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La fórmula del 18% con cláusula gatillo garantiza suficiente aumento salarial
El Poder Ejecutivo ha encontrado una fórmula consistente en fijar el aumento salarial en el 18% dividido en cuatro cuotas del 4,5% trimestral y no acumulativo, con una cláusula gatillo que al finalizar los 12 meses de vigencia del acuerdo, medirá la evolución del IPC del INDEC, y abonará en una cuota resarcitoria si los ajustes otorgados son inferiores al curso inflacionario del nivel general.
Como la mayoría de los convenios comienzan su vigencia en marzo o abril, en enero de 2018 se puede hacer la evaluación de todo el año 2017 y abonarse al final del período de vigencia.
En rigor, la propuesta oficial es una forma de construir sobre lo ya construido en el marco de un nuevo ciclo de la economía, con grandes expectativas de que en el año próximo se visualice el desarrollo y crecimiento sustentable y sostenible.
En alguna medida la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tomó la iniciativa y no la declinó, del mismo modo deberán hacer otros estamentos del gobierno.
Este esquema se basa en compatibilizar la lucha contra la inflación con ajustes de salarios que respeten el valor venal pero que se relacionen con la inflación futura, dando por cancelado el pasado con los ajustes, más otros adicionales, beneficios, y bonos de fin de año para aquellos que lo lograron.
La apuesta oficial es muy audaz, y obviamente, parte de la posibilidad de alcanzar un importante éxito en la lucha contra la inflación.
Las incógnitas y diferencias que separan a la CGT de la propuesta por ahora informal, está ligado a los reclamos de deudas del pasado, a cuántas cuotas se divide el ajuste, al porcentaje de los ajustes, y a la forma y fecha que se deberá pagar la diferencia, en un contexto de retracción, despidos, y demoras en el relanzamiento de la economía.
Ya hubo varios negociadores fallidos durante diciembre de 2015 y ahora se vuelven a correr los mismos riesgos.
Es por ello que centralizar y homogeneizar las pautas es vital para que los acuerdos resulten plausibles.
Las negociaciones estatales son un capítulo relevante, sobre todo, con el avance de los gremios de la educación, tanto a nivel federal con el Ministro del área, en donde no se pactan salarios pero se pueden bajar pautas relevantes. Otro tanto está ocurriendo en gremios estatales.
A su vez, en abril comenzarán con intensidad las negociaciones de los gremios privados, muchos de los cuales ya tienen anticipos de grave crisis en el sector originado en caída de la actividad, bajo competitividad, altos costos, y la competencia de las importaciones.
El Estado está perdiendo la batalla por la productividad, mientras que la actividad privada necesita optimizar sus resultados bajando el costo, mejorando la productividad, enfrentando grandes desafíos por la competencia con los productos importados.
Por último, todos parten de la premisa de que los salarios tendrán ajustes por inflación, y hay actividades que no pueden siquiera soportar los ajustes que vienen, ya que a una situación comprometida se le agregaría un factor de agravamiento de la situación. Para ellos nuestro sistema legal cuenta con tres procedimientos para enfrentar la actual coyuntura, y son el de Fomento del empleo mediante nuevos emprendimientos y reconversión de actividades informales, (arts. 90 a 94, Ley 24.013), el Procedimiento de Reestructuración Productiva (arts. 95 a 97, Ley 24.013), y el Procedimiento Preventivo de Crisis (arts. 98 a 105, Ley 24.013).
Con ellos, se pueden transformar emprendimientos no registrados, y los registrados que requieren de un proceso de reformulación integral (incluyendo el convenio colectivo de trabajo), y el de reformulación de la estructura para acomodar la empresa a un modelo sustentable.
La nueva etapa se ha iniciado en fo
rma desprolija, y es hora de que haya un llamamiento al orden porque los errores mayores están emergiendo de la misma estructura del Estado, y parece que no resulta fácil disciplinar a la propia tropa.
