La Eurozona propicia la “flexiseguridad” agobiada por el desempleo

Viernes  28 de Enero de 2011

La Eurozona propicia la “flexiseguridad” agobiada por el desempleo

 
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Agobiados por los modelos de protección laboral vigentes en la eurozona, se busca desesperadamente una reforma laboral basada en la ‘flexiseguridad‘. Los sistemas de estabilidad propia o absoluta de nada sirvieron frente a la realidad y la crisis financiera y económica de las empresas que las obligó a hacer ajustes masivos y colectivos de la dotación laboral, con despidos de cantidad tal que no se recuerda una crisis similar en la historia. La estabilidad absoluta, la protección total cede cuando la crisis ahoga a las empresas, y la necesidad de la subsistencia impone el ajuste de la estructura y si es necesario, el éxodo. Es por ello que las empresas europeas, como ocurrió en Japón y en los Estados Unidos realizaron despidos masivos para reacomodar las unidades productivas. El ajuste, además, no es cíclico, sino por el contrario, sus efectos anticíclicos determinan que los países centrales de Europa no tienen condiciones ni costos laborales competitivos. Como las empresas americanas se refugiaron en China con enormes inversiones en fábricas y centros de investigación y de producción, los países centrales de Europa se refugian en los países que formaban parte del ex bloque soviético, y que ahora son atractivos para Europa por sus bajos costos laborales. Muchas operaciones de Francia, Italia, Alemania, Suecia, Suiza y Holanda se mudaron a Polonia Hungría o República Checa, donde los salarios por el mismo trabajo descienden de cinco mil quinientos euros por persona por mes a tres mil, y las imposiciones previsionales y fiscales son muy inferiores. Al contrario, países como los referidos cuentan con planes de sumamente atractivos, para apoyar las inversiones extranjeras y crear nuevas oportunidades de crecimiento y trabajo.
En este marco se ha creado en los países centrales la “flexiseguridad”. En teoría, se trata de una estrategia política encaminada a lograr un mercado de trabajo flexible, que además garantice la protección social de los trabajadores, además de su contribución a que el Mercado de Trabajo sea más reactivo, inclusivo y competitivo. La flexiseguridad se basa en realidad en tres pilares: la flexibilidad a la hora de contratar y despedir con excepciones a la estabilidad propia y absoluta, la alta protección social para los desempleados con amplias coberturas de la seguridad social, y una política de formación y reinserción laboral muy activa. Los trabajadores deben estar dispuestos a modificar su formación para adecuarse a lo que en cada momento necesite el mercado; para ello se articulan medidas de formación continua tanto para los que tienen trabajo como sobre todo para los desempleados. En muchos casos de desocupados de los Estados Unidos, profesionales de larga trayectoria asumieron que es conveniente comprar y producir vegetales en una huerta orgánica, cuando el oficio o profesión del desocupado era bioquímico, farmacéutico o ingeniero de sistemas. La reconversión frente a una crisis que literalmente borró organizaciones enteras que lucían excelente salud, pero que sus ahorros y reservas los habían invertido en los títulos que se desplomaron con la explosión de la burbuja financiera o la inmobiliaria.
En cualquier caso, y a pesar de que los detractores califican a la flexoseguridad como “una nueva parodia del neoliberalismo” que procura disfrazar la insustentabilidad del modelo vigente en las otrora grandes potencias industriales y de servicios, lo cierto es que son todas maniobras distractivas para reencontrarse con la confianza perdida. Lo cierto es que en la Argentina y en otros países emergentes, los indicadores marcan otras tendencias. Nuestra economía crece al 8%, el empleo en crisis en general mejoró alrededor de 3% en los últimos doce meses, y los salarios han crecido más que la inflación, con lo cual ha mejorado la distribución del ingreso. En efecto, mejoraron los salarios de los que menos ganaban a costa de un sacrificio de los que más ingresos tenían. En el actual contexto, se nos presenta una importante oportunidad para revisar todos los objetivos y alinear los medios para lograrlos. En otras palabras, nuestro sistema legal impone la necesidad de su modernización, no recurriendo a viejos instrumentos ya perimidos de la décadas pasadas, sino reenfocando el futuro. Pocas herramientas cambiarían el horizonte con gran dinamismo. Veamos. Dos anteproyectos ya están redactadas, debatidas, y son la ley de teletrabajo y la reforma de la ley de riesgos del trabajo. Solo falta la decisión política de instrumentarlas. No es necesario insinuar ni anunciar lo anunciado y lo indiscutible por ser lo más conveniente para seguir creciendo. Es imperativo afrontar los grandes desafíos. Veamos, los conflictos han trepado en violencia e irracionalidad, y durante el 2010 han comprometido la productividad. Los aumentos salariales son sustentables, con inflación moderada, aumento de las inversiones, y mejor rendimiento del capital. No tiene racionalidad que un año electoral es una oportunidad para solicitar y lograr peticiones desproporcionadas, que alienten la inflación, desalienten la inversión, y nuevamente, aprovechemos las oportunidades que nos ofrece la providencia. En cambio, parece lógico buscar una salida concensuada a las negociaciones salariales, para que dentro de cierta armonía y compatibilidad, permitan evolucionar junto con el curso de la economía. Resulta claro a través de las evidencias, que los sistemas de controles de precios han carecido de eficacia. Para evitar que algo se rompa al caer, es muy difícil anular la ley de gravedad, pero sí es posible amortiguar el golpe. No es posible ir contra las reglas despiadadas del mercado y la libre competencia, pero se pueden emplear instrumentos eficaces para evitar daños irreparables. Por ejemplo, nadie entiende lo que ocurrió con el mercado de la carne, donde perdimos parte de nuestras exportaciones, pagamos la carne más cara en el mercado interno, y hemos destruido en toda la cadena de valor más de cien mil puestos de trabajo, y una gran oportunidad de contribuir al crecimiento general.
Se impone la moderación y la racionalidad. Las leyes no crean empleo, pero si fijan el marco dentro del cual se pueden fijar las reglas que impone el futuro, y no los rencores y malos recuerdos de los errores del pasado.

