Avance de las empresas sometidas al caos por los conflictos sindicales

Avance de las empresas sometidas al caos por los conflictos sindicales

 

Avance de las empresas sometidas al caos por los conflictos sindicales

El caos no parece tener sentido en la relación de conflicto que se plantea en forma habitual entre los sindicatos y las empresas. Sin embargo, el proceso de segmentación que se experimenta en estos momentos dentro de la pirámide sindical está provocando también la separación de los niveles de conflicto, a cargo de los distintos rangos de la representación de los trabajadores.

La productividad de nuestro país es una de las más bajas de la región y del mundo, y el costo laboral ha llegado a ser una de las más altas del mercado global.

En estos factores operan con componentes fundamentales los mayores costos y la menor productividad originada en el accionar y en las cargas impuestas por los gremios.

Las causas de la división intra-sindical e inter-sindical proviene de muy diversas causas, aún cuando la más importante sin dudas proviene de la atomización y de la descomposición del partido justicialista, del cual solo quedan despojos aislados. El catalizador general es sin dudas la crisis económica con la estanflación de los últimos cinco años, y dentro de ella la puja salarial insatisfactoria.

En alguna medida, el gobierno K trazó el epitafio de la unidad del movimiento obrero como el trípode que integraba el partido fundado por Perón. Es más, la pérdida de identidad del peronismo tiene como raíz fundamental la ausencia de un líder carismático que unifique a todas las corrientes, y en ese contexto, la CGT unificada ha sido el mejor ejemplo de la búsqueda de la unidad, para contribuir dentro del partido a que las distintas corrientes busquen un nuevo sendero de unidad.

De hecho, si las corrientes internas siguen atomizándose y si la CGT mantiene su frágil unidad puede emerger del movimiento obrero un candidato a presidente en las elecciones del 2019, como el primer Lula argentino.

Cambiemos y el PRO no podrían existir si el justicialismo no hubiera acelerado su proceso de crisis al punto de iniciar un proceso de autodestrucción, basado en el egoísmo que ofrecen todos sus candidatos, y a la necesidad de desprenderse del pasado reciente que sencillamente fue para ellos catastrófico.

Mientras los gremios peronistas luego justicialistas preservaron la unidad frente a cada desafío histórico, por más de sesenta años fueron un frente eficaz contra los grupos de extrema izquierda.

Ahora todo está en un proceso de cambio acelerado, que comienza a dejar sin timón a las bases, que desde hace tiempo cuestionan a los dirigentes, y se refugian en la representación directa de los delegados.

El primer grupo que se escindió, y que fue aprovechado por la izquierda fue a nivel de los delegados de gremios cuyos dirigentes subestimaron a las minorías y a su poder reivindicativo. Hoy, muchas comisiones internas de delegados de las empresas líderes de diversos sectores tienen copada la representación por minorías, o presentan una minoría disidente muy combativa.

El segundo grupo lo tienen los gremios ligados a la CTA, no solo ATE y Ctera, sino también otros gremios minoritarios, que llegaron a la Comisión Directiva, y con ello, pueden arrastrar a toda su representación al caos.

El tercer grupo lo tienen partidos de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Nuevo MAS, la CCC, con el apoyo del Partido Comunista o con el Partido Comunista Revolucionario, que dan apoyo y se solidarizan con conflictos terminales y emblemáticos, para tener prensa.

El cuarto grupo lo integran las disidencias intra-sindicales e inter-sindicales que generan corrientes internas, de modo que existen gremios que se subdividen, federaciones que pierden su integración por la renuncia a la afiliación de los sindicatos que la integran, generalmente originados en el manejo de los fondos gremiales.

En rigor, el nivel de conflicto ha generado tal segmentación de la representatividad, que la única solución posible es la integración de los sectores en pugna, previo análisis de los grupos que la integran, para que converjan en acuerdos que cuenten con cierta sustentabilidad. Para reforzarlos habrá que contar con garantes que representen a cada grupo, y la neutralización de los grupos que mantienen la rebeldía a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia.

El Ministerio de Trabajo nacional y sus pares provinciales tendrán un rol fundamental para evitar que el caos se apropie de las empresas, que aún cuando parezca una fórmula suicida, porque trata de terminar con la fuente de trabajo, en rigor, está tratando de obligar a las empresas a compartir el poder de dirección y de organización. En Europa se denominó a este proceso ‘contractualización de los poderes del empleador’ y los llevó a una verdadera decadencia de la que aún no han podido salir.

El principio del fin lo tenemos cuando la empresa para decisiones netamente empresarias, deba consultar al gremio, a los delegados o al partido que los representa, antes de adoptar una decisión. Verdaderamente insólito pero cierto y es el proceso que se avecina.

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

 

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Los sindicatos combativos han creado sus propias herramientas deformando el derecho de huelga y transformándolo en la táctica del estado de conflicto permanente.

La carpa en la plaza del Congreso, el bloqueo de rutas, puentes o accesos a la empresa, que impiden la libre circulación, las asambleas en el lugar de trabajo y durante la jornada de los trabajadores, los paros parciales de una o de dos horas, y la obstrucción de máquinas equipos o instalaciones para impedir que la fábrica opere con quienes desean trabajar, son algunas de las modalidades más nefastas, y a la vez contraponen las reglas básicas de tal modo que todas son ilegales, carecen de legitimidad y habilitan la intervención de la acción penal.

La ocupación del espacio público no está tampoco librado a la autorización de la autoridad administrativa, para uso exclusivo de un grupo o agrupación, ya que como la misma expresión lo dice, es un espacio de libre disponibilidad, abierto a todos.

Otro tanto ocurre cuando se emplea como campo de batalla la empresa en conflicto entre dos sindicatos por el encuadramiento de sus trabajadores. Al respecto se ha resuelto que es improcedente el otorgamiento de una medida autosatisfactiva intentada por un sindicato contra otro que, mediante el uso de la fuerza e impidiendo el ingreso de personal a la empresa, logró un acuerdo con ésta para el traspaso del personal, si no existe un peligro serio y concreto que justifique omitir el procedimiento previsto en la ley 23.551 para la resolución de este tipo de conflictos. (Tribunal del Trabajo Nro. 3 de La Matanza o 11/11/2010 o Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y afines Zona Oeste v. Falabella S.A y otro o 70068375).

Nadie cumple con las obligaciones emergentes de los llamados ‘servicios esenciales’ a pesar de que es unánime el rechazo a las medidas de fuerza que realizan por ejemplo los hospitales y los servicios de salud. Al respecto se ha establecido, siguiendo pacífica doctrina, que la medida de huelga tomada por la asociación sindical que nuclea a los profesionales de la salud resultó ilegal, en tanto incumplió con el requerimiento previsto en el Art. 24 de la ley 25.877 -conflictos colectivos de trabajo-consistente en garantizar prestaciones mínimas para evitar la interrupción de un servicio esencial como es el hospitalario. (Cámara 7a del Trabajo de Mendoza o 03/12/2009 o Ampros Asociación Mendocina c. Gobierno de la Pcia. de Mendoza o DT 2010 (junio) , 1457, AR/JUR/55108/2009).

En rigor, sorprenden las inconsistencias. Reciben apoyo económico las agrupaciones que continúan realizando manifestaciones públicas con cortes de avenidas y de calles incluidas. Algunas de ellas, las más radicalizadas, cada tanto hacen gala de sus formaciones similares a las cohortes romanas, con palos, con la cara cubierta con pasamontaña, cubren una zona de bloqueo, y después de hacer la demostración de fuerza desaparecen en pocos minutos.

Los sindicatos más combativos desafían permanentemente el principio de autoridad, por ejemplo, negándose a cumplir con la conciliación obligatoria, no solo no reciben ningún tipo de reproche, sino que inclusive no se aplican las sanciones que establece la legislación. Es más, la autoridad de aplicación en la gestión anterior aplicó varias veces multas muy importantes, por ejemplo, contra el Sindicato de Camioneros por violar la conciliatoria y otras normas reglamentarios.

A todo esto hay que agregar la generalización de una serie de medidas que son difíciles de controlar, pero que son eficaces a los fines de crear el caos, como son el estado asambleario, que provocan reuniones e interrupciones de la producción en forma incidental. Es una forma de adoptar medidas de fuerza totalmente ilegal, y frente al cual, no solo se debe operar con todo el rigor de la ley, por tratarse de una acción ilegítima, sino porque además crea daños adicionales a la simple abstención, generando la descomposición de la paz mínima indispensable para que se pueda operar con alguna normalidad.

Si se busca el camino de la legalidad, habrá que aplicarlo en todos los ámbitos, inclusive el laboral y el sindical, para que finalmente el estado de derecho rija para todos.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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El derecho de huelga y los piquetes deben ser reglamentados para evitar excesos

Fallo Orellano Francisco D y otros c/ Correo Argentino’ CSJN 7-6-2016

El derecho de huelga y los piquetes deben ser reglamentados para evitar excesos

El derecho de huelga y los piquetes deben ser reglamentados para evitar excesos

Frente a la realidad que estamos viviendo, más importante que hacer un amplio blanqueo del trabajo no registrado, totalmente inconveniente para épocas de retracción económica, resulta imprescindible, reglamentar el derecho de huelga y los piquetes que se generan conectados con la huelga.

La reglamentación es imprescindible y urgente ya que la huelga y sus piquetes se han convertido en una herramienta arbitraria, que daña a terceros y a la comunidad en general, perjudica a los que tienen trabajo, no se ejerce con plena libertad, y es un instrumento extorsivo contra las empresas y contra el Ministerio de Trabajo y las autoridades.

En otros términos, es un derecho constitucional que legitima un daño (no producir por un lapso) que está totalmente desbordado, sencillamente, por la falta de límites claros que solo pueden surgir de una norma de fondo. En ese marco, los límites lo dan infinidad de interpretaciones que se resguardan a menudo en extremos ideológicos que la desnaturalizan.

Recordemos que la huelga es ‘la patología’ del derecho del trabajo (Otto Khan Freund, Inglaterra, 1900-1979) como es el divorcio para el matrimonio, o el concurso y la quiebra para el derecho comercial.

Algunos piquetes han obtenido subsidios, ajustes, algún beneficio ocasional, gracias a que cortan una avenida, una autopista o un puente, y el daño es mayor si se prolonga en el tiempo. Lo grave de la situación es que un extorsionador que recibe prebendas sabe de la relación causa-efecto, y por ende, repite el proceso sabiendo que obtiene siempre algún beneficio. Cada vez que recibe una prebenda agota los recursos obtenidos más rápido y por ende, aumenta la frecuencia de los bloqueos.

Las huelgas están combinadas a menudo con los piquetes, sobre todo, cuando el sindicato que promueve la medida no cuenta con adherentes espontáneos, y por ende, contrata la participación de una ‘barrabrava’ o de otras agrupaciones irregulares que se prestan a esta suerte de ‘tercerización del conflicto’. Ambos están organizados con medios de transporte y de comunicación, logística, viandas, pancartas y folletos, y hasta elementos pirotécnicos especialmente bombas de estruendo disparados con morteros. En otros términos, una medida de fuerza se puede ‘prefabricar’ artificialmente sin que existan participantes auténticos o espontáneos.

Las medidas de fuerza no siempre tienen la participación de los afiliados y están promovidos por el gremio sin apoyo individual de sus representados. En esos casos es frecuente la utilización de barricadas, bloqueos de rutas o accesos, y obstrucción de puentes, o en forma más inmediata, con la clausura de los lugares de acceso o salida de la empresa, para impedir que los que quieren trabajar se vean impedidos por un acto de fuerza, que a menudo cuenta con amenazas y de violencia física.

La huelga es un derecho constitucional que legitima un daño restringido, el de no trabajar por un lapso, promovida por un sindicato representativo (Caso ‘Orellano, Francisco D. y otros c/ Correo Argentino’, CSJN 7-6-2016), con un objeto laboral colectivo que afecte a la clase o categoría, cumpliendo con los procedimientos de conciliación, mediación, y arbitraje legales o convencionales.

En este contexto, la ley que reglamente la huelga debería definir en qué consiste una medida legal, quienes son los sujetos activos y pasivos y los participantes, cuál es el objeto que configura la causa de los conflictos colectivos, y la necesidad de que se apele a los procedimientos reglados de conciliación voluntaria u obligatoria, de mediación, de arbitraje voluntario, tanto establecidos por las leyes de fondo, como por los medios de autocomposición. A esto le debemos adicionar un régimen especial para los servicios esenciales, y un sub -sistema para servicios que no son esenciales pero que merecen un tratamiento especial como la educación, la justicia y la seguridad.

La futura norma debería también contemplar la patología de la patología, o sea los piquetes, que son incompatibles con el derecho de huelga, igual que los bloqueos, los cortes de la vía pública, los sabotajes y las barricadas.

Por último una reglamentación adecuada debería tratar temas subalternos como las asambleas, el desenvolvimiento de los delegados en los conflictos, y la operatoria del sindicato sin interferir en la producción ni en la organización de los bienes y servicios.

