Legislación laboral: 80% ya es anacrónica

Legislación laboral: 80% ya es anacrónica
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 13-08-07

Las leyes y las ideas de 1940 y 1950 son la base de nuestro derecho laboral. Para adecuarse al presente es imprescindible que nuestro sistema legal contemple el mundo laboral de las nuevas tecnologías.

De los 277 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sólo se aplican cincuenta y seis (56). Los demás han quedado desactualizados, son obsoletos, o en el mejor de los casos carecen de sentido y fundamento por el simple transcurso del tiempo. No es sólo el correo electrónico e Internet; es también la robotización, el reemplazo del trabajador como ser humano por equipos que lo suplantan con mayor eficiencia y no se enferman, es también el crecimiento del trabajo virtual, donde el operador no se desplaza de su casa, o trabaja desde un shopping, una biblioteca o una plaza. Aparecen las habilidades digitales, el dominio de las imágenes y de los íconos, el lenguaje de los expertos en sistemas, la eliminación de los límites físicos o temporales del conocimiento. El contrato de tiempo indeterminado es frecuentemente la excepción y no la regla, como lo dispone la LCT; la jornada fija de ocho o nueve horas no se adecua a las necesidades del mercado y no se aplica en ninguna empresa, los descansos ya no son en fin de semana ni las vacaciones en verano, el salario fijo es anticuado y las remuneraciones variables se aplican en todas las actividades (industriales o de servicios), las normas de prevención son más importantes que las de reparación, el entrenamiento y la capacitación son la llave del crecimiento en el empleo, el conocimiento de idiomas es más importante que el título profesional, el dominio de las técnicas de sistemas resulta vital para el trabajo diario, las patologías de la vista y las tensiones psicológicas son más importantes que los accidentes de trabajo clásicos, el trabajo en equipo desplazó al trabajo individual, muchos robots sustituyen funciones antes cubiertas con fuerza física (carga y descarga con cintas transportadoras o montacargas automáticos), y el ejercicio físico lo necesitamos hacer en un gimnasio por efecto de la actitud sedentaria que tenemos en la oficina o en la fábrica. El salario se paga a través de un cajero, el trabajador lo cobra cuando resuelve hacerlo, en el momento y en el lugar que desee. Nuestra legislación prohíbe vender bebidas alcohólicas donde se pague el salario, que a la vez debe abonarse en el lugar de trabajo, en efectivo, y dentro de la jornada laboral, y el salario ni se paga más en el lugar de trabajo desde hace más de diez años, y no se paga en efectivo sino a través del banco. Nuevo rol El 80% de nuestra Ley de Contrato de Trabajo y de la mayoría de nuestra legislación no se aplica por anacrónico y por obsoleto. Los jueces, los intérpretes, los moralistas del derecho del trabajo quieren sacar de ella lo que ella ya no nos puede dar. Una ley escrita para la máquina a vapor ¿cómo puede aplicarse para la electrónica, para Internet, para el teletrabajo, y para la nanorrobótica, cuando la norma se escribió a mano con lápiz o en una máquina mecánica de escribir a la luz de una vela, cuando no existían siquiera el fax, el teléfono celular, ni la computadora personal? Ya sabemos, porque lo hemos comprobado, que Jeremy Rifkin estaba equivocado con su teoría de que el trabajo terminaba o se aniquilaba; en rigor, creció, pero a través de nuevas competencias, nuevas especialidades, de hecho, un nuevo rol del trabajador en el mundo de las empresas. Es más, a los excluidos, a los marginales, a los que no tienen oportunidad dentro del mercado porque sencillamente no pueden acceder a él, los deberíamos incorporar a través de un puente creado para que sepan, para que conozcan, para que suban el primer peldaño de una oportunidad, y ese peldaño sólo está ligado a acceder al conocimiento. ¿No deberíamos entonces, en lugar de volver a la legislación de la década del 70, basada en la legislación de posguerra, tratar de crear las condiciones de un nuevo modelo de relaciones del trabajo? La reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo promovida por el diputado Héctor Recalde, que complica claramente el «ius variandi», es decir, el derecho de modificar las condiciones de trabajo, con prescindencia de si es o no adecuada o pertinente, lo cierto es que reproduce el texto original de la ley cuando fue aprobada en 1975. En otras palabras, hemos vuelto a un modelo legal perimido, que no responde a la dinámica de los tiempos, y que somete a la consideración de un juez si el cambio producido por la empresa es razonable, y mientras el juez lo evalúa, la empresa, inmovilizada, sencillamente podría fundirse y quebrar. Los que tienen las responsabilidades de legislar, los que piensan en el modelo que el futuro nos depara, deberían despojarse de los vínculos culturales de lugar y de tiempo, y enfrentar los cambios como son, un desafío para no quedar fuera del mundo. En rigor, algunas de las actividades exitosas de naturaleza global están receptando los sistemas de organizar el trabajo del Primer Mundo, buscando una adecuación en los países emergentes como el nuestro. Es por ello que para la nueva etapa que seguramente se iniciará el 12 de diciembre próximo deberíamos asumir el desafío de modernizar nuestro sistema de relaciones del trabajo adecuándolo a las nuevas tecnologías, buscando que el sistema preserve el equilibrio entre el capital tecnológico y del conocimiento y el amparo de la dignidad del trabajador dependiente. Si nuestro país tiene hoy una oportunidad de desafiar a otros mercados con valores escasos como los mejores recursos humanos disponibles en múltiples especialidades y profesiones, con costos laborales competitivos, y con la tecnología a nuestro alcance, deberíamos contar con una legislación adecuada para asumir el desafío

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Doble indemnización

Doble indemnización
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 8
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 06-08-07

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó.


El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó. En realidad, hay dos interpretaciones sobre la vigencia de este mecanismo creado por Eduardo Duhalde en el año 2001 para atenuar los efectos de la crisis laboral y desalentar los despidos masivos que se producían ese año en medio de una grave situación económica. Para ello se incluyó una norma en la Ley de Emergencia Económica que dispuso la suspensión de los despidos incausados por el tiempo de vigencia de dicha ley (se fue renovando en forma anual) y a la empresa que no cumpliera con dicha suspensión le cabía la sanción de pagar la indemnización por despido duplicada.
Con el tiempo, el monto fue reduciéndose, hasta llegar hoy a 50% de recargo, y los hechos que motivan esta controversia se dispararon en marzo de este año. En ese momento, el presidente Kirchner anunció que el índice de desocupación había descendido por debajo de los dos dígitos. A su vez, en la última versión de la Ley de Emergencia se había establecido que la mentada duplicación caducaría cuando el índice de desempleo publicado por el INDEC fuera inferior a 10%. Así nació la controversia legal, además de la política de que el Poder Ejecutivo no estaba convencido de que la doble indemnización debía caducar, y por ello el Ministerio de Trabajo anunció que no desaparecería «la doble» hasta tanto no se dictara una norma explícita que así lo dispusiera. Es más, se llegó a comentar que dicha norma había sido remitida al presidente Kirchner, quien era el único que iba a tomar una decisión de esa trascendencia.
Así también surgió la duda legal de qué índice debía tenerse en cuenta de los publicados por el INDEC, ya que el que había descendido a menos de 10% era el que incluía los planes sociales como personas ocupadas, mientras que el que las tomaba como desocupados demandantes nunca había llegado a menos de 10%. Surgieron también dudas sobre los efectos no deseados, tanto social como políticamente, ya que se sospechaba que «la caída de la doble» podía desencadenar una ola de despidos, sobre todo en las empresas más pequeñas, en donde una indemnización con recargo puede significar un importante presupuesto, y lo más grave, que dichos despidos iban a caer sobre las personas más antiguas, que son a la vez las de mayor edad y las que tienen mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.
Mandato político
En síntesis, la norma legal decía que el recargo caía automáticamente; el mandato político fue, debo tomar precauciones, y de hecho se analizaron distintas alternativas, como por ejemplo sacar la doble, y crear o fortalecer los procedimientos y la intervención del Ministerio de Trabajo para intermediar en el caso de que se produzcan despidos. Se llegó a sostener que, finalmente, la «caída de la doble» se produciría en la próxima etapa presidencial, ya que la Ley de Emergencia que prorrogó el recargo vence el 31 de diciembre próximo. Por último, se ha aclarado en estos días que los trabajadores incorporados con posterioridad al 1 de enero de 2003 que impliquen un incremento de la dotación no están beneficiados con «la doble». La interpretación legal no coincide con la interpretación de política social del gobierno nacional, y de hecho por esa dicotomía se cayó en esta discusión que seguramente será resuelta como siempre por el presidente Kirchner, que es el único que toma este tipo de decisiones trascendentales dentro del Poder Ejecutivo.

Doble indemnización

Doble indemnización
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 8
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 06-08-07

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó.

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó. En realidad, hay dos interpretaciones sobre la vigencia de este mecanismo creado por Eduardo Duhalde en el año 2001 para atenuar los efectos de la crisis laboral y desalentar los despidos masivos que se producían ese año en medio de una grave situación económica. Para ello se incluyó una norma en la Ley de Emergencia Económica que dispuso la suspensión de los despidos incausados por el tiempo de vigencia de dicha ley (se fue renovando en forma anual) y a la empresa que no cumpliera con dicha suspensión le cabía la sanción de pagar la indemnización por despido duplicada.
Con el tiempo, el monto fue reduciéndose, hasta llegar hoy a 50% de recargo, y los hechos que motivan esta controversia se dispararon en marzo de este año. En ese momento, el presidente Kirchner anunció que el índice de desocupación había descendido por debajo de los dos dígitos. A su vez, en la última versión de la Ley de Emergencia se había establecido que la mentada duplicación caducaría cuando el índice de desempleo publicado por el INDEC fuera inferior a 10%. Así nació la controversia legal, además de la política de que el Poder Ejecutivo no estaba convencido de que la doble indemnización debía caducar, y por ello el Ministerio de Trabajo anunció que no desaparecería «la doble» hasta tanto no se dictara una norma explícita que así lo dispusiera. Es más, se llegó a comentar que dicha norma había sido remitida al presidente Kirchner, quien era el único que iba a tomar una decisión de esa trascendencia.
Así también surgió la duda legal de qué índice debía tenerse en cuenta de los publicados por el INDEC, ya que el que había descendido a menos de 10% era el que incluía los planes sociales como personas ocupadas, mientras que el que las tomaba como desocupados demandantes nunca había llegado a menos de 10%. Surgieron también dudas sobre los efectos no deseados, tanto social como políticamente, ya que se sospechaba que «la caída de la doble» podía desencadenar una ola de despidos, sobre todo en las empresas más pequeñas, en donde una indemnización con recargo puede significar un importante presupuesto, y lo más grave, que dichos despidos iban a caer sobre las personas más antiguas, que son a la vez las de mayor edad y las que tienen mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.
Mandato político
En síntesis, la norma legal decía que el recargo caía automáticamente; el mandato político fue, debo tomar precauciones, y de hecho se analizaron distintas alternativas, como por ejemplo sacar la doble, y crear o fortalecer los procedimientos y la intervención del Ministerio de Trabajo para intermediar en el caso de que se produzcan despidos. Se llegó a sostener que, finalmente, la «caída de la doble» se produciría en la próxima etapa presidencial, ya que la Ley de Emergencia que prorrogó el recargo vence el 31 de diciembre próximo. Por último, se ha aclarado en estos días que los trabajadores incorporados con posterioridad al 1 de enero de 2003 que impliquen un incremento de la dotación no están beneficiados con «la doble». La interpretación legal no coincide con la interpretación de política social del gobierno nacional, y de hecho por esa dicotomía se cayó en esta discusión que seguramente será resuelta como siempre por el presidente Kirchner, que es el único que toma este tipo de decisiones trascendentales dentro del Poder Ejecutivo.

