Un director nacional que fue ex alumno en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas me invitó al acto de asunción de su cargo, al finalizar y felicitarlo, me pidió si podía solicitarle al ministro del área si lo podía “poner en blanco”, ya que hacía tres años que era monotributista dentro de la función pública.

Un estudiante de derecho me preguntó si era legal que cobrar por 9 horas de trabajo en una empresa de sistemas el Salario Mínimo Vital y Móvi,l que desde enero es de $ 8060, y obviamente, le tuve que decir que el salario era de $ 12.500 correspondiente a su actividad, o sea más de un 50% superior al mínimo.

Un trabajador que cuenta con un salario bruto de $ 12.500, recibe poco más de $ 9000 de bolsillo, y a la empresa le cuesta en total $ 25.000 sumando los aportes y contribuciones y las cargas laborales, sin el Impuesto a las Ganancias.

En rigor, el 80% de la población ‘en blanco’ está por debajo de este salario, y el 85% está empleada en empresas de menos de 100 trabajadores. Ahora bien, existe un solo Impuesto al Trabajo que es el recientemente reformado Impuesto a las Ganancias. Los aportes y contribuciones son las retenciones realizadas al sueldo del trabajador y las sumas a cargo de los empleadores que tienen por fin financiar los entes de la seguridad social, fundamentalmente las obras sociales y el régimen jubilatorio.

Por último tenemos las llamadas ‘cargas laborales’, que son la incidencia mensual sobre el salario bruto del aguinaldo (8,33%), de las vacaciones (8,33%), de licencias pagas (9%), del ausentismo (10%) de otras ausencia pagas (5%) y del costo mínimo por despido (8,33%). Hechas las aclaraciones conceptuales, veamos los demás componentes del escenario.

Existe un cuarto factor en el escenario y es el del ‘trabajo en negro’, y del ‘trabajo en gris’. El primero representa no menos del 35% de la economía, y fundamentalmente alcanza en gran parte a las empresas de menos de 100 trabajadores, que como ya referimos son el 85% de la ocupación. Otro tanto debemos decir del empleo público del Estado nacional provincial y municipal, que tiene registrados o no registrados en fraude de la legislación administrativa y laboral a más del 40% de la población, evadiendo o eludiendo los aportes y contribuciones o el Impuesto a las Ganancias. En cuanto al trabajo ‘en gris’, muchos se sorprenderían hasta qué nivel de empresas se liquidan parte de los salarios sin registro alguno, o pagadero con algún mecanismo fraudulento.

Tal como se presenta el problema, la búsqueda de un blanqueo debería ser muy elaborada y de larga duración, ya que todavía las empresas siguen en retracción, y más que incorporar trabajadores o blanquearlos, hay cierta tendencia a la expulsión. El blanqueo implica un riesgo importante para el pequeño empresario de convertir el costo laboral en impagable ya que en los negocios de menos de 8 dependientes, que son un tercio de las empresas pequeñas, afrontar un salario mínimo de $ 12.500 y un costo final de $ 25.000, incluyendo cargas sociales y cargas laborales, deviene en un cierre a corto plazo.

Finalmente, un factor invisible pero dramático, es la caída que ha sufrido la productividad, de modo que no solo tenemos el costo laboral más alto de la región, sino que además tenemos la productividad más baja, fundamentalmente deteriorada por la interacción de los conflictos gremiales inter-sindicales e intra-sindicales, y por el ausentismo simulado o fraudulento.

En síntesis, tratar de mejorar el cuadro de resultados por vía de la reducción de los gastos es importante, pero lo es mucho mayor a través de una reforma general y de fondo, que asegure la eficiencia de los sistemas, la trasparencia de los procesos canales y circuitos y los destinos de los recursos. Para ello, es imperativo, que el Estado tome las riendas brindando primero el ejemplo.

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA