LaborNet Nro 1003 “Cuando los Protocolos en la empresa fallan. El Tribunal de Trabajo ordena testeos de diagnóstico de carácter masivo.”

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A continuación enviamos lo resuelto en el fallo adjunto en Provincia de Buenos Aires, del Tribunal del Trabajo N° 1 de San Miguel.

Como circunstancias de hecho, se pone en manifiesta que este hospital se encuentra trabajando con faltante de equipo de protección de personal (EPP), sin elementos de higiene y sin protocolo de atención.

En los casos de trabajadores y trabajadoras de la salud se considerará que la enfermedad COVID19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas».

Así señalan que la redacción de la ley 24.557, en su artículo 1 dispone que: «Son objetos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo: a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado», objetos que no están siendo cumplidos por los accionados».

La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del arculo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el articulo 4° del presente.

Impone la provisión de elementos de bioseguridad y protección que eviten el contagio a saber: barbijos N95 o superior, protección para los ojos o máscara facial, guantes, camisolín repelente de fluidos, cofias y botas, todo en concordancia con las normas de higiene emanadas de la Res. 5/2020 SRT, anexos I y III

Regulación Legal – Artículo 75 de la LCT

El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el po de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante construcción en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.

El Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo de San Salvador», suscrito en, San Salvador, el 17 de noviembre del 1998, y que fuera aprobado por la República Argentina por Ley 24.658 el 19 de junio de 1996 y ratificado por el Gobierno argentino el 23 de octubre de 2003, establece en el apartado 1 de su arculo 10: Toda persona ene derecho a la salud, entendida como disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

La Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada: “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, estableció en el apartado décimo del capítulo C, PARTE RESOLUTIVA, la siguiente recomendación a los Estados parte: Asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria.

En materia de instrumentos de carácter supralegal, el Convenio 155 de la OIT, relavo a la seguridad y salud de los trabajadores, establece en el apartado segundo del artículo 4 en lo relavo a la política a observar por los Estados adherentes al referido instrumento que: Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

La situación particular de los agentes sanitarios tanto del sistema público como privado respecto a la exposición a un posible contagio del COVID-19, se ha visto ratificada por la presunción legal iuris tantum de causalidad sancionada por el arculo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia 367/2020:

Ello es así, por cuanto el ritmo de crecimiento diario de crecimiento de casos posivos del COVID-19 se encuentra en plena expansión y que el personal sanitario constituye uno de los grupos que mayor contagio presentan por la circulación del virus. Basta para dar cuenta de ello una simple lectura de la prensa escrita, por lo cual dicho extremo, a ésta altura, configura una verdadera máxima de experiencia que se integra al curso normal y ordinario propio de los acontecimientos que en en lugar en el desarrollo de la pandemia en nuestro país, es decir, que la hipótesis fáctica de contagio de los accionantes y su colectivo de referencia en el ejercicio de sus tareas resulta plausible por contrastación con la experiencia media propia del crecimiento del contagio del virus a nivel local.

El objeto de la medida innovativa solicitada (“reforzar la seguridad laboral”) se integra con las siguientes prestaciones: provisión de elementos de bioseguridad y protección que eviten el contagio del COVID-19. A saber: Barbijos N95 o superior, protección para los ojos o máscara facial, guantes, camisolín repelente de fluidos, cofias y botas. Asimismo, se solicita a este Tribunal que: ordene al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a realizar testeos -diagnósco de Covid 19-masivos a todo el personal que presta servicio en el Hospital Gobernador Domingo Mercante como parte indispensable de la prevención de nuestra salud. Con relación a la codemandada PROVINCIA A.R.T S.A se peciona que la referida persona jurídica: tome las medidas necesarias para prevenir el contagio de la enfermedad producida por el COVID 19 en el marco de la pandemia decretada por la OMS.

En cuanto a los elementos de protección personal solicitados, estimo que la causa de la petición resulta razonable en vista a que los mismos conforman una barrera entre el agente de riesgo y el trabajador, y que se corresponden con la directa fijada por el documento “EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”, aprobado por el art. 3º de la Disposición 5/20 SRT e incorporado como Anexo III a la misma, la cual establece que: en ciertas situaciones como por ejemplo personal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múltiples direcciones se deberán utilizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y protección facial.

Con relación a la solicitud para practicar testeos diagnóstico de carácter masivo a todo el personal que presta servicios en el Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante de la localidad de José C. Paz, cabe tener presente que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha elaborado un protocolo específico, el cual se encuentra actualizado al 6 de abril de este año, y que ha sido recuperado el día 24 de abril de 2020 del URL:

hps://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/efectores/Protocolo%20COVID19%20ACTUALIZADO%208%20ABRIL%20version%20final.pdf

Tal instrumento prevé un procedimiento específico a seguir respecto de los pacientes cuyo cuadro se cataloga como “caso sospechoso” y en relación a sus contactos estrechos. Las accionantes se han limitado a denunciar la existencia de un caso sospechoso en su servicio y la existencia de un paciente portador del COVID-19 sin especificar quién o quiénes han mantenido contacto, sea frecuente o accidental, con los referidos casos.

Por ello, el Tribunal de la Provincia de Buenos Aires estimó que cabe readecuar la prestación requerida como objeto de la medida innovativa solicitada en virtud de las facultades previstas por el art. 204 CPCC (conf. art. 25 Ley 13.928 -t.o Ley 14.192-).

Quedamos a v/ disposición para cualquier aclaración al respecto,

Cordiales Saludos,

Natalia de Diego

Guisolfo c. Gobierno de la Provincia (TT San Miguel – DNU 329 – Deber de Seguridad – Artículo 75 – Coronavirus)

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