La representatividad gremial está fuertemente cuestionada

La representatividad gremial está fuertemente cuestionada
Fuente: El Economista – Pág. 10
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 27-07-07

El costo creciente de la canasta familiar desencadena una ola de reclamos de aumentos salariales que agrega incertidumbre de cara a las elecciones cuando el gasto tienda a ser más expansivo.


Como una reacción en cadena se suceden los reclamos y conflictos originados en el deterioro de la canasta familiar frente a los aumentos salariales pactados por los gremios y las entidades empresarias. La mayoría de estos microconflictos no tienen difusión ni llegan a conocimiento de la autoridad de aplicación como son los casos de FOETRA con las telefónicas, los recurrentes conflictos del Hospital Francés, la movilización de los trabajadores del INDEC, los reclamos de los transportistas de media y larga distancia, o los recurrentes conflictos de los gremios del trasporte aéreo de pasajeros. En cualquier caso, el conflicto generalizado en una actividad o focalizado en una empresa, cuanto más agresivo y profundo sea, mayores aumentos genera, y con ello, son también mayores los riesgos de una distorsión en la economía que se transforme tarde o temprano en un brote inflacionario.
Las empresas están atravesando por los más variados desafíos y vicisitudes. Los controles de precios tuvieron algún paleativo con incrementos de volumen o alternando el mercado interno con las exportaciones. Y sobrevino la crisis energética, las restricciones del uso del gas, y hubo que adecuar horarios y la organización del trabajo, reduciendo la producción intensiva. En otros términos, los insumos aumentaron su costo, los salarios también, bajó la producción y la productividad, y todo con precios controlados y con aumentos cuyo tope osciló en dos etapas del 3% a un total anual del 6%. En los casos de mano de obra intensiva, muchas actividades en singular crecimiento se amesetaron. Las actividades con capital intensivo, tuvieron conflictos y ajustes desproporcionados con los parámetros generales.
Las diferencias
De hecho, el avance del año ya ha producido cambios en el incremento de las retribuciones, que en el primer cuatrimestre fue pactado en torno del 16,5%. Este nivel operó como el mínimo y no como promedio como ocurrió con los ajustes del año 2006 que giraron en torno del 19%. Hoy, los acuerdos celebrados ante el Ministerio de Trabajo rondan el 22 o 23%, y ya existe alguno que se aproxima al 30 %. En rigor, el acuerdo de la Federación de Empleados de Comercio con las cámaras del sector generó un antes y un después, ya que el 23% pactado en cuotas se debe calcular sobre la retribución fija (no variable) y sobre los tickets de los que goza cada trabajador, cuando la mayoría de los acuerdos se establecen sobre los básicos convencionales. A medida que avanza el año, los acuerdos que han quedado rezagados experimentan algún tipo de revisión, unos generados en la misma actividad, otros a nivel de las empresas líderes de cada sector, finalmente, en algunos casos, se los recrea por grupos de empresas o por actividad en una región o zona de influencia, (una provincia, un polo o un parque industrial). La revisión procura reforzar el aumento original con suplementos, sumas no remunerativas, pagos únicos junto a los pagos anuales como el sueldo anual complementario o las vacaciones, incremento de adicionales del convenio colectivo, y otras variantes. Los acuerdos así logrados por las cúpulas sindicales y empresarias tienen un descenso traumático a la realidad de cada empresa. En efecto, las bases no solo descreen y critican a sus respectivas representaciones sindicales, sino que además parten de la premisa de que no representan auténticamente sus intereses profesionales. Por ende, la atribución de representatividad que los afiliados confieren a su secretario gremial se ha roto abruptamente. Se ha desarticulado uno de los más importantes vínculos del contrato social, basado en una alianza entre pares, donde los elegidos como representantes no han cumplido sus mandatos, defraudaron a sus mandantes.
Entonces, los mandantes rompen el vínculo y reasumen las atribuciones originales, y los asumen como propios, convirtiéndose en protagonistas. Es por ello, que los acuerdos salariales de la cúpula al descender a los beneficiarios, son rechazados por ellos por insuficientes, o por generar como mínimo insatisfacción en relación con los deseos y sobre todo, con las expectativas. Si el acuerdo sectorial al comienzo tuvo vigencia por tres o cuatro meses, ahora algunos de ellos no llegan a homologarse para recibir el impacto de cuestionamientos de las bases. El efecto saturación hace que los conflictos sean cada vez más intensos y en su caso, cada vez más agresivos -inclusive violentos-, y la satisfacción de las demandas se agoten a medida que se suceden los mismos, en plazos más cortos. Por ende, un reclamo inicial se extiende por plazos que pueden llegar a un semestre, el siguiente se agotará en tres meses, y los siguientes pueden llegar a la incongruencia de tener frecuencia mensual.
Otros frentes
La idea de disponer de escalones progresivos parecía segmentado en los distintos estratos de la realidad sindical y laboral. Sin embargo, el factor común de la mayoría de los reclamos es que el sindicato está detrás de ellos, ya sea promoviéndolos, ya sea apoyándolos. Sigue un viejo lema gremial que impone liderar el conflicto, sea cual fuere, para evitar que otros lo lideren en perjuicio del monopolio de la conducción, y con el fin de asegurarse la representatividad. Otro fenómeno que genera aumentos imprevistos es la lucha intrasindical entre las bases, los delegados, las seccionales o los sindicatos de base, y las cúpulas de las uniones o de las federaciones. No se trata hoy de un enfrentamiento por la conducción del gremio, salvo algunos casos fuertemente ideologizados, que responden a doctrinas de izquierda que fracasaron rotundamente en el pasado.
Hoy regresan para copar a los sindicatos, abandonando las posturas ideológicas, adoptando un rol reivindicativo, y uniendo a los trabajadores por los intereses.
Otros, la mayoría, sólo buscan mejorar los ingresos utilizando como base el acuerdo sectorial, el que no será techo sino piso de una nueva etapa en procura de una mejora adicional.
Tenemos también el desarrollo de los nuevos gremios, o los que serán nuevos, agrupando a los trabajadores desairados, a los mandos medios que no tienen quien los represente, o a los disidentes que no creen en los gremios, o sus dirigentes, o todo lo que ellos fueron, son y representan.
Otro tanto ocurre en los conflictos de encuadramiento entre dos sindicatos, en donde uno pretende copar la representación de los trabajadores de su oponente.
En general, el atractivo del sindicato que usurpa la representación de su par está basado en una mejor posición relativa en los salarios del convenio colectivo, sus adicionales y sus acuerdos complementarios. El usurpador lo es en todos los planos, ya que no sigue los procedimientos legales de encuadramiento. Al contrario, al margen de todas las posibles alternativas o procedimientos legales, se busca el derecho a través de un conflicto enérgico y traumático, que bloquea la operatoria normal de la empresa generando graves daños que se acrecientan con el correr del tiempo. La fuerza irracional de los hechos se ha impuesto en muchos casos a la fuerza racional del derecho y del funcionamiento de las instituciones.
Los conflictos de encuadramiento generan finalmente la traslación de un grupo o categoría de niveles de ingreso menores a otro de ingresos mayores, sin que haya ningún sentido ni motivación basado en un grupo o categoría de pertenencia. En rigor, triunfa el que ofrece una mayor retribución, que llevada al marco de las empresas, lo convierte en un evento dramático que compromete los costos, afecta la competitividad, y produce distorsiones inflacionarias.
Los observadores se preguntan si habrá una tercera oleada cuando nos aproximemos a las elecciones, donde es previsible que la permisividad estatal aumente, o después de ellas, cuando en el último trimestre del año la contradicción entre los índices oficiales y la realidad de los precios se compare con la capacidad de compra y el deterioro del signo monetario. En alguna medida todos sienten que la inflación se aproxima como un fantasma que recuerda hechos históricos del pasado.
Los salarios son un costo y un mecanismo de ajuste, son también un sistema que determina uno de los segmentos de la distribución del ingreso. Uno de los lemas, tal vez el mayor desafío del actual Gobierno fue el de activar y fomentar un subsistema de distribución del ingreso, y se convirtió en una bandera de lucha, que hoy se traduce en un conflicto social incomparable, y dentro de él en el conflicto laboral sólo comparable al descontrol experimentado en el año 1975.
Hoy volvemos en parte al pasado, dentro de un proceso de negociación de los salarios de los convenios colectivos que tienen un impulso irrefrenable que es el que nace de las bases, que obran por necesidad y por apetencia por la equidad.
Los dirigentes, supuestos protagonistas de la autoridad y de la representatividad, ya la perdieron, y se han convertido en instrumentos de los deseos y aspiraciones de sus representados. Ante esa fuerza verdaderamente incontrolable se enfrentará el Gobierno Nacional, la cúpula de la CGT,las entidades empresarias, y en definitiva toda la sociedad.

Reina la violencia en reclamos por aumentos y cambio en impuesto.

Reina la violencia en reclamos por aumentos y cambio en impuesto.
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 24-07-07

La violencia física e indiscriminada es el elemento común de un gran número de reclamos salariales por los efectos del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia (4 Categoría).


Los incendios de Puerto Deseado, generados presuntamente por marineros disidentes del sindicato, destruyendo las instalaciones de los trabajadores de la alimentación (plantas industrializadoras de pescado) obligaron a enviar fuerzas de seguridad para evitar el caos.
Si bien se busca en este caso la mediación de las autoridades, es curioso destacar que los reclamos son contra el Estado nacional por las retenciones del Impuesto a las Ganancias, que en su momento generó una excepción a favor de los trabajadores petroleros para la zona patagónica. También se impugna el convenio colectivo firmado por el gremio con una cámara empresarial, y los aumentos salariales firmados por los mismos dirigentes del sector.
Ningún derecho justifica la violencia salvo la legítima defensa contra la opresión, decía Santo Tomás de Aquino. La violencia -en primer lugar- es un fenómeno que opera contra todos y tiene por destinataria a la sociedad entera, a quien en general se perjudica a la par que al Estado y a los empleadores. Es curioso observar que en los eventos comentados se trata de producir el daño más amplio y más profundo posible (en las personas y en los bienes), dejando generalmente heridas irreparables, sacrificando inclusive hasta vidas humanas.
Incontrolable
La violencia es además impredecible e incontrolable, ya que -cuando se dispara un fenómeno colectivo- los acontecimientos se desencadenan en forma totalmente desarticulada, incentivados por pasiones rencorosas, resentimiento, y muchas veces por medios artificiales. La falta de límites puede provocar desmanes irrazonables que perjudican a los mismos promotores, como los incendios de Puerto Deseado, que han destruido el lugar de trabajo de otros empleados.

Ser ejecutivo de una gran empresa: tarea insalubre?

Ser ejecutivo de una gran empresa: tarea insalubre?
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 17-07-07

Les es muy difícil cumplir con las reglas de ética y los códigos de conducta a los ejecutivos en la Argentina, pero no están solos; se ha convertido en una imposición global de la que no está exento ningún país del orbe. Ser y parecer no sólo parte de una obligación impuesta por la moral y las buenas costumbres sino por la sustentabilidad de los ejecutivos en sus funciones.


En rigor, incurrir en una falta a los deberes asumidos es sancionado con la desvinculación que será honrosa o deshonrosa según las características, importancia y trascendencia de las faltas o incumplimientos cometidos. Una carta dirigida a una dependiente que no le reportaba de parte del presidente de una empresa de construcción de turbinas y aeronaves le costó su renuncia. El empleo del avión de la empresa para un viaje de placer le costó el puesto a otro, además de asumir los gastos del vuelo. Discutir públicamente las políticas de la compañía también significó la remoción de un directorio completo. Ni hablar de los temas que están vedados a los ejecutivos para ser discutidos con las empresas competidoras, todo ello en amparo de la confidencialidad, pero también para evitar cualquier sospecha de cartelización o de acuerdos de precios o de coberturas concertadas en el mercado.
Se ha llegado al extremo de juzgar no sólo las conductas específicas sino también los actos de omisión, que pueden implicar ocultamiento, complicidad, y hasta violación de los códigos por no haber asumido, por ejemplo, la denuncia de la investigación de un hecho que podría ser considerado reprochable. En realidad se puede inferir de determinadas conductas consideradas antiéticas que se ha infringido el código de conducta o su espíritu general o particular.
La imposición de normas de transparencia y rigurosos códigos respaldados por sistemas de control especiales no nació de hechos ocurridos en Latinoamérica, sino de escándalos generados por grandes «players» del mercado mundial como WorldCom, Enron o Parmalat, por citar los más difundidos. Se amplió luego con la Ley Sarbanes Oxley que generaron las llamadas reglas SOX, que han impuesto a las empresas la creación de un área específica relacionada con los controles de reglas especiales.
A los códigos de conducta se les agregan normas de procedimiento que llegan a formular planteos dramáticos en el desenvolvimiento de su vida de relación en sociedad. Por ejemplo, las reuniones o eventos ligados a los competidores tienen normas específicas que determinan si el ejecutivo puede o no concurrir, y en caso afirmativo, cuáles son los límites concretos de los temas que se pueden discutir.
La confidencialidad -o sea, la preservación y protección de los secretos- y las normas sobre «no competencia» llegan al extremo de que no se pueden compartir lugares preferenciales en un evento social, en la tribuna de una competencia deportiva, e inclusive, en el estrado de un evento académico, sin cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, el de notificar a su superior matricial a fin de recibir la correspondiente autorización.
En el seno de las cámaras empresarias, inclusive, se establecen las reglas de convivencia en donde naturalmente se reúnen los competidores de una misma actividad. La violación de estas normas, sus procedimientos y sus condiciones y requisitos de actuación son sometidos a tres etapas nada gratas. Por un lado, cualquier evento en contradicción con los sistemas de conducta en general puede ser objeto de denuncia por cualquier miembro de la organización, por ex integrantes de la misma o por terceros.
Investigación
La segunda es que inmediatamente se activa un proceso de investigación que incluye la utilización de servicios generalmente tercerizados, muy sofisticados y que tienen por fin investigar los hechos y todos sus componentes y elementos periféricos que conduzcan a identificar y analizar si el ejecutivo operó con transparencia y confiabilidad.
Por último se pasa a un complejo sistema decisorio, donde se determina el destino del ejecutivo, que tiene una amplia gama de consecuencias. Desde ponerlo en situación de sospecha de inconducta («probation»), y bajo rigurosos controles, pasando por remociones o traslados, y culminando con la renuncia «voluntaria» o en su caso con la remoción con o sin causa, o su desvinculación imputándole las irregularidades cometidas o las omisiones incurridas.
Para justos y pecadores la vida de los ejecutivos no está amparada sólo por el éxito de su gestión, sino que debe someterse a estas nuevas reglas que van más allá -en muchos casos- de la cordura y de la razonabilidad. Ser ejecutivo de una organización global se ha convertido sin dudas en una tarea insalubre inundada de nuevos desafíos y donde los resultados se ligan a cómo y con qué medios se lograron. Nuevamente el imperativo de conducta «ser y parecer».