Creciente preocupación empresaria por grave ola de juicios laborales

Jueves  20 de Enero de 2011

Creciente preocupación empresaria por grave ola de juicios laborales

 
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Pasivos contingentes millonarios castigan el balance de las compañías por la creciente ola de juicios laborales y por clara tendencia anti-empresa que se exterioriza en toda la jurisprudencia. La cantidad de juicios pasó del 1 o 2% de la nómina total del personal experimentada en la década de los ‘90 a más del 5% y hasta el 8% en los últimos seis años. También cambiaron los montos en forma exponencial. Las indemnizaciones por despido se triplican por efecto de las multas y recargos previstos en las leyes por pago insuficiente, por pago fuera de término o por sentencia adversa en despidos con causa, sea por las pautas establecidas por la jurisprudencia, como la “in dubio pro operari” en materia de prueba, o la irrenunciabilidad de los derechos (art. 12, LCT). Por ende, el cálculo inicial de cien mil pesos ($100.000), llevados a un reclamo judicial supera los trescientos mil ($300.000), a lo que debe adicionársele intereses que giran en torno del 25% anual y las costos del juicio que entre peritos y abogados puede llegar a otro 25%. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo que estimaban el valor vida en torno de los trescientos mil pesos ($300.000) y hasta un valor de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) hacia fines del año 2003, en la actualidad -para un caso análogo- se la estima entre ochocientos mil ($800.000) y un millón doscientos mil pesos ($1.200.000). En los casos donde se discute la naturaleza jurídica de la relación, como es el de los fleteros o de los profesionales, que dependiendo de las circunstancias y características puede tratarse de empresarios o trabajadores autónomos, o pueden ser considerados por la justicia trabajadores en relación de dependencia, los reclamos pueden llegar a sumas de tal magnitud, que la condena puede significar el cierre o la quiebra de una empresa mediana.
Obviamente, en las pequeñas empresas el empresario se funde y el trabajador difícilmente pueda cobrar. También adquirieron cierta importancia las cadenas de juicios originados en reclamos por diferencias salariales, o por la discusión que existe en la doctrina y la jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de las prestaciones.
Recientemente, la Corte Suprema, en los caso “Pérez c/Disco” y “Polimat”, reafirmó la naturaleza salarial tanto de normas dictadas por el Poder Ejecutivo como por acuerdos realizados en el marco de los convenios colectivos, que en diversas oportunidades y circunstancias, habían determinado el pago de sumas no remunerativas, sin efectos específicos sobre otras prestaciones que son base de cálculo, y sin que las mismas tributen aportes y contribuciones a la seguridad social o sindicales, salvo las excepciones que establezcan las partes.
Estos fallos solo contemplan los derechos invocados por trabajadores sobre falta la acreencia de cada prestación calificada como no remunerativa sobre el aguinaldo, las vacaciones, el preaviso y la indemnización por despido que computan en su cálculo solo las prestaciones remunerativas. Nada se ha dicho aún sobre la posibilidad de que resuelta la naturaleza invocada, imponga el pago de aportes y contribuciones, lo que seguramente se debería resolver por separado, en función de lo que pueda ser la pretensión de los entes recaudadores. En cualquier caso, no necesariamente la calificación en el plano laboral, ni obliga ni impone el pago de aportes y contribuciones. Es más, son separables los derechos del trabajador que tienen en muchos casos naturaleza irrenunciable, con los efectos fiscales o previsionales, que pueden ser tratados en forma diversa, por las necesidades, las circunstancias y la conveniencia respectiva.
Además hay que sumar una serie de nuevos casos judiciales que aún no constituyen una proporción importante de los reclamos, pero que se están generalizando. a. Demandas por daños y perjuicios por mobbing o acoso laboral; b. Casos de daños reclamados por acoso sexual; c. Discriminación arbitraria por causa de sexo, género, edad, estado civil, raza, religión, origen étnico, aspecto físico, color de la piel, extranjeros de determinados países, etc. ; d. Juicios de reinstalación por despido por causa de discriminación arbitraria; e. De reinstalación por acciones antisindicales o de discriminación antisindical; f. De revocación de la tutela sindical o de reincorporación o reinstalación por violación de dicha tutela; y g. Juicios por no respetar la categoría profesional fijada en los convenios colectivos o en acuerdos de partes, o en decisiones de las comisiones paritarias de interpretación.
Los pasivos laborales deben ser calculados también con las contingencias previsionales y fiscales, es decir, con los aportes y contribuciones e impuestos que deberían ingresarse si el caso laboral resulta adverso. El caso de un fletero por ejemplo, que siempre facturó un servicio aparentemente autónomo, y resulta la empresa condenada mediante una sentencia que dispone que dicho servicio era dependiente, obliga al empleador a adecuar registros, aportes, contribuciones, impuestos, y a realizar las rectificativas que impone el sistema legal.
La deuda originada en los entes recaudadores suele tener magnitudes sorprendentes, ya que las cargas sociales e impuestos deben acompañarse de las multas intereses y recargos, y la prescripción opera por plazos muy largos.
En otros términos, la problemática de los juicios laborales y sus consecuencias ha pasado a convertirse en un estigma para las empresas, y un fuerte costo que presiona sobre los resultados de las compañías. A la vez, muchas empresas subestiman el riesgo, y no consideran como cierto el efecto previsional y fiscal de los resultados. Es de destacar los planes de contingencias o de prevención contenciosa que están organizando muchas compañías, en las que se prevén medidas y planes de acción que procuran evitar que los casos de conflicto queden relegados al resultado judicial, en un contexto de adversidad. Los resultados son muy importantes, en la medida que se afronte la solución con una estrategia sólida de contención y de negociación efectiva. Sin este tipo de planes los resultados son tan arbitrarios, que incorporan al año 2011 nuevas incertidumbres.

El “pacto social del bicentenerario” al borde del fracaso

El “pacto social del bicentenerario” al borde del fracaso
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 13-01-11
Julián A. de Diego

El “acuerdo del bicentenario” propiciado por el Gobierno Nacional y la CGT con el sector empresario mayoritariamente representativo, es la negación de la libre negociación de salarios dentro de las paritarias y los convenios colectivos.

Un pacto de precios, salarios e impuestos, con la responsabilidad que le cabe a cada una de las partes no tiene nada que ver con los reclamos salariales de las paritarias libres que se vienen negociando desde el 2005 al 2010.
El “pacto” agoniza por dos razones: Porque no parece haber la decisión, ni la convicción política, de que es un instrumento apto para que se reenfoque la economía y porque cualquier pacto social requiere la convergencia del oficialismo junto a los representantes del arco político opositor. El mentado Pacto de la Moncloa y el Pacto de Toledo fueron primero acuerdos políticos de los partidos mayoritarios, y luego se acoplaron los sectores de la producción y del trabajo. Es más, en la Moncloa las centrales obreras no firmaron el acuerdo, y requirió de una intervención posterior para poder lograr que se comprometieran.
En nuestro caso, mientras el fantasma de la inflación se entremezcla con la falta de billetes, las filas en bancos y cajeros, y la disponibilidad del salario en efectivo, el Gobierno trata de encontrar la fórmula para que se cierre un acuerdo tripartito razonable que soporte el peso del año electoral.
Un acuerdo marco presupone un pacto previo donde el Estado hace concesiones o establece reglas que generan ventajas en materia de política fiscal y eventualmente, en algún tipo de protección frente al acoso de las importaciones, los empresarios se comprometen con un acuerdo basado en una banda de aumentos de precios con un piso y con un techo, y la CGT asume que también se discutirán los salarios con un piso y con un techo, generalmente, que guarda una relación directamente proporcional entre ambos parámetros (precios y salarios). En cambio, en las paritarias libres operadas hasta el 31 de diciembre pasado, el componente siempre presente fue la inflación, y el objetivo sindical fue lograr incrementos salariales, graduales pero sistemáticas que culminara el período -generalmente de doce meses- con un salario varios puntos superiores al deterioro del signo monetario. Se desatendieron factores claves de la economía como la equidad fiscal, la introducción de las nuevas tecnologías, el régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las reformas laborales asistemáticas o sea, ajenas a un modelo o diseño preacordado.
Es curioso observar además, que como aumentó la conflictividad colectiva, se produjo un resultado indeseado, y es que los salarios experimentaron una mejora real, mientras la productividad cayó sin eufemismos. Con ello, el resultado fue funesto para las empresas que vieron deteriorados en muchos casos su rentabilidad o los planes de reinversión, por no haber alcanzado los objetivos planificados.
Si se aceptara “el acuerdo marco”, solo se pueden pactar las condiciones previstas dentro del mismo, y serían nulas y sin valor las que resulten ajenas. En estos momentos las negociaciones libres siguen avanzando sin ningún tipo de retaceo ni reserva. El compromiso de pago de suplementos salariales pactados para fin de año, por vacaciones, o por períodos de transición nada tienen que ver con un acuerdo marco, y de hecho, los mismos protagonistas que buscan lograr el primero son los que a la vez se contradicen pactando acuerdos que son como mínimo, asistemáticos y carentes de lógica.
Con la salvedad de quién pueda pensar de que los “acuerdos del bicentenario” son un nuevo “globo de ensayo” de una economía general y laboral que transitan un camino propio, autónomo y exento de nuevos replanteos, lo cierto es que no se puede ser a la vez “pactista” y seguir adelante con la “negociación colectiva libre”.
Otro factor que pone de relieve que “los acuerdos del bicentenario” están muy lejos de ser considerados viables y sustentables en el tiempo y por un lapso tan dramático como el año electoral que estamos transitando, es la larga lista de contradicciones que se producen en una economía como la que viene, que será altamente competitiva, y con grandes sacrificios para todas las partes involucradas. Nadie escapará a los errores que se cometan en los próximos meses, y seguramente los pagará quién resulte elegido para asumir el próximo gobierno. Es más, el disloque actual del manejo de los fondos públicos y privados, sean ingresos o impuestos, combinados con una fuerte presión fiscal desarrollada en escala nacional, llevará irremediablemente a toda la economía a un alto riesgo de descalabro en el mediano plazo. Veamos solo el tema salarial. Si la inflación proyectada para el 2011 ya supera el 30%, contra la estimación del 8% del Presupuesto Nacional, ningún gremio aceptaría aumentos inferiores a la inflación. Es más, varias de las negociaciones que ya comenzaron a desarrollarse han trepado preventivamente y sin acordar las escalas definitivas al 27% sobre los valores alcanzados del año 2010 que salvo excepciones, tuvieron incrementos reales en casi el 90% de los acuerdos superiores a la inflación. Qué ocurrirá cuando se conozcan los efectos reales de la pérdida del signo monetario del primer trimestre, si como se pregona, el “acuerdo del bicentenario” propiciaría un aumento que generar retrotracción, con valores no superiores al 20% sobre los salarios convencionales, a cambio de aportes del Estado nacional en materia fiscal y/o previsional (aumento del mínimo no imponible de 4ta. Categoría y moratorias para deudores morosos) , y compromisos de precios a cargo de los empleadores. En paralelo tenemos difíciles negociaciones salariales que debe afrontar el Estado nacional, provincial y municipal, que a contrario sensu de lo ocurrido en la década del ?90 hoy están entre un 20 y un 30% por debajo de los niveles logrados por privados.
Mientras “el pacto del bicentenario” agoniza, se abren alternativas para una salida concertada en la medida que sea para todos el último recurso.
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Sin un marco legal para conflictos sociales puede prevalecer el caos