La huelga siempre está en el límite y por eso necesita límites, para habilitar en forma legítima un derecho constitucional que todos los días adquiere mayor trascendencia en la lucha por los intereses profesionales de los trabajadores generalmente enfrentados con los intereses económicos de las empresas.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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Otro fracaso de la CGT unificada cuando la economía demanda correcciones

Otro fracaso de la CGT unificada cuando la economía demanda correcciones

Otro fracaso de la CGT unificada cuando la economía demanda correcciones

El paro general del 6 de abril convocado por la CGT unificada tiene el apoyo de la CATT que controla todo el transporte, de modo que es altamente probable que la medida tenga gran acatamiento. Las causas que la motivan son genéricas, dispersas, inconsistentes, y sobre todo, sin ninguna propuesta que permita evaluar un cambio.

Habrá que distinguir los que se plegaron a la huelga en forma voluntaria y espontánea de los que fueron obligados a adherir a la medida, de los que no pudieron concurrir al trabajo por fuerza mayor. Los dos primeros no tienen derecho al cobro de salarios, en cambio el último grupo sí.

Recordemos que todos los paros generales son ilegales porque no son una medida espontánea, no fue promovida por una causa laboral colectiva que afecta a un grupo o categoría, no está promovida por sindicatos representativos porque se solidarizan muchos que no participan ni comparten el reclamo, y por último no se trata del último recurso, sino fundamentalmente, de la carencia de resultados a los reclamos de la CGT que fueron siempre voluntaristas. Que no haya despidos, que no haya suspensiones, que todos tengan trabajo, que los salarios recuperen su valor ideal, son todos buenos deseos, que nada tienen que ver con los mercados, con las vicisitudes de la economía, y con las reglas de ambos.

Los paros de este tipo terminan siendo reclamos de naturaleza político-partidista, o de frentes opositores, alcanzan a numerosos trabajadores que no desean participar, y obligan a todos a adoptar medidas de emergencia para poder cumplir con su trabajo habitual. Los paros generales, por ser medidas de solidaridad, son en definitiva, ilegales por definición.

La causa de la medida fue definida como la necesidad de un cambio de rumbo en la economía, no se sabe en qué dirección y ni con qué medidas, paritarias libres cuando hasta ahora no hay indicios de que las mismas no operen con normalidad, y en definitiva, y que se suspendan los despidos, que de hecho ofrecen mucha resistencia. En síntesis, motivaciones genéricas con muchas fisuras.

En la marcha por la democracia del primero de abril pasado no caben dudas que siguen firmes las expectativas depositadas en Mauricio Macri y su gestión, aún cuando existe mucho descontento por la falta de resultados.

Qué nos espera después del paro general. Sencillamente, que todo siga según su estado y tal cual estaba ocurriendo. En rigor, todos los reclamos ya tienen respuesta, y por ende, el paro general se encuentra hoy vacío de contenido, no tanto por los reclamos en sí mismo, sino porque todos los reclamos ya tienen respuesta.

Las paritarias, o sea, la negociación colectiva de salarios ya tiene su trazabilidad con una trayectoria que ya prácticamente definió el conflicto docente, con un 18 al 20% de aumento anual (por doce meses) más la cláusula gatillo que permita comparar el IPC del INDEC con el porcentaje de ajuste acordado entre los signatarios convencionales.

El ajuste que puede contar con una o más etapas, permite garantizar al trabajador como mínimo el curso inflacionario oficial para el año 2017. A su vez, el ajuste de otros ítems del convenio, o la inclusión del bono o del día de la actividad, pueden confirmar otra tendencia, que es la de contar con otro salario adicional a los trece (13) que ya rigen por ley. El drama que se vislumbra en estos procesos de negociación proviene del reclamo de alguno de los sectores de inflación devengada que se adeuda de otros períodos, o del año 2016, como ocurrió con el reclamo de la Asociación Bancaria para los salarios del año en curso.

Los despidos siguen siendo resistidos por los gremios con medidas desproporcionadas. No existe mayor freno para ellos que con las medidas que adoptan los gremios, y que no permiten la adecuación de las empresas a las vicisitudes del mercado. Una de las causas más importantes que generan dudas sobre las inversiones, es la intervención ilícita e ilegítima que realizan los gremios a través de la creación de conflictos al margen de nuestro sistema legal.

Hoy tenemos paritarias libres solo subordinadas a las condiciones del mercado, y los despidos están contenidos por los conflictos.

Habría que preguntarles a los que promueven las medidas de fuerza cuál es su contribución positiva que aporte un grano de arena a la recuperación de la economía y al crecimiento.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA