Pacto social, puente de un nuevo plan económico?

Pacto social, puente de un nuevo plan económico?
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-10-07

La UIA, AEA e IDEA recibieron la impronta de la senadora Cristina Kirchner de que su primer paso de gobierno será la búsqueda de un acuerdo plurisectorial y multipropósito sobre precios, salarios y otros parámetros fundamentales de la economía, dentro de un gran pacto social .


La convergencia en base a reglas claras y con un plazo predeterminado, sinceramiento de parámetros cuestionados sobre crecimiento inflación y desempleo, reacomodación de tarifas, precios y salarios, sacrificios equitativos para todas las partes involucradas, son algunas de las expresiones que se combinan con una suerte de gran acuerdo nacional para salir de la actual encrucijada.

La realidad es mucho más drástica que cualquier declaración de la dirigencia política, empresaria y sindical. En alguna medida, todos son responsables del statu quo actual. La inflación es el resultado de la reacomodación de los costos, en donde el laboral ha jugado un papel relevante. En rigor, es el único parámetro que ha operado con libertad en el marco de las negociaciones colectivas. En cambio, el resto de las variables está bajo controles, restricciones o congelamientos. El INDEC ha colaborado con lo suyo para contribuir a la confusión, y en medio de ellas, aparece la amenaza de una nueva y profunda crisis.

Hay una diferencia sustantiva entre el diálogo social con los pactos sociales. El primero es la posibilidad de que se creen mecanismos de concertación a través de la intervención convergente de todos los sectores, con el ánimo de forjar un acuerdo multisectorial. Es por ello, que una de las dificultades que hay que sortear tiene que ver con el grado de representatividad de los eventuales actores, y luego, con el grado de confiabilidad de las propuestas. Uno de los temas críticos del diálogo social de otras experiencias comparadas, sobre todo europeas, es que los entes representativos no lo eran, o siéndolo, generaron propuestas más ligadas a los deseos o intereses de la burocracia, que auténticamente, la surgida de cada sector relevante de la economía de un país, (Gino Giuni, Italia).

Paliativos

Los pactos sociales fueron famosos en la década del 80 en España después del Pacto de La Moncloa (1978), como un peldaño en camino de la inclusión de España dentro del Mercado Común Europeo, medio que le generó el crecimiento económico futuro. Si analizamos el devenir de los acontecimientos en España, los acuerdos sociales fueron sólo paliativos hasta llegar a su inclusión, (Efrén Borrajo Dacruz, España). En Italia, con los acuerdos marco interconfederales a partir de la iniciativa del gobierno italiano y en especial del ministro Scoti, (de allí que los acuerdos fueran denominados «los protocolos Scoti»), ocurrió otro tanto. Los acuerdos fueron sólo puentes hacia una apertura económica y social, pero en sí mismos no fueron trascendentes, salvo en lo que tuvieron de acuerdo político integral.
En realidad, los pactos sociales no son es sí mismos una solución, ni siquiera contenían instrumentos ni políticas activas, sino que conformaron y pueden conformar una suerte de puente hacia un nuevo plan económico y social. Si el pacto social es una fórmula para lograr el tan mentado sinceramiento, es o puede ser un objetivo deseable.
Toda la economía está debatiéndose entre la realidad y la ficción, donde un control de precios férreo contrapone con la inflación real que es el doble de la que enuncia el INDEC. Los salarios fueron pautados por el gobierno nacional en 16,5% -es bueno recordarlo- y terminan el año con un efecto en torno del doble. La crisis energética conspiró contra el crecimiento y en muchos casos produjo pérdidas significativas en producción y en rentabilidad. Con ello resulta claro -por ejemplo- que sin una mejora de tarifas para el sector energético, no es posible afrontar los desafíos del crecimiento sostenido, que requiere un plan de infraestructura quinquenal, como en petróleo, gas y agua.

Oportunidad

El Estado con subsidios no puede suplir las carencias objetivas ni las fisuras que acosan a la economías. Es por ello que volvemos a tener una oportunidad única de lograr un nuevo punto de inflexión. Se lo suele llamar «cross routes» o encrucijada, en donde si tomamos el camino correcto, la economía seguirá creciendo en forma sustentable. Si en cambio, seguimos operando en un mar de ficciones, los resultados serán inexorablemente ficticios.

Gremios contra inflación oficial: piden ya aumento de 30% para 2008

Gremios contra inflación oficial: piden ya aumento de 30% para 2008
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 25-09-07

El Presupuesto nacional estima la inflación para 2008 en menos de 10%, y los gremios reclaman ajustes que oscilan entre 20% y 30%.


Las empresas presupuestaron sus aumentos alrededor de la inflación real y, para determinarla, recurren discretamente a las mediciones de las consultoras económicas tradicionales. Todos enfrentarán los ajustes de los insumos y las tarifas, y la contradicción de los controles de precios desplegada desde la Secretaría de Comercio. La adhesión o el rechazo de la alianza de los gremios con el gobierno nacional los determinarán el porcentaje de los aumentos y la estrategia para lograrlos.
Tres plazos generan expectativas y presentan incógnitas, uno se extiende hasta el 28 de octubre, otro será el de transición entre el 29 de octubre y la asunción del nuevo gobierno el 12 de diciembre, y el otro a partir de esa fecha.
Hugo Moyano, desde la CGT oficialista, habla de 20% de aumento enarbolandola postura oficial para el próximo año, y los demás visualizan el anuncio como un testeo de lo que cada gremio hará dentro del marco de la estrategia sindical con el nuevo gobierno. Mientras «los gordos» esperan el curso de los acontecimientos, hablan de la canasta familiar y de la inflación real para proteger el salario real. A su vez, se mantienen en diálogo permanente con todos los que no quieren a Moyano, y que ahora son más de 70% de las agrupaciones sindicales reconocidas. Los líberos son José Rodríguez de SMATA y Gerardo Martínez de UOCRA. Rodríguez desarrolla su propia estrategia con las terminales automotrices, propiciando una negociación por vía de un acuerdo marco en materia salarial, sin perjuicio de los convenios por empresa que tiene con cada una de las grandes marcas. La UOCRA ha resuelto esperar por ahora dentro de las filas de la CGT moyanista. La UOM, la conducción más neutral y menos contaminada de los grandes gremios, siempre enfrentada con SMATA por razones de representación de los trabajadores del sector autopartista, es liderada por Antonio Caló (Pirelli-UOM sec. Cap. Fed.) y Naldo Brunelli (UOM siderúrgicos), quienes tienen aspiraciones en la futura conjunción y piden la inflación más una recuperación gradual, solicitud que es histórica como lo son los fundamentos y reclamos de la UOM.
# Revancha
Armando Cavalieri, de empleados de comercio, desde los «gordos» busca 30% sobre los salarios reales, estrategia que lo ha colocado a la cabeza de la recuperación del protagonismo de los dirigentes tradicionales. Luis Barrionuevo, mientras tanto, con sus catorce gremios rebeldes, renunció a la CGT y sigue aglutinando adhesiones, preparados para una revancha desde afuera. No tiene posición tomada sobre los aumentos y espera que otros hablen.
La CTA, postergada por la falta de reconocimiento de su personería, sigue presentando un cuadro complejo frente a los reclamos salariales, con organizaciones sindicales ligadas al Estado como los docentes y una parte de los empleados públicos, y con grupos de izquierda de diversa extracción y origen. Con ello, no tienen el rumbo determinado y, de hecho, en las próximas elecciones, tendrán un espectro totalmente atomizado de candidatos y posturas, que le han hecho perder la oportunidad de unir fuerzas. En rigor, el gran problema de la CTA es que no es una organización sindical de tercer grado, sino un ente que acopia a los grupos de izquierda frustrados y claramente minoritarios.
# Inviable
El cuadro es demasiado complejo para consolidar un frente sindical unificado que permita un pacto bajo el formato de un «acuerdo marco». Si vamos hacia un «pacto social», encaminados hacia un acuerdo de precios y de salarios, con otros temas ensamblados, la negociación colectiva de salarios es inviable. El pacto social puede ser un acuerdo marco operativo o programático. Si es operativo, el aumento salarial y de precios no tendrá otros pasos ulteriores, y se deberá aplicar en forma directa y manu militari. En cambio, si el acuerdo marco es programático, luego las partes deben suscribir un acuerdo posterior para determinar «cómo» se opera el aumento salarial en cada sector, sujeto a la homologación del Ministerio de Trabajo.
Esta alternativa es cavar la tumba del proyecto en sí mismo, ya que sabemos que sobre la base de las presiones y los conflictos habituales, un paso con el protagonismo sindical de por medio puede producir un acuerdo, que por alguna vía no respetará los límites del marco, y volveremos al probable desborde del costo laboral.

Replantea forma de despidos fin de la doble indemnización.

Replantea forma de despidos fin de la doble indemnización.
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 17-09-07

El próximo 20 de setiembre caduca finalmente la llamada doble indemnización que en estos momentos representaba 50% de recargo sobre la indemnización por despido incausado.


El Decreto 1.224/2000 rige después de los ocho días del 11 de setiembre pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial, o sea, desde la cero hora del 20/9/07. También perdió vigencia el Decreto 264/2002, por el cual cualquier despido debía seguir un trámite especial, ya sea el Procedimiento Preventivo de Crisis o, en su caso, la simple notificación al Ministerio de Trabajo y al sindicato.

Desde la misma fecha, este último procedimiento como el Decreto 328/88 sólo serán obligatorios cuando los despidos se produzcan por falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, caso fortuito o fuerza mayor, y las situaciones especiales de reconversión tecnológica y orga-nizacional.
En pocas palabras, cada subsistema vuelve a su cauce, dentro de un marco de normalidad, y fuera de la emergencia ocupacional que se extendió por cuatro años. Para el gobierno nacional se puso fin a un sistema que fue útil política y socialmente para desalentar los despidos colectivos dentro de la economía formal y en especial entre las empresas medianas y grandes. Así como la derogó la puede volver a instalar si cunde alguna alarma.

Huelgas, empresas y legalidad.

Huelgas, empresas y legalidad.
Fuente: Perfil – Pág. 30 / Economía
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 16-09-07

El estado de conflicto permanente se ha adueñado de la existencia y del control de muchas empresas convirtiendo a la vez en rehenes a los clientes y usuarios.


El estado de conflicto permanente se ha adueñado de la existencia y del control de muchas empresas convirtiendo a la vez en rehenes a los clientes y usuarios.
Es un formato parecido a la “lucha de clases” de Engels y Marx . Basta con citar la situación de los subtes, los servicios de transporte aéreo, los ferrocarriles, la educación y los servicios públicos en general. El fenómeno de las medidas de fuerza violentas nació de una nueva concepción de los supuestos derechos de los gremios emulando “el síndrome del piquete”: hacer daño, llamar la atención, y obtener un beneficio. Este nuevo paradigma puede claramente inscribirse dentro de la “teoría del caos”, y tiene cuatro ejes: a) la violencia física o psicológica; b) confrontación primero, negociación después; c) la total desobediencia legal y desapego a las normas; y d) el no sometimiento a los procedimientos legales.
Veamos. La violencia es uno de los temas centrales, que está conformado por la amenaza contra la integridad física o contra los bienes, en donde no son ajenos los encapuchados, los palos, y aparecen los heridos o la destrucción de bienes públicos y privados.
El segundo cambio proviene de la anteposición de una medida de fuerza a cualquier diálogo. Es como una emboscada, una trampa a partir de la cual toda negociación está condicionada por la parálisis de la actividad, por el sabotaje y por la extorsión. Nada que surja como salida de un estado de conflicto como el descripto es duradero ni sustentable. El tercer tema refiere a la impunidad que se experimenta durante las acciones violentas, donde hay reticencia de la Justicia penal a intervenir alegando que es un conflicto laboral, en donde las fuerzas de seguridad intervienen con muchas dificultades.
Si reprimen son condenadas por violentas, si no participan son cuestionadas por inoperantes. En el plano laboral, la autoridad de aplicación no tiene medios de neutralizar la violencia en el momento que ocurre. Tampoco se aplican las sanciones que la legislación ha establecido. Este es el cuarto elemento, y se refiere al abandono del funcionamiento normal de las instituciones, y de la casi total ausencia de la institucionalidad.
Sin límites legales, sin contención institucional, sin sanciones a los abusos o a la violación de la legislación, la huelga salvaje crece. De hecho, el fenómeno más preocupante es el abandono de la paz como statu quo normal, y el paso al llamado “estado de conflicto permanente”.
De hecho, las raíces de una medida de fuerza deben rastrearse en una triple combinación de intereses en juego, uno proveniente de las bases que buscan una reivindicación -casi siempre una mejora de salarios-, otra generada por la conducción gremial que quiere liderar los reclamos y los conflictos para preservar el dominio y para evitar que otra la reemplace, y el tercer factor es la vulnerabilidad de las empresas frente a la falta de contención legal e institucional. El daño que puede sufrir una empresa, cuando es mayor que los reclamos, cede y generalmente acepta condiciones distorisivas para su futuro y el de su competitividad.
Queda el interrogante sobre el modo de enfrentar estos abusos violentos y cómo volver a encarrilar el conflicto social. Por lo pronto, no es posible si no existe una decisión del poder político de encuadrar las medidas de fuerza en el marco de la huelga, con los límites establecidos por la correcta interpretación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La huelga es el último recurso, solo puede consistir en la suspensión del trabajo por un tiempo breve y determinado, no puede incluir ningún acto de violencia física ni psicológica, debe tener un objeto laboral de naturaleza colectiva, y debe respetar todos los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. Un reciente fallo condenó la violencia, declaró una medida de fuerza con bloqueos y barricadas como ilegal, y consideró justificado el despido de quien participó de las acciones violentas.
Junto al regreso de la huelga a su cause, necesariamente deben tipificarse y condenarse como delitos a los delitos cometidos con motivo de una huelga, como es ilícito obstruir la vía pública, lesionar a un tercero, también lo es no brindar el servicio de salud o de transporte, sin prestar los servicios esenciales a la comunidad.
Se deberían cumplir con todos los procesos de negociación como el medio más idóneo para resolver los reclamos laborales.
Existen finalmente algunos recursos novedosos. Los sistemas de autocomposición, consistentes en procedimientos acordados en los convenios colectivos, que obligan a ambas partes a evitar medidas de fuerza, sin antes cumplir con un proceso de aproximación, diálogo y negociación.
Finalmente, los acuerdos salariales y convencionales deben estar acompañados de cláusulas de paz explícitas, de modo que la violación de la misma dé por decaído o decrete la caducidad de la mejora salarial pactadas.
Volver a la paz social como regla básica de convivencia es esencial para el futuro de cualquier inversión, para la previsibilidad de las existentes, y por último, para que la teoría del caos y de la confrontación y el conflicto no se apodere de la vida laboral de la Argentina.
(*)Asesor laboral de empresas.

Indemnizaciones por despido, en aumento

Indemnizaciones por despido, en aumento
Fuente: Fortuna, pagina 32-33
Autor: Julián Arturo de Diego
Fecha: 15-09-07

AUN SIN “LA DOBLE” Por la imposición de multas y recargos, ningún reclamo que llegue a sede judicial parte de una suma menor que la que imponía la Ley Duhalde.


El ex presidente Eduardo Duhalde inventó “la doble” en medio de una de las crisis laborales más graves de la historia reciente, con más del 20% de desempleo, y al final de una profunda depresión recesiva que se extendió por más de cinco años hasta mediados de 2002. El presidente Néstor Kirchner la derogó por medio del decreto 1224/07 que regirá plenamente a partir del 20 de septiembre próximo. Así se terminó la discusión acerca de si había caducado o no en forma automática esta norma: ahora la caída de “la doble” tiene fecha cierta, y todos los índices del INDEC de desempleo están por debajo del 10%, tal como lo establecía el artículo 4° de la Ley 25.972.
El índice cerrado -con los planes sociales incluidos como trabajadoreses del 8,5% y el que excluye los planes alcanzó el 9,5% en la medición del segundo trimestre de 2007.
RESPONSABILIDAD. El decreto 1224 era conveniente y necesario, no sólo por razones de seguridad jurídica, sino además por una cuestión de responsabilidad social del Estado, que impuso un cepo por una vía legal, y claramente, debía derogarlo una vez desaparecidas las causas que le dieron origen. No obstante, queda la duda de los eventuales reclamos que se puedan presentar en zonas del país como Rosario (11,2% de desocupación) o Salta (10,5%).
En realidad, la Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561) suspendió los despidos sin causa, pero la prohibición era relativa ya que si se producía el distracto se castigaba al empleador con una indemnización agravada que en sus comienzos fue del 100% de recargo, luego del 80% y en el último tramo del 50%. La consigna era obstruir, desalentar y si fuera posible impedir que las empresas despidieran personal.
Para conseguirlo se dictaron una serie de normas (los decretos 264/2002 y 265/2002) que obligaron a las empresas a presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis antes de que se dispusieran despidos colectivos, y si el número era menor se debía recurrir al decreto 328/88 que imponía el deber de denunciar las desvinculaciones ante el Ministerio de Trabajo, con la intervención del sindicato representativo de los trabajadores despedidos. El objetivo perseguido se cumplió en aquel momento a medias.
Las empresas pequeñas y en grave crisis no pagaron “la doble” ni ninguna otra indemnización, sencillamente por falta de recursos. Las empresas medianas y grandes y las multinacionales asumieron los pagos.
En cualquier caso, la batería de recursos utilizada cumplió en gran parte con su objetivo dentro del ámbito del empleo formal. También las causas que dieron origen a todas estas medidas disminuyeron en intensidad e importancia. La economía creció junto al empleo, y la capacidad ociosa de las empresas y las inversiones para operarlas hicieron bajar la tasa de desocupación rápidamente.
INCERTIDUMBRE. Se abre la incógnita sobre qué va a ocurrir a partir del 20 de septiembre cuando definitivamente “la doble” no tenga más vigencia. En general, con un mercado demandante de mano de obra como el actual es muy poco probable que haya empresas “esperando” el momento en que la indemnización vuelva a la normalidad para prescindir de personal, y mucho menos probable es que haya medidas colectivas.
En cualquier caso, despedir trabajadores se ha convertido en un drama con grave incidencia en el costo laboral contingente.
Es que mientras “la doble” iba cayendo, la realidad salarial y la jurisprudencia fueron aumentando la indemnización por despido. En primer lugar, los topes previstos por el régimen legal (tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo aplicable) se actualizaron con la negociación salarial y, por ende, los trabajadores que tienen salarios inferiores a $ 3.500 (más del 74% del total) ante un despido sin causa cobran un sueldo completo por año de antigüedad o fracción mayor de tres meses, en la mayoría de los casos.
Los que cobran sueldos superiores han sido beneficiados por el fallo “Vizzoti” de la Corte Suprema, que estableció que si el tope implica una reducción del mejor salario de más del 33%, al despedido se le debe pagar el 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Este fallo, muy criticado desde el sector empresario, no es el techo sino que se ha constituido en el piso mínimo.
En forma creciente los fallos de los tribunales laborales están mandando pagar el 100% de la mejor remuneración mensual normal y habitual considerando que el tope legal genera distorsiones que afectan, además del derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional) el principio de igualdad ante la ley en las mismas circunstancias.
Se toma en cuenta el derecho de propiedad del trabajador, y no se hace la misma evaluación acerca del derecho de propiedad de las empresas.
AUMENTOS. Este panorama sigue agravándose con numerosas decisiones de la justicia laboral que permiten activar multas y recargos sobre la indemnización por despido. Por ejemplo, un viático mal liquidado o una prestación dudosa (el celular, los gastos de automóvil, o la cochera) puede generar multas que incrementan sustancialmente la indemnización por despido. Si dicha indemnización no fue pagada en término o se pagó en forma insuficiente, previa intimación, tiene recargos del 50%, y si la relación laboral es no registrada o deficientemente registrada, la indemnización se duplica, (Ley Nacional de Empleo 24.013, y Ley 25.323). Hay multas por falta de entrega de los certificados de trabajo que ascienden a tres salarios computados en base a la mejor remuneración.
A su vez en el Congreso, una reforma legal propiciada por el Diputado Héctor Recalde propone suprimir el tope de la indemnización por despido, de modo que la misma se calcule en función de un mes de la mejor remuneración del trabajador sin tope por año de servicio o fracción mayor de tres meses. También propone subir el mínimo de dicha indemnización a dos sueldos sin tope, derecho que tendría el trabajador a partir de tres meses y un día de su ingreso.
En síntesis, por decreto cayó “la doble” y por vía de las leyes, las sentencias y las reformas, la indemnización por despido sigue aumentando su valor. Si tomamos el mejor salario y los riesgos de la multa, ningún reclamo que llegue a sede judicial parte de una suma menor que dos sueldos por año de antigüedad, paradójicamente el mismo monto que la Ley Duhalde, es decir la indemnización por despido más el 100% de recargo.
Si la Argentina quiere ser un país competitivo, que brinde seguridad jurídica y que atraiga inversiones, no puede mantenerse el modelo consagrado por la actual legislación. A pesar de que ha sido creado para perseguir al trabajo no registrado y la evasión laboral y previsional, sólo castiga a las empresas que cumplen, que son a su vez las que tienen respaldo patrimonial para asumir las consecuencias de semejante batería de reclamos. La previsibilidad, la certeza en la aplicación del marco regulatorio y la confiabilidad y razonabilidad en el funcionamiento y los resultados generados desde la jurisprudencia son componentes esenciales de la seguridad jurídica.
(*) ASESOR LABORAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES EMPRESARIAS.

La caducidad de La Doble

La caducidad de La Doble
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-09-07

El poder ejecutivo ratificó la caducidad de La Doble y Terminó con el debate. El decreto 1224/2007 dio por terminada la vigencia de la doble que actualmente constituía un recargo del 50% de la indemnización por despido. Dado que la norma no establece la fecha de vigencia, se deberán computar ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial (Código Civil, art- 2dp. Título Preliminar).


Con ello se dio por concluido el debate según el cual algunos asesores opinaban que la caducidad era automática. En rigor, la Ley 25.972 había extendido la vigencia la Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561), hasta el 31 de diciembre de 2007, estableciendo lo siguiente: “prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%). El Presidente Nestor Kirschner había anunciado en conjunción con el Ministro Carlos Tomada que el Poder Ejecutivo determinaría por vía de una norma reglamentaria la caída de “la doble”, para dar certeza al debate planteado, y una vez apreciada la sustentabilidad del índice. También se daba la paradoja de que el INDEC tiene varios índices, y el que había caído por debajo del 10% en abril era uno solo de ellos, el que incluía como personal ocupado a los beneficiarios de los planes sociales. En estos momentos tanto el desempleo abierto como el cerrado están por debajo del 10%, y por esa razón se dictó la ansiada disposición.
Consecuentemente, ha perdido vigencia también el decreto 264/2002 que imponía la obligación de sustanciar el Procedimiento Preventivo de Crisis (arts. 99 y ccs. Ley 24.013) o el decreto 328/88 frente a cualquier despido sin causa. Eso no significa que dichos procedimientos reglados en la Ley Nacional de Empleo y en el decreto 328/88 dejen de aplicarse para las situaciones previstas en dichas normas, a saber: despidos, suspensiones o reducción de jornada por causas económicas, tecnológicas o de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Es por eso, reiteramos, que mantienen vigencia los decretos 328/88 y 265/2002, uno relativo a la obligación de informar al Ministerio de Trabajo los despidos por falta odisminución de trabajo, y el otro, reglamentario del Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la ley 24.013.
La decisión del Poder Ejecutivo es por demás correcta, tanto en el plano del dar certeza jurídica a la caída de “la doble”, que a la vez fije la fecha de corte, como en lo relativo a la oportunidad de resolver la incógnita. En efecto, el recargo de la indemnización por despido, que en sus comienzos fue del 100%, luego del 80% y ahora del 50% se creó para una clara situación de “emergencia ocupacional”, que no es la experimentada en la actualidad. Es más, el mercado laboral es claramente demandante de mano de obra, con tendencia sostenida, y no existen despidos colectivos por crisis, salvo alguna rara excepción.
Entre abril de 2007 y la vigencia del decreto 1224/2007, quién despidió sin abonar los recargos se expuso a un severo riesgo judicial, no solo por la procedencia y cuantía de “la doble” en si misma, sino por la generación de reclamos accesorios como las multas y duplicaciones asociados al no pago de las indemnizaciones legales adeudadas, y otros rubros contingentes que se pudieren adicional abultando las demandas en forma desmedida. Si a ello le agregamos, además del incremento de la litigiosidad, los intereses y costas sobre los rubros reclamados, parecía prudente seguir los lineamientos que el mismo Poder Ejecutivo enunció desde el comienzo de este debate.
La caducidad dispuesta por el decreto 1224/2007 es la conclusión de una etapa olvidable de nuestra historia laboral y económica, a la que se da fin en el marco de un importante crecimiento del empleo formal, genuino y sustentable.

Una señal de normalidad

Una señal de normalidad
Fuente: Pagina 12 – Pág. 3
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-09-07

Entrevista sobre la doble indemnización. Lo que hizo el gobierno es cumplir con el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10%. El ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión no se halla tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas que a los ocho días de su publicación el recargo dejara d e tener vigencia.


Entrevista a Julián De Diego, sobre la doble indemnización. Lo que hizo el gobierno es cumplir con el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10%. El ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión no se halla tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas que a los ocho días de su publicación el recargo dejara d e tener vigencia.

Sin la doble

Sin la doble
Fuente: Página12 – Pág. 3 Sección: El País

Fecha: 11-09-07

El Gobierno derogó la doble indemnización por despido, que tendrá vigencia ocho días corridos después de ser publicado el decreto. La discusión ahora pasa por saber el fin empresario en presionar por su eliminación: si puramente ideológico, como cree el Gobierno, o para abaratar despidos, como temen la CGT y CTA.


(…)

Un decreto sí, otro no
La interpretación sobre los alcances de la medida dispuesta ayer dejó abierta alguna controversia. El Ministerio de Trabajo aclaró ayer, a través de un comunicado, que se encuentra vigente el decreto Nº265/02 que regula la tramitación de los procedimientos especiales que deben ser efectuados ante la Autoridad Laboral, previamente a que el empleador comunique despido, suspensión o reducción de jornada que afecten a todo o parte de su plantel. Esos procedimientos consisten básicamente en la presentación por parte de la empresa de distintos elementos tendientes a establecer la necesidad de producir despidos frente a la existencia y dimensión de alguna crisis que debe ser justificada. Luego se procede a la celebración de audiencias entre la empresa y el sindicato que representa a los trabajadores para llegar a un acuerdo entre las partes que permita minimizar la afectación del colectivo de trabajadores que se verían involucrados. Tales procedimientos son obligatorios. Junto al decreto 265/02 se había aprobado el mismo día el decreto 264/02, que fijaba la obligación de informar no sólo cuándo se alcanzaban los porcentajes de despido determinados en el artículo 98 de la ley 24.013, sino en todos los casos. El abogado Julián De Diego dijo que este último decreto cayó junto a la indemnización especial. En Trabajo, en tanto, informaron que “el 264 deja de tener entidad porque regulaba la suspensión de los despidos, situación que dejó de existir”. En cambio, ratificaron la vigencia del 265.