Sin un marco legal para conflictos sociales puede prevalecer el caos
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 05-01-11
Julián A. de Diego

El final del 2010 estuvo al borde del estallido social originado en la falta de diálogo, y el desconocimiento de que se estaban gestando creciente descontento en los sectores más desprotegidos y abandonados, en muchos casos por dolosa desatención de las autoridades competentes.

Las falencias se pueden constatar ante la falta de acciones coordinadas para luchar contra la pobreza y la marginación, que tarde o temprano harían eclosión. Uno de cada cinco habitantes del Gran Buenos Aires vive con graves carencias habitacionales, y el 90% no cuenta con un empleo digno, ni con servicios razonables de educación y de salud. En las villas de emergencia y barrios marginales el desempleo llega al 40%, el analfabetismo al 50% y más del 70% solo recibe los planes sociales (subsidio universal por hijo, cajas de alimentos, y asistencia médica en el hospital público).
Al respecto, las mediciones falaces pueden ser una trampa para quién las manipula, y sobre todo, cuando lo que se busca es engañar a la opinión pública. La verdad es que nadie puede mentirle a la realidad misma. En los hechos la pobreza extrema en general no tuvo ninguna mejoría en la gestión de gobierno nacional provincial y local, y ahora explota en las manos contra todos, oficialistas y opositores. El grupo de excluidos asciende a 4.000.000 de personas, y la mayoría busca vivir aún en condiciones de máxima precariedad en los centros urbanos o en su periferia.
Los piquetes de los grupos sociales, en el año 2010 multiplicaron los reclamos de los períodos anteriores, al punto, de que los bloqueos y cortes de arterias superaron a las del 2002/2003 en más de un doscientos por ciento. La Ciudad de Buenos Aires tuvo 1,4 cortes por día en arterias centrales como los puentes de acceso y la 9 de Julio o en el ingreso a la Panamericana, en su mayoría reclamando subsidios. Para la política oficial los delitos cometidos en estas manifestaciones sociales no son delito, y por ende, no se debe reprimir victimizar ni criminalizar la protesta. Esta visión garantista, parte de la premisa que la necesidad extrema justifica la realización de estas acciones (como ocurre con el hurto famélico) en todos los casos. Se ha llegado al absurdo de sostener que los cortes de rutas son para los desocupados como el derecho de huelga para los que tienen trabajo. y por añadidura, están al exentos de la intervención de los magistrados. Los jueces, que obviamente deben aplicar la Constitución Nacional y el derecho vigente recurren a fórmulas disparatadas para no intervenir. Por ejemplo se declaran incompetentes para actuar, realizan diligencias previas frente a actos flagrantes u ostensibles, y le tratan de transferir la responsabilidad a otro fuero, a la autoridad policial o de seguridad, al intendente de turno, o inclusive a la sociedad toda que no ha hecho nada para evitar el avance de estos flagelos sociales.
Parece ser que Latinoamérica y en especial Argentina ofrecen un fuerte contraste entre los grupos de mayores ingresos, y los pobres, que en nuestro país incluyen a quién tiene trabajo estable en los niveles de menor calificación profesional. A este cuadro, solo le faltaban la usurpación de tierras por parte de los “okupas”, donde se mezclas reclamos genuinos, manipulación político partidaria, xenofobia y en casi todos los casos, ausencia del Estado en acciones o planes concretos para mejorar los índices de marginalidad y pobreza extrema. Es interesante observar que los desocupados provocan los mismos bloqueos que los que tienen trabajo y luchas por mejores o mayores reivindicaciones sociales. Allí también se perdió el rumbo, con el fin de hostigar al sector empresario con mayor energía, se recurrió a la violencia, los bloqueos, el sabotaje y la extorsión. En rigor, quién conduce una medida de fuerza procura en primer término generar el mayor daño posible al empleador, y lo hace no solo paralizando su actividad, sino que busca transponer todos los límites, perjudicando la imagen y el valor intrínseco de la marca en el plano subjetivo, y en el ámbito social, procuran conmocionar a la sociedad en general, afectando la libre circulación con los bloqueos, y provocando el repudio de usuarios y la sociedad en general.
El blanco central de los conflictos sociales y laborales es la opinión pública a partir de los hombres y mujeres independientes o en relación de dependencia, que tratan de llegar por lo menos a su lugar de trabajo. Entre los eventuales reclamantes, y los transeúntes se produce la conexión que desencadenan el caos y la violencia. Los daños tangibles muchas veces no son tan graves como la afectación de los intangibles. En los hechos recientes de la Estación Constitución, originados en un corte de vías férreas por un conflicto laboral, se produjo el caos, por no actuar como se debía sobre las causas del evento. En otros términos, el Estado debió levantar el corte de las vías férreas, para evitar males mayores. En rigor, el corte de vías es un delito, y por sí, transforma cualquier medida de fuerza en ilegal. Curiosamente, los más perjudicados fueron en este caso y en muchos otros, los trabajadores de menores ingresos que no pudieron acceder a un servicio público, por el accionar ilícito de un grupo de manifestantes y de activistas de partidos que se cuelgan de cualquier reclamo que les permita aparecer en los medios provocando escándalos. Resulta claro, que los cortes no pueden por sí resolver ni éste ni ningún otro conflicto. La única fórmula posible para lograr acuerdos sustentables y la tan ansiada paz social es a través de la negociación, con la intervención del Estado y dentro de la ley. Es esencial que se tome conciencia que por vía del enfrentamiento salvaje y violento producidos por los sectores sociales más carecientes y desprotegidos, el Estado no puede hacer en horas lo que no hizo en años. Si este proceso se enmarca dentro del año electoral, el resultado será inexorablemente el caos, sin saber muy bien a quién recurrir para que se logre una solución duradera.

La inconstitucionalidad de las prestaciones no remunerativas en sus efectos laborales, previsonales y fiscales.

La inconstitucionalidad de las prestaciones no remunerativas en sus efectos laborales, previsonales y fiscales.
Fuente: Publicado en: La Ley el 02/08/2010
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 03-08-10

Julián A. de Diego
Sumario: I. Interés práctico del tema. II. Tres corrientes doctrinarias sobre la naturaleza de la remuneración y su identificación. III. Introducción. IV. La doctrina de los primeros fallos de la Corte Suprema sobre la naturaleza jurídica de las prestaciones no remunerativas. V. La Corte ratifica su decisión sobre las prestaciones no remunerativas en su naturaleza y efectos laborales. VI. Las prestaciones no remunerativas previstas en los convenios colectivos. VII. Consecuencias de la doctrina de los fallos Giménez , Pérez y González . VIII. Los efectos en el plano de la seguridad social y en el fiscal.

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Grave controversia en el sindicalismo para preservar el unicato gremial

Grave controversia en el sindicalismo para preservar el unicato gremial
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 21-01-10
Julián A. de Diego

Los fallos de la Corte Suprema (‘ATE c/Ministerio de Trabajo’ y ‘Rossi c/Estado Nacional’), los cuestionamientos del modelo de la CTA y los sindicatos no reconocidos, los nuevos gremios que reclaman la representación, y los grupos sociales y de los derechos humanos sumados a los partidos y agrupaciones de izquierda, han herido seriamente el ‘modelo sindical’ monolítico de la Ley de Asociaciones Gremiales (Ley 23.551).

Lo hacen al calificarlo de antidemocrático, por refrendar actos de clara discriminación antisindical, y por generar privilegios a favor del sindicato único en detrimento del sindicato meramente inscripto, todo ello en clara contradicción con la Constitución Nacional (art. 14 bis) y a los Tratados Internacionales, que garantizan al trabajador el derecho a constituir organizaciones sindicales libres y democráticas. En rigor plantean, que el modelo resultante de la aplicación del sistema legal vigente no garantiza la libertad sindical individual la de conformar sus propias entidades, y la libertad sindical colectiva que le permite al trabajador participar de la vida interna de los gremios, eligiendo o siendo elegido, negociar su convenio colectivo y ejercer el derecho de huelga con acceso a los sistemas reconciliación y rearbitraje, sin perjuicio de las garantías de las que gozarán los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo.
Frente a este escenario, se debate en los círculos áureos cuál es la fórmula legal para salir de semejante embestida, que curiosamente, tiene muchas simpatías populares y de grupos ideológicos de fuerte raigambre social y reivindicativa. Por el contrario, apoyan al viejo modelo monolítico importantes representantes del mundo empresario, del espectro político peronista en sus distintas vertientes, e inclusive de otros ámbitos ligados a los grupos confesionales líderes, y su ámbito de influencia. Entre los expertos del tema se han formado tres corrientes, en donde conviven por igual los asesores sindicales, los de las empresas y los del espectro político.
La primera corriente, que podemos denominar ‘política’, entiende que el tema se resuelve en el marco de lo que puede denominarse un frente de oposición y crítica promovida a partir del apoyo del Poder Ejecutivo y con el respaldo del movimiento sindical organizado.

Esta corriente es la única que se encuentra hoy operativa, con algunas manifestaciones de la Presidencia de la Nación, los contactos reuniones y negociaciones de la CGT para encontrar en éste y en otros temas un frente organizado, y el respaldo de gran parte del Partido Justicialista, aún de los grupos disidentes.

La corriente más tibia entiende que estos cuestionamientos son un ‘bluff’, y que luego de los acontecimientos ocurridos en el 2009, el tema sindical va a pasar a un segundo plano, y por decantación, regresará a su cauce normal, sin más planteos. A lo sumo, en ese contexto, habrá que hacer algún retoque en la legislación de naturaleza cosmética, para evitar que el tema regrese a la primera plana de los diarios. Esta línea de pensamiento, no cree que la sociedad en general esté cuestionando al modelo sindical ni a su dirigencia, sino que es parte del ideario generalizado en la clase trabajadora y clase media argentinas, en función de la cual toda la dirigencia está cuestionada, porque no ha sido eficiente para atender y solucionar los problemas concretos que preocupan al ciudadano común.

La tercera corriente, que podemos denominar ‘de los juristas’ ha congregado a varios de los más conspicuos expertos del derecho colectivo del trabajo, tanto del ámbito gremial sindical como del mundo empresario, del académico y del institucional, para encontrar una salida concreta a esta encrucijada. Ya hubieron dos ‘brainstormings’ con el fin de encontrar una solución duradera, bajo dos vías alternativas. La primera es tomar la Ley de Asociaciones Gremiales y ‘agiornarla’, y la otra, es la de dictar un decreto reglamentario de dicha ley, que impida la atomización del modelo sindical, mediante la creación irrestricta de gremios ‘meramente inscriptos’, que conforme lo referido en los fallos de la Corte tendrían los mismos derechos que los sindicatos habilitados por el Ministerio de Trabajo por vía de la concesión de la personería gremial.

Los contenidos de ambas normas son verdaderamente un desafío a la inteligencia del sistema, ya que en general todas las maniobras son ‘gatopardistas’, es decir, busquemos un cambio para que todo siga igual. Nada de lo que está ocurriendo en el seno de esta discusión es ajeno a las necesidades de preservar la centralización del poder, que por sí ofreció y sigue ofreciendo graves distorsiones al pleno ejercicio de un modelo democrático. Sin embargo, los cuestionamientos al modelo sindical no saben a ciencia cierta a dónde quieren llegar. Es más, no tienen ni cuentan con un modelo alternativo, y pueden correr el riesgo, y de hecho, ya lo están corriendo, de voltear el péndulo al extremo opuesto al actual, destruyendo en su devenir la existencia de una realidad sindical que ha sido un claro protagonista a la hora de confrontar con modelos extremos de la izquierda trotkista, maoísta, o comunista revolucionarias que intentaron copar las organizaciones sindicales, no para defender los intereses profesionales de los trabajadores, sino para convertirlas en medios instrumentales para combatir y destruir al capital, a los dueños del capital, en definitiva, a las empresas empleadoras.

Por ahora todos están dentro de un callejón sin salida, y cada uno de estos grupos sabe que enfrentamos una encrucijada de la historia, donde la crisis de la dirigencia política, sindical, institucional, empresaria y civil son el ‘leit -motiv’. De la elección del camino más eficiente depende que la realidad laboral y sindical se encausen o que dramáticamente se encaminen hacia la rebelión y el caos social.

La reforma de la ley laboral afectará la articulación y elasticidad del contrato de trabajo

La reforma de la ley laboral afectará la articulación y elasticidad del contrato de trabajo
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 06-01-10
Julián A. de Diego

La nueva norma, que impulsó el diputado Recalde, impedirá la modificación de los contratos individuales si reduce los derechos del trabajador, aunque haya acuerdo entre las partes

La nueva ley 26.574 (B.O. 29-12-09) de la era “Recalde”, modifica en forma sustantiva el “principio de irrenunciabilidad” extendiéndolo a lo que surja de lo pactado entre las partes en los contratos individuales. En efecto, la norma dispone ahora con toda claridad que: “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”.
El caso más frecuente ha sido el de la modificación del régimen salarial, que podía importar para el trabajador una reducción real o futura del ingreso, sea porque éste acepta un cambio de tareas y una rebaja en el ingreso, sea porque se modifica el sistema de cálculo de la retribución, y en tal caso, los mecanismos variables que se apliquen se traduzcan en una rebaja de su ingreso normal y habitual devengado por aplicación del sistema anterior.
La novedad de la reforma está dada por la inclusión de la frase “los contratos individuales de trabajo”, que importa la consagración de la denominada ‘progresividad’, según la cual el contrato de trabajo sólo puede modificarse en beneficio o mejorando las condiciones del trabajador, y nunca en perjuicio de él. Por ende, ni siquiera con la conformidad del trabajador se pueden establecer condiciones menos beneficiosas que las enunciadas en las normas de fondo, los convenios y el contrato individual de trabajo.
En mi opinión, las condiciones pactadas con cada trabajador, sólo pueden sufrir cambios en la medida que hayan sido expresamente contempladas en el acuerdo original. En efecto, cualquier acuerdo ulterior, que implique la renuncia total o parcial de un derecho, o todo cambio que se realice en perjuicio del dependiente, fuera del marco especialmente establecido entre las partes, sólo puede modificarse en beneficio del dependiente. “A contrario sensu”, cualquier cláusula entre el trabajador y su empleador, será “nula y sin valor”. Seguramente, por omisión del legislador, no opera la “sustitución automática de las cláusulas nulas”, previstas en el art. 13 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sigue aplicándose sólo en caso de las normas de orden público previstos por las leyes imperativas o por los convenios colectivos. Esta reforma la debemos relacionar con la otra, aprobada en forma relativamente reciente también por iniciativa del Diputado Héctor Recalde, por la ley 26.088 que modificó el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece los límites para el ejercicio del denominado “ius variandi”, en donde se incorporó la atribución del trabajador de cuestionar cualquier cambio que disponga el empleador dentro del contrato individual, por vía judicial mediante procedimiento sumarísimo, judicializando la flexibilidad que debe tener el contrato, e impidiendo al empleador todo cambio razonable que le impongan las necesidades operativas, funcionales u organizativas. En mi opinión, la combinación del nuevo texto del principio de irrenunciabilidad, y la opción por mantener el vínculo y demandar la intervención judicial en el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo, generan un obstáculo casi insalvable, para que se opere ningún cambio que implique un detrimento formal o material a los que popularmente la sociedad denominó “derechos adquiridos”, y que afecte los ingresos, las condiciones de trabajo, y en general las obligaciones emergentes de la ley, los convenios colectivos y ahora el contrato individual, o sea, lo pactado en forma específica por cada empresa con sus dependientes.
Los alcances del principio de irrenunciabilidad fueron debatidos hacia 1988 a propósito del caso “Bariain c/Mercedes Benz” cuando la Corte Suprema en su anterior composición, estableció con claridad que el principio de irrenunciabilidad estaba restringido a lo que expresamente mandaba el artículo 12, en la redacción anterior a la reforma que ahora comentamos, que limitaba el alcance a las leyes, los estatutos y los convenios. Importantes interpretaciones doctrinarias, entre otros del actual Procurador General del fuero Dr. Eduardo Alvarez, y de muy calificada doctrina, procuraron extender la irrenunciabilidad al contrato individual, sin contar con la cobertura legal que lo respaldara en forma clara. El proyecto de Héctor Recalde, que hoy es ley, consagra aquellas aspiraciones académicas, que fueron rechazados por más de los treinta y cinco años de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo.
Una posible solución a la problemática que presenta la legislación, es la de contemplar en el contrato individual, que deberá seguramente instrumentarse por escrito, con el detalle de los posibles cambios, oscilaciones, y bandas o franjas horarias, de descansos, de sistemas operativos, pasando por los sistemas y mecanismos salariales que pudieren aplicarse en las diversas circunstancias. Coincido con los que opinan que estas reformas ultra tuitivas son un avance en perjuicio de la mínima flexibilidad o variabilidad que requiere cualquier empresa para conducir con eficiencia y competitividad su operatoria de bienes o de servicios. No creo que estos mecanismos produzcan despidos ni que se puedan suplir por simples acuerdos, como ya se ha deslizado con alguna ligereza. En cambio, estoy convencido de que serán una fuente de conflictos individuales, plurindividuales y colectivos, y que ello puede desencadenar consecuencias no deseadas, que lejos de contribuir a la paz social, lo harán en perjuicio de la mínima armonía que imponen las condiciones de trabajo.

La crisis terminal de una ley que puede desencadenar la quiebra de las empresas

La crisis terminal de una ley que puede desencadenar la quiebra de las empresas
Fuente: El Cronista – Pág. 14/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 14-08-09

Julián A. de Diego
La Ley de Riesgos del Trabajo (ley 24.577) se ha convertido en un medio para que una empresa caiga en insolvencia o en quiebra, después de cinco años de espera de una reforma integral, y una vez que la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes esenciales del sistema.

A esta situación se llega por el hecho de que el trabajador puede demandar en forma directa al empleador por la vía del derecho común (Código Civil) reclamando el lucro cesante (lo que se dejó de ganar) el daño emergente (los daños materiales efectivamente sufridos) el daño moral (los padecimientos, pesares y carga sicológica) más la pérdida de la chance o el daño potencial. En este reclamo, no participa la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que no brinda ninguna cobertura en función de la responsabilidad civil, y por ende, es el empleador el que debe responder por una indemnización que no tiene reglas, ni pautas ni fórmulas previsibles, sino pura y simplemente la apreciación judicial. La responsabilidad generada por el derecho común, no solo es aquella basada en la culpa o dolo del empleador, sino también en aquella que surge por los hechos de las cosas (art. 1113 Código Civil) que se basa en los daños producidos por las cosas que entrañan riesgo o que padecen un vicio o defecto. En estos casos, el deber de reparar es del dueño o guardián de la cosa, y un basto espectro de responsabilidades solidarias interconectadas con la principal. Esta valoración de los daños por la vía del derecho común, a través de la jurisprudencia, ha generado los siguientes sub-sistemas:
* La estimación prudencial de los daños: es un sistema totalmente libre, en donde el juez estima el monto, sin utilizar ninguna regla específica, salvo la prudencial apreciación judicial;
* La renta vitalicia: en función del cual se tiene derecho a la cantidad de sueldos que faltan entre el momento que ocurrió el accidente y la fecha estimada para que la víctima se hubiera jubilado, o una proporción de ella si la incapacidad fuere parcial (‘acumulativa o pensional’);
* La renta financiera: es una suma tal que puesta a interés constante de plaza, permita pagar una cuota mensual equivalente al salario o a la parte de él conforme la incapacidad del accidentado, de modo tal que al alcanzar la edad para obtener la jubilación ordinaria, el trabajador pueda cobrar la última cuota agotándose así el capital y los intereses.
* La combinación de las alternativas iniciales: se pueden tomar ingredientes combinados de las tres primeras, a través de mecanismos que suelen ofrecer incoherencias entre sí, pero que suelen intercalarse o acumularse.
Estas eventuales condenas las deben soportar las empresas condenadas, y solo en casos excepcionales la justicia impuso la responsabilidad solidaria de la ART, por no haber controlado las normas de higiene y seguridad, o por la capitalización sin alternativa de cancelación de las prestaciones por incapacidad. En rigor, la solución intrasistémica es desproporcionada, y surge de las controversias que llegaron a tribunales, judicializándose peligrosamente un sistema que debería operar en forma automática y sin mayores debates o dilaciones.
El proceso precitado se desencadenó a medida que se verificó en la realidad que las indemnizaciones eran insuficientes y hasta exiguas. El sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo tenía otros defectos importantes:
* las medidas de prevención debían ser controladas por las ART, o sea que el prestador debía controlar a su cliente, lo cual, por definición parece contradictorio o poco eficiente;
* los procedimientos ligados a los controles médicos, tratamientos y medios curativos tenía un devenir errático;
* la naturaleza laboral de las enfermedades no listadas, o de las patologías cuya relación causal era ambivalente, generaron muchos conflictos.
En el 2004 que se dictaron fallos de la Suprema Corte que terminaron de fulminar el sistema al declarar la inconstitucionalidad del art. 39 (fallo ‘Aquino’) y al considerar competente a la justicia laboral y no la federal como lo establecía la ley (fallo ‘Castillo’), además de cuestionar el pago en cuotas o en prestaciones mensuales de las indemnizaciones que reparan el daño sufrido, además de destacar que los montos tarifados y especiales de la Ley de Riesgos eran insuficientes y a veces irrisorios, respecto del daño que se pretendía reparar. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo está elaborando un proyecto que ya tienen innumerables borradores, y que por un tema central, el de la opción entre los sistemas, se ha convertido en un callejón sin salida. Fueron consultados las empresas, las entidades más representativas, la CGT y sus especialistas, y expertos independientes. Muchos sostienen, que se ha llegado a esta situación por la falta de experiencia de la Corte Suprema en temas laborales, que permitió admitir -por vía interpretativa- y desde el fallo ‘Aquino’, que el trabajador cuenta con el llamado ‘cúmulo’. El eje de la actual discusión está en torno de establecer si el trabajador puede optar en forma excluyente entre dos sistemas, en forma complementaria, o en forma de cúmulo o superpuestas. Para ello tiene dos mecanismos indemnizatorios, a saber:
* el tarifado con montos que respondan a la realidad que deben reparar, calculados con una fórmula matemática, o
* por la vía del Código Civil persiguiendo la reparación integral conforme a los criterios que se aprecien y valoren judicialmente.
Las tres alternativas son:
* El primero es el de la opción excluyente. Si el trabajador opta en forma expresa o tácita por el sistema tarifado de la Ley de Riesgos, pierde automáticamente la opción de ir por la vía del Código Civil;
* El segundo es el de la opción acumulativa. una vez cobrada la suma tarifada, si el empleador ha incurrido en culpa grave o dolo, podrá reclamar la diferencia por la vía del Código Civil, (ambas se compensan entre sí), y solo debe afrontar la diferencia entre lo pagado y lo condenado; y
* La vía del cúmulo: se puede cobrar la indemnización tarifada, y luego, en forma irrestricta se puede demandar por la vía del Código Civil, sin que ambas se puedan compensar o acumular.
La falta de la mentada reforma de la Ley de Riesgos es ya una necesidad imperiosa, para asegurar las prestaciones al trabajador, y para proteger a las empresas de las consecuencias de los reclamos judiciales.

La proyección de los aumentos salariales y el cuadro de la crisis en las empresas

La proyección de los aumentos salariales y el cuadro de la crisis en las empresas
Fuente: La Ley Online
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 07-08-09

Julián A. de Diego
I. Introducción. II: La Negociación Colectiva de la Crisis. III. La Proyección de los Aumentos y los Mecanismos de Ajuste. IV. Perspectivas para el año 2010. V.- Conclusiónes

I. Introducción

La economía nacional experimentó un crecimiento en el PBI superior al 8% en los últimos cinco años calendario, y durante el 2009 descenderá abruptamente al 1 o 2%. El desempleo, la pobreza y la marginación, aún con mediciones opinables, mejoraron a partir del año 2003 en forma gradual, con seguridad hasta comienzos del año 2008, en alguna medida, en forma concomitante con el crecimiento de la economía. Luego, volvieron a crecer con el avance de la recesión y con la crisis del campo.

Los salarios tuvieron un proceso de activación, -después de una década de congelamiento-, que comenzó cuando se estableció oficialmente la caída de la convertibilidad (año 2001), se produjo la devaluación del peso y se anunció desde el Poder Ejecutivo la declaración de cesación de pagos del Estado Argentino. En efecto, el Gobierno Nacional, en el medio de una crisis sin precedentes, solo atinó a generar algunos aumentos puntuales de suma fija y no remunerativa, que se dispusieron por decreto del Poder Ejecutivo, en función de la urgencia primero y de las atribuciones conferidas por La Ley de Emergencia Económica después, que le confería facultades genéricas en materia de política de ingresos. En aquellos momentos, años 2002 y 2003, comenzó a divulgarse la teoría de que había que mejorar la distribución del ingreso, y para ello, primero por razones de la emergencia, pero luego, por la convicción asumida por la Presidencia de la Nación, se incentivaron los aumentos salariales mediante dos mecanismos:

1. La necesidad de convertir las sumas fijas no remunerativas dispuestas por decretos del Poder Ejecutivo, en sumas que se integren a las retribuciones básicas de los convenios colectivos de trabajo. Con ello, los sindicatos que permanecían adormecidos pero en estado de vida latente, despertaron a un protagonismo que hoy condiciona política, social y económicamente al Gobierno Nacional en la fijación del ingreso de quienes trabajan en relación de dependencia;

2. Para desplazar la base de cálculo de los básicos convencionales, se recurrió al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Productividad y el Empleo, que incrementó hasta hoy en más del 500% la suma de $200, que por toda la década del 90 y hasta el año 2003, mantuvo a la suma congelada.

Este doble fenómeno fue el motor de la situación actual, en donde los salarios se descuentan en una combinación que articula el SMVM con las remuneraciones básicas de los convenios colectivos. El SMVM aumentó en poco más de cinco años más del 700%, desplazando o dando fundamento al desplazamiento de los básicos de los convenios, que primero buscaron una suerte de sinceramiento, y luego procuraron elevar y mejorar el poder de compra efectivo de los trabajadores representados por los sindicatos de base.

Ahora bien, este proceso comenzó con las funciones precitadas, elevar los valores mínimos incorporando los aumentos por decreto dentro de las escalas convencionales. Rápidamente este proceso se volcó a la mentada política de “la mejora de la distribución del ingreso”, con aumentos que en forma sistemática eran mayores que la inflación real.