Pacto Social “en Off” America24

Pacto Social “en Off” America24
Fuente: America24 – En Off
Autor: Julián A. de Diego
Fecha: 14-11-07


Julián A. de Diego – Especialista en Temas Laborales
En America 24 en el programa de Antonio Laje “en Off” entrevisto a Julián A. de Diego que aclaro dudas sobre el Pacto Social. JADD dijo “El pacto social es un acuerdo multisectorial que tiene por objeto tratar de preservar crecimiento, estabilidad, controlar la inflación dentro de un marco donde cada uno tiene que asumir una cantidad de obligaciones importantes que implican sacrificios ”


ANTONIO LAJE. Tal vez una de los pasos que mas espera de Cristina Kirchner sea este famoso Pacto Social anunciado, que no se sabe realmente que va a ser. Si va a ir a temas de fondo o si va a ser una gran paritaria en donde se acuerde un aumento salarial. Igual va a ser complejo porque vamos a partir de la base de una inflación oficial que esta dibujada, que no es cierta y difícilmente los sindicalistas van a pedir el aumento con este numero de inflación oficial. Julián de Diego, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensan empresarios, sindicalistas?

JULIAN A. DE DIEGO. Bueno, cuando uno habla en privado con los dirigentes de los dos sectores, primero nadie sabe de que se trata, como vos decías recién, y la segunda cosa es que la mayoría no cree en los pactos sociales porque en un pacto social implica, negociación, un proceso interno entre los actores sociales y convergencia. Como los puntos de acuerdo no por concesiones reciprocas, sino que son puntos de encuentro, se lo llama convergencia. Para que haya acuerdo, negociación y convergencia, se necesita un proceso interno, que no parece que sea lo que tiene pensado este gobierno. Lanzar un pacto social después de asumida la presidencia,

ANTONIO LAJE. A quien va a alcanzar el pacto social?

JULIAN A. DE DIEGO. En el primer encuentro que hizo importante la senadora Cristina. Fernández de Kirchner, con los empresario, que fue en el almuerzo de IDEA (Pre-Coloquio de IDEA) se dedico bastante al pacto social y dijo que iba a ser un acuerdo multisectorial, con la intervención del Estado, que tambien iba a asumir responsabilidades y sacrificios y que tenia que ser multipropósito,, no quería solamente un acuerdo de precios y salario. En el coloquio de la semana pasada, se estuvo hablando del tema. Durante la siguiente semana también estuvieron hablando del tema los dirigentes sindicales. El dirigente sindical se pregunta como hace para compatibilizar en la representación de su sector dificultades de compra que hay ya en el fin de año – con lo cual puede ocurrir algo antes de fin de año- este puede ser uno de los primeros condicionantes que pueda tener el pacto social.

ANTONIO LAJE. ¿ condicionante en que sentido?

JULIÁN A. DE DIEGO. Yo no se si resiste dada la actual situación del mercado que los acuerdos salariales que ya se firmaron lleguen al 31 de diciembre y pasen el verano. Noviembre-Diciembre no van a ser meses sencillos desde el punto de vista de la evaluación de la economía porque ¿ que esta ocurriendo en este momento? Estamos en la preparación del traspaso del poder

ANTONIO LAJE.. No parece muy complicado, es hasta casero

JULIÁN A. DE DIEGO. Pero es como que en este momento vivimos una cierta anomia.

ANTONIO LAJE. Pero es como que, el esposo le de las llaves a la esposa

JULIÁN A. DE DIEGO. Eso en el poder, pero mientras tanto, la economía se mueve, mientras todo esto mantuvo entretenida a la prensa y a los medios, la economía se mueve, y lo que ha empezado a ocurrir en el mes de noviembre, es algo que los funcionarios de gobierno llaman nivelación, pero cualquiera llama inflación, porque se están acomodando muchos precios.

ANTONIO LAJE. Desde noviembre? Esto viene pasando hace dos años.

JULIÁN A. DE DIEGO: si pero en noviembre ha sido un momento ideal, porque en entre la elección. Entre el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre tenés un momento en que es un hibrido, aunque ese hibrido como vos decís, podría llegar a ser un traspaso formal

ANTONIO LAJE. Te referís entonces a que si el 10 de diciembre tienen que negociar lo van a hacer con números mas altos?

