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Agenda social, prioridad urgente para el Gobierno
La agenda laboral y social tiene varias urgencias que atender sin demoras frente al problema humanitario que implica que más de 1.500.000 personas del sector indigente que carecen de los medios elementales de subsistencia. Entre los anuncios se lanzará una tarjeta de ayuda alimentaria para los que sufren necesidades urgentes con un monto fijo que podrán cajear con productos básicos que cubren unas 7000 calorías diarias para una familia tipo. Las tarjetas son personalizadas e intransferibles y la emplea el beneficiario sin intermediarios.
Publicado en El Cronista, 10 de diciembre de 2019
Las pymes, sobre todo aquellas que cuentan con menos de 30 trabajadores, que están referidas en general a los pequeños emprendimientos están colapsadas por la falta de ventas y por el peso de la presión fiscal y de las deudas impagas y la falta de crédito. Existen también otras dos categorías hasta 80 y hasta 120 trabajadores, con beneficios que podrán segmentarse.
Los planes de facilidades a menudo se superponen con el pago de los aportes y contribuciones corrientes, que terminaron ahogando a las empresas, paralizándolas. Es imprescindible entonces un nuevo modelo de moratoria, que rehabilite la posibilidad de concentrar los escasos recursos en la inversión para la reactivación, y no para pagar las deudas fiscales y de la seguridad social.
Otro tanto ocurre con las prestaciones del PAMI, que fueron retaceadas a los beneficiarios en particular con respecto a los medicamentos necesarios para atender las patologías de la tercera edad. Las agrupaciones sociales presionan por un bono de fin de año como refuerzo de los subsidios que se cobran en forma mensual. La reforma previsional incluye los medicamentos provistos por el ISSJP, pero la promesa electoral fue la de volver a actualizar los haberes de jubilaciones, pensiones y derivados de modo que se ajuste por inflación, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años han perdido más del 25%.
Es importante destacar que el nuevo gobierno deberá preservar, y en algunos casos mejorar todo el espectro de protección social vigente, que no solo incluye todos los planes sociales, que cubren nada menos que 8.500.000 personas, sino también toda la red de comedores, de grupos de asistencia privados públicos y mixtos, la copa de leche y los comedores escolares, y las acciones subsidiadas de agrupaciones sociales como Piletones, comedores populares, y grupos de ayuda con la intervención de la Iglesia y de otras congregaciones religiosas.
Para avanzar con el Pacto Social el Poder Ejecutivo necesita de una Ley de Emergencia Económica que desde el Parlamento le brinde atribuciones en los siguientes planos:
- Que se pueda suspender o dejar de lado la negociación colectiva en curso de la Ley 14.250 y de la Ley 23.546 (1987), de modo de interrumpir el curso actual de negociación por actividad, si es que se pretende establecer un “acuerdo marco” dentro del cual se operen los ajustes de salarios en el contexto de un plan integral que integre la reactivación económica que genere recursos para financiar la cobertura social;
- La nueva norma debe habilitar la potestad de suscribir un pacto social, y la de resolver en su contexto las eventuales políticas que unilateralmente debe adoptar el Poder Ejecutivo sobre todo en materia de distribución de ingresos, de grandes decisiones de política social;
- Las mayorías en el Parlamento facilitarán la tarea legislativa en materia de reformas impositivas, con la prevención de que estamos en una economía general de emergencia, y que se requieren primero los instrumentos que movilicen los capitales, las inversiones genuinas, y en lo posible que rehabiliten la confianza en un modelo de crecimiento, saliendo del colapso de la estanflación;
- El costo laboral final que agobia por igual a las empresas de todos los tamaños y que han deformado el mercado por efecto de normas que claramente han transformado el modelo que expulsa trabajadores, recordemos que no hemos superado los 6.200.000 trabajadores registrados en blanco por el AnSeS en la actividad privada en los últimos diez años. Al respecto es dable destacar que por cada $1000 de salario bruto con que cuente un trabajador privado, entre las normas laborales previsionales y fiscales tiene un costo laboral del 100% o sea que el costo final es de $2000, y el trabajador, en promedio, cobra $750. Por ende, el trabajador recibe solo un tercio del costo como salario de bolsillo. Este costo directo es periférico si se considera la incidencia de las sentencias de los juicios laborales que han trepado a montos impagables, no solo por lo que tardan los casos (entre 4 y 7 años) con intereses que actualizan los montos, sino también por la vigencia de una serie de multas que transformaron en inviable el actual modelo de relaciones laborales. Es común escuchar que un juicio laboral significa el cierre de una pyme.
- Existen una serie de normas distorsivas en materia laboral como el régimen de multas para combatir el trabajo no registrado que se deformó totalmente, como existen análogos similares a los impuestos regresivos que aún siguen vigentes como el impuesto al cheque o los gravámenes en la cadena de producción y distribución de los alimentos esenciales, que demandan reformas integrales.
Salir del estado de postración, de regresión y de decadencia en el que hemos caído, han generado con el nuevo gobierno una gran expectativa, que curiosamente provocaron aún en los sectores más críticos una moderada esperanza de salir del abismo y retomar el camino virtuoso de la inversión, el crecimiento y el progreso para todos.
Por Julián A. de Diego.
Director del Posgrado en RR. HH. Escuela de Negocios de la U.C.A.