Los efectos no se hicieron esperar:

a. el presupuesto de las empresas en materia laboral se incrementó por encima de otros parámetros de la economía, afectando competitividad, eficiencia y rentabilidad;

b. el aumento del costo laboral en las retribuciones convencionales impulsaron el ajuste de otros adicionales convencionales, y además de sumas o sistemas variables que se implementaban en cada compañía, con lo cual los aumentos en la base fueron superiores a los niveles esperados;

c. el aumento de la base superior a la inflación comenzó a solapar al personal subalterno con el personal de mandos medios, desarticulándose así la pirámide salarial, y quebrándose en parte el subsistema de retribuciones;

d. el avance de los básicos de convenio fue compensado primero con márgenes de absorción, pero luego cambió con restricciones a las absorciones, e inclusive con cláusulas que impedían la compensación con sumas concedidas en forma previa, o por encima de los valores convencionales obligatorios;

e. en negociaciones colectivas específicas se establecieron aumentos obligatorios, que no eran absorbibles ni compensables, o que se concedían bajo una prestación fija no remunerativa, que solo tenía posibilidades de absorción limitadas;

f. se fijaron también incrementos sobre el total de la remuneración real de los trabajadores comprendidos, además de modificarse las bases de las escalas (empleados de comercio y bancarios), que representaron en todos los casos aumentos de bolsillo que más allá de los básicos convencionales, neutralizaron y colonizaron todas las posibilidades de controlar en cada empresa su propia política salarial;

g. muchas negociaciones se resolvieron en el marco de graves y prolongados conflictos colectivos, que generaron más daños a las partes que los incrementos logrados, y que tuvieron efectos distorsivos, por haberse pactado en condiciones de máxima tensión, y en contra de la voluntad libre de los signatarios convencionales.

En un marco como el descrito, no se produjo la mentada redistribución del ingreso, sino que se generó un desplazamiento horizontal de recursos de las empresas menos rentables hacia las más rentables, o entre las de mayor solidez económica y financiera sobre las de menores recursos.

El proceso actual de elevación de los salarios de los convenios colectivos enfrenta una fuerte crisis con caídas significativas del nivel de actividad, de modo que una sobre-elevación de los básicos implica un efecto directo sobre el empleo.

II. La Negociación Colectiva de la Crisis

En un marco como el actual deberíamos estar negociando convenios colectivos de crisis, a fin de evitar daños que produce la recesión en curso, que en términos prácticos está provocando una caída importante de las ventas, la facturación y la rentabilidad de las empresas.

El crecimiento del nivel de desempleo que ha sido gradual pero constante nos enfrenta con una contracción clara de la masa crítica salarial, en contraposición con el aumento de los salarios pactados en forma convencional en la mayoría de las actividades, y con un ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil del 21%.

Un convenio de crisis es la respuesta técnica a la coyuntura actual, y evita la utilización de otros recursos, como la suspensión de la negociación colectiva, si la recesión se transforma en depresión.

Los convenios colectivos de crisis suelen incluir los siguientes contenidos:

1. Reformulación de la estructura salarial convencional: que puede contemplar reducciones, suspensión de ciertos ajustes o adicionales, reformulación de las categorías, y plazos de adecuación;

2. Aplicación de medidas coyunturales: enunciación y armado de herramientas de crisis, como procedimientos de autocomposición, sistemas de negociación en tiempos de crisis, reordenamiento de las medidas, forma de aplicación;

3. Mecanismos especiales para la actividad: la utilización de sistemas o subsistemas de cada actividad en particular, con una reformulación acorde con las circunstancias;

4. Reestructuración productiva: reformulación de la organización, tanto en el plano orgánico como en sus alcances prácticos.

5. Reformulación de las normas sobre jornada, descansos y licencias, en lo que hace a los beneficios y prestaciones otorgados por vía convencional, que se adecuen al plan de crisis integral;

6. Fórmulas para regresar al convenio original y parámetros de medición de la actividad, facturación, rentabilidad, productividad, con el fin de volver en forma racional al sistema normal.

III. La Proyección de los Aumentos y los Mecanismos

de Ajuste

El panorama de mitad del año 2009 presenta los siguientes grupos, conforme al comportamiento observado durante el primer cuatrimestre:

a. los que mantuvieron los salarios congelados, porque no llegaron a un acuerdo o porque acordaron congelarlas hasta visualizar que la actividad mejore;

b. los que mantuvieron los básicos congelados y adicionaron una suma fija no remunerativa, convertible en forma gradual y diferida en remunerativa;

c. los que ajustaron los básicos en función de un incremento porcentual, que generalmente se dividió en etapas y con ajustes que oscilaron entre 15 y 20% aproximadamente;

d. los ajustes combinados de un porcentual, una suma fija y variación de los adicionales convencionales que no contaban con corrección automática;

e. los que secuenciaron los ajustes, primero con una suma fija, luego con correcciones en los básicos, y por último con un acuerdo que englobaba a ambos trasladados a las escalas. Es importante observar que los sindicatos no aceptan no negociar, o postergar la negociación aún cuando no existan recursos disponibles. Quién no tiene capacidad para pagar los ajustes o al contrario, no puede sostener los pagos de las sumas adeudadas, podrá presentarse con el Procedimiento Preventivo de Crisis o con el Procedimiento de Reconversión Productiva, a fin de negociar las condiciones de supervivencia. Entre estas condiciones puede pactarse la postergación del pago del nuevo aumento, su diferimiento, y el modo de cancelación en el futuro.

IV. Perspectivas para el año 2010

La crisis desatada en el 2008 no presenta ninguna evidencia de que se revertirá en lo que queda del año 2009, y la mayoría de los analistas plantea que se extenderá por todo el año entrante. La mayoría de los problemas endógenos de las economías centrales no han sido todavía resueltos, y es paradigmático observar que se siguen manteniendo los mismos errores y se vuelven a producir los mismos procesos que desencadenaron la explosión de las burbujas financiera, accionaria y de inversiones e inmobiliaria. Es poco probable que los problemas se solucionen a partir de las mismas causas que los provocaron.

Si visualizamos los eventos del año 2009, con los aumentos salariales sectoriales y del Salario Mínimo Vital y Móvil, el año 2010 ofrece serios y muy críticos compromisos.

V. Conclusiones

La reinstalación de la negociación colectiva deberá recrearse en el marco de las nuevas condiciones y circunstancias de hecho, que nos enfrentan con una economía de retracción y de fuerte caída de la actividad.

* Con nuevos paradigmas se deberá operar con nuevas fórmulas que permitan preservar las unidades productivas, manteniendo o posibilitando el aumento de los puestos de trabajo.

* Las soluciones deben buscarse con nuevas herramientas, analizando descarnadamente los errores cometidos, y buscando mecanismos y estrategias que no permitan volver a cometer las mismas faltas. Es un dato clave de la realidad, que el sistema económico y financiero de cada país central soporta una crisis de credibilidad y que falta transparencia, que se reclaman mayores controles preventivos, y que se cometieron muchos abusos y excesos en nombre de la supuesta legalidad.

* Tratar de resolver los problemas reincidiendo en los errores cometidos, es algo así como trazar una nueva estrategia con los mismos componentes de la que ya fracasó.

* Resulta claro y contradictorio lo ocurrido en materia convencional con aumentos salariales que promedian el 20%, o del Salario Mínimo Vital y Móvil del 21%, contra una masa salarial en claro proceso de contracción, en función de la caída del nivel de actividad.

* Se imponen medidas propias de la crisis para el segundo semestre, y uno de los medios es a través de los convenios colectivos de crisis, que pueden pactar las condiciones especiales para la coyuntura.

* La distribución del ingreso se basa en la búsqueda de mayor equidad, en donde los que cuentan con menos recursos puedan gradualmente mejorar su poder de compra y de ahorro, contra los ingresos mayores que deberían moderarse razonablemente, en un contexto de crecimiento a fin de evitar la simple traslación de un sector a otro. Es de imposible factura redistribuir en épocas de contracción y en momentos en donde las empresas ven disminuidas en forma drástica su facturación, su productividad y su rentabilidad.

* Los aumentos sectoriales y generales son profesionales, y los interprofesionales, en las condiciones que ofrece hoy el mercado y con una caída singular de la actividad en general, obligan a adecuar los planteles de personal a las nuevas condiciones. Por ende, aumentos de costos son sinónimo de reestructuraciones, despidos y desempleo.

