res iudicata, o sea, cosa juzgada administrativa que hace irrevisable lo acordado, salvo casos excepcionales de nulidad.

2. La enunciación de una serie de restricciones para asegurar la intangibilidad de las prestaciones dinerarias del beneficiario: nuevo sistema de cálculo y de actualización del valor mensual del salario base, se garantiza la gratuidad del trabajador, se prohíbe el pacto de cuota litis en las acciones judiciales de la LRT, entre otras medidas.

3. La determinación de una serie de cambios en materia de honorarios: las medidas de prueba son gratuitas para el trabajador, los honorarios de los abogados son a cargo de la ART, los peritos no cobrarán en relación al monto del pleito sino al mérito de la tarea realizada, intervendrán los integrantes del Cuerpo Médico Forense, o en su caso, peritos inscriptos ad hoc que expresamente acepten la forma de liquidar los honorarios enunciados en el DNU.

4. La adhesión de las provincias al régimen: como se trata de normas procesales resorte legislativo exclusivo de cada jurisdicción (atribuciones no delegadas en el Parlamento Nacional), cada provincia debe adherir expresamente al sistema, o su símil, o sea dictar las normas procesales en la misma dirección que lo que ofrece el DNU.

5. La formulación de un plan urgente de prevención: atribución delegada en el Comité Consultivo Permanente de la LRT.

6. La creación del autoseguro público provincial: a fin de que cada provincia administre el sistema por vía del autoseguro sin estar vinculado a una ART privada.

7. Reclamos por otros sistemas de responsabilidad: solo podrán iniciarse una vez agotada la via administrativa mediante la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, o en forma automática, si vencido el plazo para expedirse, dicha resolución no se produce ni se notifica.

La norma tiene una serie de puntos vulnerables. En primer lugar, el DNU debería ser convalidado por el Parlamento, sabiendo que la mayoría está ofendida por haberse adelantado, a una norma similar que ya tenía media sanción en el Senado.

A su vez, al fijar numerosas reglas procesales con el procedimiento administrativo previo, que son competencia local, y por ende, solo entrarán en vigencia si se adhiere, y corren el riesgo de ser reglamentadas en cada jurisdicción en forma disímil.

Se afectan los intereses de los honorarios de los abogados y de los peritos, que son dos de los motores fundamentales de la judicialización del sistema, y que van a resistir corporativamente los cambios en cada jurisdicción.

Los tribunales laborales nacionales y de la provincia de Buenos Aires viven la contradicción de la sobrecarga de trabajo por efecto de la judicialización del sistema y la tentación sistemática por declarar inconstitucional o generar interpretaciones gravosas a la mayoría de las restricciones o correcciones que va sufriendo la normativa.

Se requiere finalmente una reglamentación adecuada, y un sistema de implementación eficiente, que requerirá organización y presupuesto, en un plazo que debería ser lo más breve posible, pero que sabemos que llevará su tiempo.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

Los convenios colectivos pueden fomentar inversiones e impulsar la reforma laboral

Los convenios colectivos pueden fomentar inversiones e impulsar la reforma laboral

 

Los convenios colectivos pueden fomentar inversiones e impulsar la reforma laboral

La ley no crea empleos, los convenios colectivos tampoco, sin embargo, pueden fijar reglas que mejoren las condiciones para fomentar la inversión, y con ello, el crecimiento y desarrollo económicos, que son la única fuente de creación de empleo genuino y de buena calidad.

La crisis económica global golpea a los países centrales y obviamente también afecta a Latinoamérica como lo reflejan los informes del Foro de Davos y el último informe de la OIT con crecimiento del desempleo, la precarización del trabajo a través de contratos irregulares o a término, y la crisis del contrato de tiempo indeterminado de mediano o de largo plazo.

La prédica de Donald Trump en su asunción al cargo de Presidente de los Estados Unidos respecto de la prioridad de la creación de empleos ‘de calidad‘ demuestra que nadie está exento del avance de la desigualdad, incluyendo la problemática de la automatización de todos los procesos bajo la influencia de las nuevas tecnologías.

En el encuentro de Davos resultó claro que se escucharon muchas voces a favor del rumbo en el que está ahora la Argentina, aún cuando se esperan más y mejores evidencias frente a ciertos avances del populismo endémico. En cualquier caso, en materia laboral se destacaron dos críticas centrales, la conflictividad sindical y el cuadro crítico que presenta el alto costo laboral con baja productividad y con muy alta litigiosidad.

Otra señal de la crisis es el anquilosamiento de las normas regulatorias.

Existen 277 artículos vigentes de la Ley de Contrato de Trabajo, de los cuales solo se utilizan en forma clara y efectiva 47. La Ley de Jornada fue creada en 1929 (Ley 11.544) y de ella solo rigen 4 artículos de un total de 12. La Ley Nacional de Empleo 24.013, de 160 artículos rigen solo 43. La Ley de Asociaciones Gremiales de 67 artículos, solo operan 26 artículos. Otro tanto se puede decir de la Ley de Riesgos del Trabajo, de la Ley de Convenios Colectivos, y del régimen de Obras Sociales. Resulta claro además, que la CGT y los sindicatos en general resistirán cambios legislativos de fondo, con la ventaja de contar con suficientes adhesiones en el Parlamento como para oponerse a cualquier cambio.

En este contexto los capitanes de ultramar tomaron la posta de los gremios petroleros y avanzan en una reforma de los convenios que introduzca las nuevas formas de organizar el trabajo y el aporte de las nuevas tecnologías en la medida que generen mejores horizontes en materia de empleo.

Muchas actividades pueden crecer y desarrollarse como Vaca Muerta solo y únicamente sin tienen un costo laboral competitivo y niveles óptimos de productividad.

Hechos estos enunciados generales, que puede hacer un convenio para contribuir a estos objetivos centrales, de crear las condiciones para que se favorezcan las inversiones y con ello que se pueda crear empleo genuino.

Un ejemplo es el contenido en el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue revolucionario en su momento.

En dicha norma se establece que la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, (que no se han dictado aún) o por vía de una estipulación particular de los contratos individuales o por vía de los Convenios Colectivos de Trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad, como ocurrió en Minera Lumbrera, en Barrick, y en Freddo, Parque de la Costa, en Toyota y otras. (Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N´ 24.013 B.O. 17/12/1991). En otros términos, la norma permite, a través de los convenios colectivos establecer regímenes de jornada adecuados a cada actividad o empresa, con la única condición de que se respeten en promedio los topes legales, y en su caso, los descansos diario y semanal. Este capítulo solo, tiene un sinnúmero de aplicaciones funcionales, adaptadas a las nuevas formas de organizar el trabajo, y a las nuevas tecnologías.

Los requerimientos de la competencia global y la demanda de la crisis económica también global imponen a los actores sociales terminar con las acciones especulativas y asumir la responsabilidad de los cambios en forma inmediata.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA