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16 agosto 2022

Inflación, salarios y medidas de emergencia. Nota El Cronista

Versión en ingles –

Los efectos sobre el salario de la inflación galopante que padecemos impondrá al Poder Ejecutivo la adopción de medidas de emergencia en momentos que se está al borde del caos social. No caben dudas ya, que los convenios colectivos y el salario mínimo profesional e interprofesional no superan la crisis por ser en sí mismos herramientas insuficientes e ineficaces.

En efecto, los convenios son piezas de museo, anquilosadas tras el fragor de la inflación, que fijan valores por hora por día o por mes, cuando los salarios en todas las actividades son variables centrados en los resultados.

Nada de lo que se haga en convenios de actividad alcanzará para superar esta verdadera catástrofe de los ingresos que quienes trabajan bajo cualquier forma o modalidad. A propósito, según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…», y del cumplimiento este deber fundamental deben velar los tres poderes del Estado.

Hoy sin duda, esta protección está siendo abandonada a su suerte con errores garrafales, como lo fue por ejemplo la política de prestaciones sociales que generó pobreza, abandono y exclusión, sin ningún horizonte, y promovió el abandono de la cultura esencial del trabajo remunerado. Los errores en la política económica ahora, como una plaga, destruye el ingreso a través de la inflación, y con tristeza debemos aceptar, que cometiendo los mismos errores no se podrán cambiar los resultados.

En estos momentos, la proyección de inflación 2022 tiene un piso de 80% y para muchos expertos se puede superar el 100%. La cadena de pagos está experimentando un proceso gradual de deterioro, en la carrera que hoy corren los costos y los precios y el circuito financiero que asegure como mínimo el equilibrio entre los ingresos y los egresos.

Entre los ingresos que ya sufren retrasos están en primer lugar los salarios, que además son insuficientes. Más del 60% de los 6.200.000 trabajadores en relación de dependencia registrados en el ANSES están por debajo de la canasta familiar del INDEC. Es de destacar que este número de trabajadores no ha cambiado en los últimos doce años, de modo que si hay más trabajo el mismo creció en la clandestinidad.

Las medidas que se podrían adoptar tiene varios planos. En primer lugar, se puede suspender o diferir el pago de aportes y contribuciones, de modo de dar prioridad al pago de salarios de los trabajadores.

Una medida complementaria sería la de establecer que no habrá contribuciones patronales para los trabajadores contratados por primera vez por la empresa y/o que constituyan un incremento real de la nómina respecto de una fecha de referencia a determinar, y en la medida que luego del plazo del beneficio los trabajadores continúen trabajando en la empresa por un lapso mínimo legal.

En segundo lugar, y sin dudas debería ser uno de los planes efectivos del gobierno, debe ser el de reformular los llamados impuestos al trabajo a través de una reforma estructural, que combine el proceso de blanqueo con la recaudación genuina, centrando la cacería de evasores en los que trabajan fuera de los registros o con figuras en fraude de la ley laboral, con un plan de moratoria para los casos verificados, y que este proceso de blanqueo, que mejoraría la recaudación e tendría efectos positivos sobre el déficit fiscal.

En tercer lugar, y en este marco, debería dar el ejemplo del proceso de sinceramiento y blanqueo el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Se debería desterrar la contratación de monotributistas, y los contratos a plazo que se renuevan indefinidamente, y todos deberían tributar con las cargas sociales de los agentes públicos similares a los trabajadores dependientes de la actividad privada.

Existen provincias cuyos agentes estatales son menos del 30% del personal afectado a los servicios públicos, y municipios en los que del total de la dotación, solo un 10% cumplen con los requisitos legales. En rigor, el evasor nro. 1 del escenario son los gobiernos en las tres jurisdicciones.

Un cuarto paquete de medidas podría centrarse en analizar y darle cobertura razonable a todas las nuevas aplicaciones, que implican mecanismos de sustitución del empleo dependiente por figuras que responden a nuevos segmentos del mundo del trabajo activados por la aplicación de las nuevas tecnologías.

No solo nos referimos a Uber, Cadify, Pídalo, Glovo, y similares, sino también a la proliferación de startups que no solo están ligados a la informática y a la robótica, sino que ya exploran el ámbito de la inteligencia artificial, la robótica, el metaverso y similares.

En rigor, son actividades que se han despapelizado, se informatizaron, se descentralizaron, se deslocalizaron, y ahora se han universalizado en forma global. Obsérvese que cuando un cliente de un servicio utiliza el sistema de compras, o administra su cuenta de ahorro o bancaria a través del home banking, las prestaciones y auxilio que antes le brindaba un empleado en relación de dependencia de la empresa, ahora están a cargo del usuario, guiado por la mecánica algorítmica que lo guía dentro de la aplicación, y este autoservicio el cliente lo ejecuta gratuitamente.

En quinto lugar, debería llevarse adelante una campaña a todo nivel promoviendo la alfabetización digital e informática, además de la alfabetización clásica, que en todos los casos es el que brinda oportunidades laborales. Una serie de institutos que ofrecen en cuatro trimestres un programa informático integral, en donde pueden inscribirse jóvenes que no han terminado la escolaridad obligatoria, a los pocos meses de su desarrollo ya cuentan con oportunidades laborales.

En sexto lugar, es urgente la transformación de todos los planes sociales en sistemas de capacitación y de entrenamiento con salida laboral, de modo de generar puentes entre la inactividad y la reinserción en un mercado competitivo y que requiere personal capacitado dentro del marco de las nuevas tecnologías.

En estos momentos, las urgencias son tan importantes como la profundidad de las medidas que deben adoptarse, y la cuenta regresiva no deja espacio para más errores y nuevos fracasos.

El Cronista

Por Julián A. de Diego
Por Julián A. de Diego

Fundador y Titular del estudio “de Diego & Asociados”.  Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Director Honorario del Posgrado en Conducción de RRHH de la UCA. Profesor Invitado en Universidades nacionales y extranjeras en Carreras de Grado, de Posgrado, y en Doctorados y Maestrías. Singularity University, Leadership: Insight Out 2018 (LIO), Silicon Valley, California. Académico de Número en el Sitial de José M. Paz de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. ​Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

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