JULIÁN A. DE DIEGO: y ya hay muchos que están pensando, antes del 10 de diciembre algo voy a hacer. Previendo esto, el sector empresario esta analizando como va a ir acomodando los precios, y ¿que hace el sector sindical? Esta semana, nosotros hemos tenido una oleada de pedidos sindicales en las empresas que se refiere a lo que van a hacer antes del 31 de diciembre. Y esto no esta en el pacto social. Es mas hay muchos dirigentes sindicales que dicen, “si hacemos algún tipo de acuerdo, que sea algún acuerdo de caballeros, no que sea algo que se ventile oficialmente”. Con esto quiero decir, que hay una especie de autosabotaje, todo el mundo tiene conciencia de que, llámese “pacto social”, “colchón” o “amortiguador”, algo se necesita para que en esta nueva etapa del traspaso formal se amortigüe el impacto de esta reacomodación de precios y salarios para que no haya un desborde inflacionario.

ANTONIO LAJE. Cualquier sindicalista que pida una recomposición de salarios no va a venir con la lista oficial de precios.

JULIÁN A. DE DIEGO. La estrategia esta dividida en tres etapas. Primero, el acuerdo marco. Lo firman las grandes entidades empresarias, los grandes sindicatos, y el Estado. Este acuerdo es programático, significa que después hay que instrumentarlo. El proceso de consecuencias inesperadas, o que no se puede llegar a controlar efectivamente, no es lo que arriba, que tranquilamente puede ser un pacto de adhesión, “hemos fijado estas reglas para el 2008 y en base a esas reglas vamos a tratar de movernos”. ¿Dónde empiezan las distorsiones? Cuando bajan a lo operativo. Entonces ahí hay dos rounds para el mundo sindicales, uno es ¿Qué firmo con las cámaras empresarias? Y los sindicatos en orden a este pacto ¿firmo lo mismo, o empiezo a poner alguna trampita?. Y el siguiente round es como lo bajan a las empresas. En esos dos episodios, seguro que los números no son los de los acuerdos.

ANTONIO LAJE. ¿Hay espacio para mas aumentos de sueldos?

JULIÁN A. DE DIEGO. Lo que hay ocurrido en el año 2007 en el presupuesto laboral de las empresa ha hipotecado y ha comprometido la capacidad de maniobra de las empresas en el 2008. Porque si vos tomas de enero a diciembre y promedias el aumento de todo el año el promedio del año llega entre un 17% y 20%. Pero al comienzo del año los aumentos eran de cero y al final de año en algunos casos llegaron hasta el 30%. Cuando llegas al punto del aumento 30%, en el presupuesto te dio promedio 20%, por que tuviste enero-febrero-marzo que no hubo aumento, mas adelante se agrego un adicional y los aumentos en su mayoría se fueron cumpliendo de forma fraccionada o en cuotas. Pero el punto de arranque del 1 de enero del 2008 es del 30%. El arranque es muy alto en dos sentidos para las empresas. Por un lado, ha bajado la disponibilidad que tenían las empresas de manejar su propia política salarial, porque cuanto mas se acuerda con el sindicato menos te queda libre para poder negociar. Ha hecho que el salario se encuentre mas rígido. Cuanto mas maneja la variación del salario la empresa lo hace mas sensible a la productividad, cuanto mas rígido porque el convenio colectivo lo dice, la productividad disminuye. El segundo condicionante muy importante para las empresas, es que el avance de este costo laboral por sobre la rentabilidad ha consumido la rentabilidad y ha colocado a varias compañías no solo al “break in” o sea al “punto de equilibrio” sino también al borde de empezar a perder dinero.

ANTONIO LAJE. Hay que ver la inflación como influye, que las empresas se lo pasan al publico?

JULIÁN A. DE DIEGO. Hay que ver ahí que posibilidad de maniobra tienen las empresas, hay empresas muy controladas, con precios que están no en algún grupo de productos sino en la totalidad de los productos como por ej. en la industria farmacéutica, y no solo los costos han aumentado y los insumos mucho mas. De un modo u otro esta comprometido el punto de equilibrio y la rentabilidad.
Este compromiso solo se puede re-equilibrar mejorando la productividad, cosa que es poco probable, y la otra forma es trasladando los mayores costos a los precios.

ANTONIO LAJE. se viene otra aumento de sueldo que esta en torno al 20% mas o menos no?

JULIÁN A. DE DIEGO. Si uno se guiara por los principios básicos del manual en donde no se quiere comprometer a la capacidad de compra severamente, pero quiero de algún modo poner este colchón de amortiguación de la velocidad y el reciclaje que tienen los salarios, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un índice de crecimiento del salario inferior a la inflación.

ANTONIO LAJE. Cual es el punto de referencia de la inflación para este gobierno?

JULIÁN A. DE DIEGO. Para este gobierno el punto de referencia es el INDEC. El Estado si arbitra un pacto social tiene una necesidad de producir una regresión porque los pactos sociales, como el pacto de Toledo o los acuerdos marco italianos, tienen ese efecto.

Cada vez que hubo un pacto social hubo que para el velocímetro, detenerse y hacer sacrificios recíprocos.

