LaborNet Nro 1164 “El Convenio 190 de la OIT impone la obligación Legal a todas las empresas de tener una política por escrito en el lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso laboral, y asegurar un procedimiento sancionatorio.”

Estimadas/os,
  

  • El 11 de noviembre del 2020, con 241 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación del Convenio N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,* que entrará en vigor el 25 de junio de 2021.* 
  • Sin embargo y con respecto a la fecha de entrada en vigor podemos afirmar que el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo por el solo hecho de ser ley rige en nuestro país (según Ref Const 1994) y tienen rango supra legal, por ende está subordinada a nuestra Constitución Nacional, pero está por encima de la legislación de fondo como la Ley de Contrato de Trabajo, (Ver art. 75 inciso 22 CN). A su vez, dicho Convenio 190 no puede contradecir la 1ra parte de NUESTRA CN arts 1 a 43, en donde se encuentran los derechos fundamentales. La norma es en general programática porque impone el dictado de otras normas, pero su contenido es mandatorio.
  • El 21 de junio de 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, donde se expresaba el claro compromiso de promover un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
  • Recordando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 
  • Reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso
  • Se resalta la importancia y la responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y al acoso, prevenirlos y combatirlos; 
  • Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social; 
  • Se insta a los Estados, países y empresas a hacer un seguimiento sobre los casos de  violencia y el acoso en el mundo del trabajo; y garantizar vías de solución de conflictos en los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, con procedimientos de investigación y, si procede, protección de las víctimas, y evitar las represalias, proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la confidencialidad. 
  • Cada compañía debe prever sanciones, cuando proceda, para los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo; 
  • Prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género en el mundo del trabajo tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de denuncias y de solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso reparación y que sean seguros y eficaces; 
  • reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo;
  • Garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso, así como el deber de informar de esta situación a la dirección, y 
  • velar por que la inspección del trabajo y otras autoridades pertinentes, cuando proceda, estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el dictado de órdenes que requieran la adopción de medidas de aplicación inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, a reserva de cualquier recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legislación. 
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