(…)

El punto de vista patronal
JULIAN DE DIEGO *
Una señal de normalidad
–¿Qué opina de la derogación de la indemnización especial?
–Lo que hizo el Gobierno es cumplir con el artículo 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10 por ciento. El Ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión se haya tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas de que a los ocho días de su publicación el recargo dejará de tener vigencia.
–¿Esta decisión tiene efecto sobre alguna otra norma?
–Es importante haber dejado sin efecto el decreto 264 del 2002 que obligaba a las empresas que realizaban un despido colectivo sin causa a iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Eso significa que no se podía despedir hasta acreditar el Estado de emergencia ocupacional, situación que demoraba la concreción de la medida.
–¿Puede aumentar la cantidad de despidos a partir de ahora?
–Las empresas a las que represento no nos estaban preguntando cuándo iba a caer el recargo por indemnización. En la actualidad, salvo casos muy puntuales, no se está despidiendo sino contratando personal. Alcanza con ver los avisos en los diarios. Este es el mejor momento para tomar la decisión porque no hay ninguna crisis.
–¿Los empresarios pidieron que se derogara ahora?
–Había que cumplir con la ley, pero está medida no la estaba pidiendo nadie. Es una decisión del Gobierno que busca transmitirles una señal de normalidad a las empresas. Dejarles en claro que, si bien todavía quedan asuntos por resolver, la crisis ya pasó.
* Abogado de empresas.

Fin para etapa laboral olvidable

Fin para etapa laboral olvidable
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-09-07

Con el Decreto 1.224/2007 se dio por terminada la vigencia de la doble indemnización que actualmente constituía un recargo de 50% de la indemnización por despido.


Pero dado que la norma no establece la fecha de vigencia, se deberán computar ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Con ello se dio por concluido el debate según el cual algunos asesores opinaban que la caducidad era automática.

En rigor, la Ley 25.972 había extendido la vigencia la Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561) hasta el 31 de diciembre de 2007, estableciendo lo siguiente: « Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior a diez por ciento (10%)». El presidente Néstor Kirchner había anunciado en conjunción con el ministro Carlos Tomada que el Poder Ejecutivo determinaría por vía de una norma reglamentaria la caída de «la doble», para dar certeza al debate planteado, y una vez apreciada la sustentabilidad del índice.
También se daba la paradoja de que el INDEC tiene varios índices y el que había caído por debajo de 10% en abril era uno solo de ellos, el que incluía como personal ocupado a los beneficiarios de los planes sociales. En estos momentos tanto el desempleo abierto como el cerrado están por debajo de 10% y por esa razón se dictó la ansiada disposición.
Consecuentemente, ha perdido vigencia también el Decreto 264/2002 que imponía la obligación de sustanciar el Procedimiento Preventivo de Crisis (arts. 99 y ccs. Ley 24.013) o el Decreto 328/88 frente a cualquier despido sin causa. Eso no significa que dichos procedimientos reglados en la Ley Nacional de Empleo y en el Decreto 328/ 88 dejen de aplicarse para las situaciones previstas en dichas normas, a saber: despidos, suspensiones o reducción de jornada por causas económicas, tecnológicas o de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Es por eso, reiteramos, que mantienen vigencia los decretos 328/88 y 265/2002, uno relativo a la obligación de informar al Ministerio de Trabajo los despidos por falta o disminución de trabajo y el otro, reglamentario del Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la Ley 24.013.

Emergencia
La decisión del Poder Ejecutivo es por demás correcta, tanto en el plano de dar certeza jurídica a la caída de «la doble», que a la vez fije la fecha de corte, como en lo relativo a la oportunidad de resolver la incógnita. En efecto, el recargo de la indemnización por despido, que en sus comienzos fue de 100%, luego de 80% y ahora de 50% se creó para una clara situación de «emergencia ocupacional», que no es la experimentada en la actualidad. Es más, el mercado laboral es claramente demandante de mano de obra, con tendencia sostenida y no existen despidos colectivos por crisis, salvo alguna rara excepción.
Entre abril de 2007 y la vigencia del Decreto 1.224/ 2007, quien despidió sin abonar los recargos se expuso a un severo riesgo judicial, no sólo por la procedencia y cuantía de «la doble» en sí misma, sino por la generación de reclamos accesorios como las multas y duplicaciones asociados al no pago de las indemnizaciones legales adeudadas, y otros rubros contingentes que se pudieren adicionar abultando las demandas en forma desmedida. Si a ello le agregamos, además del incremento de la litigiosidad, los intereses y costas sobre los rubros reclamados, parecía prudente seguir los lineamientos que el mismo Poder Ejecutivo enunció desde el comienzo de este debate.
La caducidad dispuesta por el Decreto 1.224/2007 es la conclusión de una etapa olvidable de nuestra historia laboral y económica, a la que se da fin en el marco de un importante crecimiento del empleo formal, genuino y sustentable.

Fallo contra huelga salvaje: es ilegal y despido, justificado

Fallo contra huelga salvaje: es ilegal y despido, justificado
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 15
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 03-09-07

La huelga salvaje con ocupación del establecimiento, bloqueo de accesos e impidiendo el derecho a trabajar es ilegal, y el despido de quienes participan de estas medidas es justificado y sin derecho a indemnización alguna.


El fallo dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es de singular trascendencia en momentos en los cuales se ha perdido la noción de lo que constituye el derecho constitucional de huelga.
Se introduce el concepto de huelga pacífica y el rechazo de toda forma de violencia. Somos todos testigos de una serie de eventos de dominio público que desafían al sistema jurídico y han hecho perder el curso del funcionamiento normal de las instituciones. La generalización de la «metodología del asedio o de la violencia física o psicológica» está llevando a situaciones límite a las empresas presionadas bajo condiciones extorsivas y tomando como rehén a toda la sociedad, que es la víctima indefensa y silenciosa de muchas medidas de fuerza irracionales.

Reencauzamiento
El caso «Zavaglia, Gustavo Martín c/ Artes Gráficas Rioplatenses SA s/despido» (CNApTr Sala II, 20-7-2007, Expte. 26.795/ 2005) devolvió a su cauce la esencia del derecho de huelga y descalificó la violencia como eje de cualquier reclamo colectivo. El caso se encuentra alineado con otra jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema. El magistrado Miguel Angel Mazza en su voto sostuvo:
a. el derecho de huelga implica la abstención o suspensión del deber de trabajar, y admite una visión moderna y amplia del concepto, pero lo que no admite es que se violen otros derechos constitucionales o supraconstitucionales; no puede llevarse a cabo en forma violenta ni abusiva;
b. la abstención o suspensión de la actividad durante la huelga implica un daño por la falta de producción y otro por la pérdida de los salarios del trabajador, pero no otros daños provocados por acciones violentas o sabotajes;
c. etimológicamente, la huelga es paralización,es detención de la actividad, y proviene de la expresión «holgar» que indica ocio;
d. el derecho de huelga, además de ser una suspensión pacífica de la actividad productiva, tiene límites que deben apreciarse razonablemente en cada caso y éstos deben establecerse con claridad dentro del sistema jurídico y de las reglas que impone el deber de respetarlo en una sociedad organizada donde coexisten derechos constitucionales de diverso rango;
e. la medida de fuerza violenta, con bloqueo de los lugares de trabajo en perjuicio de la empresa y de los trabajadores que deseaban trabajar violenta derechos constitucionales y lo convierte en ilegal y no merece ni puede contar con la protección de las leyes, todo lo cual, además, constituye una injuria laboral que justifica el despido del trabajador que participó de la medida;
f. las medidas de fuerza pacíficas deben ser promovidas por la entidad gremial con personería que represente al grupo colectivo o categoría; por ende, la medida de fuerza promovida per se por los trabajadores individualmente también es ilegal,
g. el trabajador que participa de una medida de fuerza con violencia e ilegal incurre en graves incumplimientos a sus obligaciones legales y contractuales que impiden la continuidad del vínculo (art. 242, LCT); por ende, es justificado el despido por los actos ilícitos en los que participó, sin derecho al cobro de indemnización alguna (tanto ordinaria como sus recargos).
El voto de Miguel Angel Mazza es así sobremanera esclarecedor, para poner los hechos y el derecho en el punto de equilibrio de la balanza, sin propiciar favoritismos, y aggiornando la esencia del derecho de huelga sin perjuicio de los requerimientos que impone la modernidad. La huelga como derecho constitucional que legitima un daño es una interrupción concertada de la actividad productiva, que a pesar de imponer un incumplimiento, debe ser pacífica. Su vigencia debe ser observada con razonabilidad y adecuación a los tiempos que se viven. La violencia es el imperio de la fuerza en desmedro del imperio del derecho, que debe regular las conductas de las personas en sociedad y que a toda costa la Justicia habrá de recuperar para que las instituciones vuelvan a ser, como deben ser, un faro que oriente el deber ser dentro del estado de derecho.

Estudio Jurídico Líder en Asesoramiento Laboral Empresario y Atención de Conflictos Individuales y Colectivos

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