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La reactivación económica del último cuatrimestre del 2017 nos enfrenta ahora con el desafío del crecimiento sostenido para el 2018 con la prioridad de la creación de empleo genuino y de buena calidad. Todo ello en un contexto complejo de tipo de cambio atrasado, la preocupación por el curso de la inflación, el desborde del gasto público, el endeudamiento, y sobre todo, el déficit fiscal y la enorme presión impositiva sobre las empresas.

La reforma está en curso por los hechos consumados

Según la teoría y realidad de los hechos consumados, la introducción de las nuevas tecnologías deviene en nuevas formas de organizar el trabajo y en nuevas modalidades, estilos y metodologías de enfrenar la producción y el desarrollo de bienes y de servicios. En efecto, la robótica, la automatización de los procesos industriales, la informatización y digitalización de los servicios, la despapelización (paperless office), y la desburocratización avanzan en forma transversal dentro de todas las organizaciones, públicas y privadas.

Pronóstico de la actividad económica

Si bien existe un moderado optimismo en lo relativo al crecimiento, las mejoras serán selectivas, parciales, y hasta individuales.
Para el Estado nacional, provincial y municipal pueden crear herramientas para su reingeniería general, y para las empresas privadas, son imperativos que impone mejorar la productividad, contar con costos competitivos y poder desarrollar nuevas formas de invertir y de producir utilidades razonables. Se requieren la reforma fiscal, la democratización y la reforma laboral profunda.

Los ajustes de salarios del 2018

El pronóstico sobre lo que pueda ocurrir con los salarios es complejo y con factores que pueden provocar distorsiones. El Poder Ejecutivo presupuestó 15% de inflación-corrección en el presupuesto nacional, mientras en el marco de los objetivos del Banco Central y de las autoridades económicas, se han fijado pautas de entre el 7% procurando no superar el 10%. En el mundo de las empresas internacionales, los pronósticos no son tan optimistas, y se suelen hacer estimaciones superiores del 20% y de hasta el 25% para el año 2018, con la posibilidad de hacer correcciones de recálculo final.
En las empresas locales, el ajuste estará en torno del 18% al 20%, en el marco de las negociaciones colectivas por actividad o por sector de la economía, sin embargo, tenemos importantes contrastes, según haya sido la performance que ha registrado cada empresa y su actividad.

Relación del Gobierno nacional con la CGT

La relación del Gobierno Nacional con la CGT es frágil y en base a una mínima confianza, que puede terminar en nuevos desencuentros, si es que se define la reforma integral requerida por las empresas para sobrevivir, para recobrar la confianza y para finalmente volver a invertir.

Los cambios propuestos y deseados por el sector empresario

La relación de las empresas y de las entidades empresarias con los sindicatos se centrará en las posibilidades de la reforma laboral integral, que en opinión de los empresarios son:

1- Cambios en la legislación de fondo que compete a cargo del Congreso Nacional (art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional), tanto en la actividad privada como en el Estado, y comprende los pilares del sistema a saber: la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Empleo, la Ley de Asociaciones Gremiales, la Ley de Convenios Colectivos y la Ley de Riesgos del Trabajo; y muchos hablan de normas faltantes: una ley del trabajador autónomo, una ley de asociaciones de empleadores, y en especial, una ley general que tenga un corte transversal sobre el trabajo en el marco de las nuevas tecnologías.

2- La modernización de los convenios colectivos es responsabilidad de los sindicatos y de las entidades empresarias, pero requieren de impulso estatal, y sobre todo, del reemplazo de normas anacrónicas por las que apunten a la productividad. Deberían habilitarse nuevos niveles de negociación y sobre todo, ámbitos de disponibilidad colectiva que permitan modificar la ley en ciertos institutos. En la Argentina, los salarios se miden por hora por día y por mes, en el mundo se miden por los resultados en todos los planos de la productividad.

3- Los contratos individuales se están modificando dentro de cada empresa, conforme se van incorporando las nuevas tecnologías, por reglas que son inexorables. Sería conveniente contar con un marco regulatorio acordado en el trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo conectado y home office, por poner algunos  ejemplos.

4- El trabajo no registrado requiere de una campaña integrada de blanqueo, controles eficientes y un sistema de sanciones severo y a la vez sumarísimo, con premios y castigos tangibles y ejemplificadores, pero todos alertan que no es posible un blanqueo integral si no están incluidos el Estado nacional, provincial y municipal, y si la economía no está en franco crecimiento para permitir la traslación de la economía clandestina a la registrada en forma sustentable. Es más, debería reformularse el marco fiscal y previsional para posibilitar dicha transición con incentivos para las pequeñas empresas y para organizaciones de hasta 100 personas.

5- La legislación, los procedimientos y la jurisprudencia deben cambiar sustantivamente su orientación, con el fin de neutralizar la litigiosidad descontrolada que experimentamos hoy, brindando la seguridad jurídica que requieren las circunstancias.

6- La creación de puentes para vincular a los grupos más vulnerables al mercado del trabajo, en la educación regular, en medios de integración y en incentivos para la facilitación y entrenamiento de los excluidos. Hay que reforzar el “plan empalme”, que está bien pensado pero tuvo pocos adeptos.

7- La autoridad de aplicación deberá promover el análisis de las reformas, fomentará a través de una convocatoria general la reformulación de los convenios colectivos, deberá liderar el blanqueo y el sistema de control federal del trabajo no registrado, y deberá profundizar los mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje de conflictos individuales y colectivos.

8- La llamada “industria del juicio” hoy destruye pequeñas y medianas empresas, con la justicia laboral al borde del colapso, está contaminada por las que llamó el presidente Macri “las mafias del juicio laboral”, la jurisprudencia sobre el trabajo no registrado que potencia irónicamente con multas los juicios de los trabajadores bien registrados, el desmanejo y la falta de adhesión de las provincias de los reclamos judiciales de la Ley de Riesgos del Trabajo, la falta de designación de más de 40 jueces con lugares vacantes o cubiertos por jueces retirados y reinstalados, que también condenan en forma escandalosa por solidaridad a las empresas por las deudas de las ART que están en difícil situación económico-financiera, las condenas por solidaridad que imponen la duplicación del pago de las cargas sociales, y finalmente, la tendenciosa y generalizada inclinación de la mayoría de los magistrados a que las arcas empresarias son irrestrictas y, por ende, siempre alguien debe pagar, a costa de la quiebra de los empleadores, lo que terminará definitivamente con cualquier vocación por invertir.

Epílogo

Estamos transitando una nueva dimensión de la economía, que busca encontrar el camino de la competitividad y de la mejora de la productividad bajo la impronta de las nuevas tecnologías. En ese contexto la reforma laboral integral es un hecho irremediable.

Julián A. de Diego

Asesor laboral de Empresas y Cámaras Empresarias, catedrático de Derecho del Trabajo y director del Posgrado en RR. HH. de la UCA