* En las empresas más importantes las desvinculaciones se generan con el pago de las indemnizaciones legales, inclusive con valores superiores a dichos guarismos. En las empresas medianas y en los pequeños establecimientos, y en la economía clandestina, es muy pobre el cumplimiento del pago de las indemnizaciones.

* El año 2010 estará sesgado por la crisis, altos niveles de desempleo, y una merma significativa en la actividad económica. Con ello se producirán graves problemas sociales, y crecerá la marginalidad y la pobreza. Solo es posible la mejora legítima del empleo y de los ingresos, en base al crecimiento de la economía en general, y de la inversión en particular. Para ello el Estado y el sistema legal deben garantizar un marco regulatorio estable, y reglas previsibles. Hoy, padecemos el mismo problema que afecta a casi todos los países emergentes: la falta de confianza de los inversores y la competencia despiadada que impone la ultra-globalización que se avecina.

* La realidad impone a los actores sociales sincerarse dentro del marco que ofrece una realidad incontrastable, y frente a una crisis como la que estamos padeciendo, no es posible continuar con acciones que solo se admiten en la prosperidad. Es imprescindible que los institutos laborales se adecuen rápidamente a los imperativos del mercado.

La caída del empleo en una economía en retracción

La caída del empleo en una economía en retracción
Fuente: El Cronista, Pág. 15/Sección: Opinión
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 14-01-09
Julián A. de Diego

La gran política del subsidio se ha convertido en una hipoteca, sobre todo en el plano laboral, donde el tratamiento de los trabajadores, conforme al sector, la región o la actividad ha sido totalmente inequitativo y basado en favoritismos

Los aumentos salariales generales producirán inexorablemente la caída del empleo si se producen dentro de una economía en retracción. La ecuación es muy simple: si el costo laboral total CLT aumenta con una cantidad determinada de trabajadores TrOcup y la producción vendida se reduce AEcon , la empresa se debe ajustar al nuevo esquema en todos los planos incluido el laboral. (+CLT =TrOcup -AEcon = Ajuste integral).
Si en una empresa hipotética el CLT es $ 30.000 y se reparte entre diez (10) trabajadores, y se produce un aumento mandatario del 20% y la actividad cayó en un 30%, la dotación se deberá reducir en 3 o 4 puestos de trabajo como mínimo (30 o 40% de la dotación original), o mantener el plantel importa bajar el costo en un 35%/45%, lo que representa suspensiones de bajo costo (art.223 bis, LCT), y por un plazo de alrededor de dos meses como máximo, (Ejemplo: CLT 30.000 x +-1.20 : 10 TrOcup . -AEcon = -3/4 trDesocup ).
Si se llega al despido, en las empresas de primer nivel se abonan indemnizaciones cuyo costo no será inferior al 140% del monto legal, en las medianas se abona el 100% del marco previsto en el art. 245 (LCT) y en las pequeñas se paga el 50% del monto legal. En cualquier caso el ‘pay back’ de estas indemnizaciones se amortiza en un promedio de 12 meses. Por ahora, es muy pequeña -casi insignificante- la incidencia de los despidos de empresas en cesación de pagos, crisis terminal o en concurso o en quiebra, en donde las posibilidades de cobro son remotas.
De una política de recuperación, crecimiento, y hasta abundancia que se extendió por más de cuatro años hemos ingresado dramáticamente a una política de escasez, falta de crédito, y ya se sienten los primeros efectos de una recesión incipiente. Quien tiene no gasta ni invierte por prevención, quién no tiene no gasta porque no puede.
El ajuste general puede producir además desplazamientos de ingresos de un sector a otro, y adicionar un nuevo conflicto intersectorial. De hecho, una de las luchas más claras y despiadadas que se dio en estos años es entre sindicatos por la representación de los trabajadores a cuyos fines contar con un salario convencional alto se convirtió en el instrumento estratégico fundamental para seducir a los interesados de pasar de una actividad o profesión a otra, (Ejemplos: la empleados de limpieza de los subtes en ATE, los trabajadores de logística en camioneros, los servicios complementarios en el gremio de la actividad principal del contratante, etc.). En otras palabras, el debate hoy no debe centrarse en pautas oficiosas como la del 13% surgida de los pasillos oficiales, ni en la libertad de negociación de los salarios reclamada por la CGT. Lo esencial es revisar la política de ingresos en el contexto del 2009 que nada tiene que ver con la puja distributiva del lapso 2004/2008. Las posibilidades distribucionistas se desplomaron con la crisis financiera global, con los efectos en la economía regional, y ahora, con la conmoción dentro de la economía real de cada sector y región a nivel local, por ahora evidenciada en un deterioro del consumo, y en la paralización de la creación de empleo. Los pactos sociales, la gran paritaria nacional, y los grupos de coordinación solo son eficaces con la participación de los ‘players‘ principales de cada actividad, y con una fuerte contribución del Estado disminuyendo el gasto público improductivo, volcando recursos a las inversiones de infraestructura, y promoviendo una reforma fiscal integral que le permita al sistema volver a recuperar la equidad y la distribución equitativa y justa de las cargas previsionales e impositivas. La gran política del subsidio se ha convertido en una hipoteca, sobre todo en el plano laboral, donde el tratamiento de los trabajadores, conforme al sector, la región, o la actividad ha sido totalmente inequitativa y basada en favoritismos.
Los ajustes por actividad dentro de la negociación colectiva libre (sin pautas) no es compatible tampoco con las restricciones en los precios basados en los controles, ni con las que impongan los mercados. Es por ello, que hay que vigilar las importaciones para evitar damping económico y también social, cuando los productos provienen de economías con costos y productividad completamente diversos a los nuestros.
En un marco tan simple como el precitado, no tiene relevancia alguna si las empresas tuvieron buenos resultados anteriores, ya que los mismos se reinvirtieron, se distribuyeron utilidades, premios, bonus, etc. Lo importante para evaluar el futuro inmediato, es el nivel de ventas y de rentabilidad, en relación con la inversión y la estructura. Es más, se podría considerar como un factor aleatorio la competitividad global, ya que los mercados no solo se han segmentado, sino que actualmente se han fracturado, en la búsqueda desesperada de las corporaciones de salvar lo esencial para sobrevivir. En la crisis por la supervivencia, no hay reglas, o las reglas cambian subordinadas con necesidades cruciales.
Se pueden adoptar una serie de medidas que pueden tener efectos positivos como por ejemplo:
n que los salarios sean objeto de discusión y negociación ex post facto, o sea que no debería anticiparse inflación proyectada, sino que debería evaluarse la inflación transcurrida y conforme la evolución de la actividad en cada sector;
n que las discusiones se basen en mejoras de la productividad o en un marco de viabilidad mínimo, diferenciando a las pequeñas empresas de las medianas y de las grandes, y en su caso, a las que están en grave crisis de las que operan bajo condiciones operativas normales;
n una reforma integral del sistema tributario que permita recuperar la equidad y justicia en la distribución de las cargas;
n que se abandone el voluntarismo de anular los despidos, ya que para neutralizarlos solo se necesita contar o crear las condiciones para preservar el crecimiento sustentable; y
n generar políticas de promoción de las inversiones con mano de obra intensiva, que cuenten con actividad operativa y desarrollo tecnológico, alineados con las necesidades y demandas más importantes del mercado regional e internacional.

Estudio Jurídico Líder en Asesoramiento Laboral Empresario y Atención de Conflictos Individuales y Colectivos

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