Si se cree que el pacto social es para repartir, riqueza, grandeza, y tirar manteca al techo, yo creo que de ahí se esta partiendo de un error fundamental. Y si ese mecanismo es el que busca el Estado para poder tratar de bajar esta inercia en el desgaste que hay en el mercado y en la demanda salarial que hay a través de la negociación de los convenios colectivos, va a durar muy poco la vigencia del pacto social y va a ser solamente un pretexto para pasar a otra etapa.

Si no hay sacrificios recíprocos de todas las partes incluyendo el Estado mismo. (Por ej del Estado, que va a hacer con los impuestos, que sean regresivos, que va a hacer con el impuesto al cheque o el impuesto a las ganancias 4ta categoría que tantas inequidades esta produciendo, o algún otro elemento distorsivo, que va a pasar con el déficit fiscal, con las cargas sociales, etc.)

Si no hay un compromiso del Estado en hacer reformas estructurales importantes, también el pacto social va a quedar vacío. Si cada una de las partes esta negociando sobre la base de “la realidad vs. índices virtuales” y en el medio de todo eso todos creen que es un reparto de riquezas en vez de algo que deprima las inercias que tenemos en el 2007 y bueno entonces hay una confusión de los que es un pacto social.

El “pacto social” es un acuerdo multisectorial que tiene por objeto tratar de preservar crecimiento, estabilidad, controlar la inflación dentro de un marco donde cada uno tiene que asumir una cantidad de obligaciones importantes que implican sacrificios

ANTONIO LAJE. Julián de Diego, muchas gracias, muy atento.

JULIÁN A. DE DIEGO. A vos por la invitación.

ANTONIO LAJE. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y será hasta el miércoles próximo si Dios quiere, solo si Dios quiere, aquí en AMERICA 24. Buena Semana para todos.

Julián A. de Diego y Antonio Laje

Vuelve carrera entre inflación y sueldos

Vuelve carrera entre inflación y sueldos (peor será en 2008)
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 8
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 02-07-07

De 9,8% pasamos a 16,5% y ahora ya llegamos a 23% sobre las remuneraciones reales con el acuerdo firmado por la Federación de Empleados de Comercio con las cámaras empresarias del sector. Si analizamos el escenario de marzo-abril frente al de junio-julio de este año, los aumentos se duplicaron.


Es más, los efectos de estos ajustes se apreciarán recién en los índices de precios publicados por el INDEC en el tercer trimestre, y pueden generar un inusual impacto sobre los costos y, en definitiva, sobre la inflación real.
Como se decía en España en la década del 90, una cosa es la opinión pública y otra, la opinión publicada, y quien tiene que comprar y pagar sabe el precio real con prescindencia de los índices y de si éstos son reales o no. Esta comparación sobre ingresos fijos permite una clara percepción de la evolución real del poder de compra y si se gana o si se pierde con él.
Lo curioso es que cuando estos aumentos de salarios llegan al seno de las empresas, el índice de satisfacción percibido en los beneficiarios es bajo, y en más de 40% de los casos genera una nueva negociación cuya base es lo acordado por el gremio y la cámara empresaria.
Renace así un conflicto difícil de arbitrar. Los aumentos que llegan a mitad del año ya tienen el impacto de los precios reales del primer semestre. El deterioro del poder de compra es directamente proporcional a los reclamos de las bases, de los delegados, del personal en general, aun en contra de sus propios dirigentes sindicales.
Los acuerdos han perdido las cláusulas de resguardo que les habían permitido a las empresas adaptar los aumentos en forma gradual y en muchos casos ponderando la productividad. De hecho, la productividad en la Argentina es muy baja, y no ha mejorado -salvo excepciones puntuales- en los últimos tres años, y ha crecido en volumen y calidad por presión de la demanda y no por la racionalidad de los procesos y sus controles de calidad o la innovación o mejora tecnológica. Es un crecimiento de volumen con inversiones limitadas a las necesidades del corto plazo.
Las cláusulas que tienen en cuenta el resultado han desaparecido, los aumentos tienen condiciones primarias que distan mucho de crear nuevos horizontes que contribuyan al crecimiento sostenido, y lo más grave de todo, se trata de salvar la coyuntura, ocultando que se está hipotecando el futuro cercano, cuando haya que sincerar todos los malabarismos en 2008.
Características
En rigor, es ese año cuando se van ha sentirlos verdaderos efectos negativos de muchos de los desatinos de 2007. Los ajustes que se han pactado últimamente tienen cuatro características:
1- El aumento total de la escala llega a 23% y hasta 26% de incidencia en las remuneraciones del personal convencionado. En 20% de los casos supera estos porcentajes.
2- Se fijan los incrementos en tramos o cuotas, sin apreciar que el piso de 2008 será el que marque el tope de la escala y sus efectos finales (26% por ejemplo).
3- Se emplean prestaciones no remunerativas, con cláusulas que importan contradicciones con la coherencia que debe observar dicha naturaleza, y sin tener en cuenta el incremental que produce en el costo la conversión que se realice seguramente en el curso de 2008,
con o sin grossing up, lo que implica otro nuevo impacto sobre el costo laboral final.
4- Nuevamente no están incluidos los mandos medios y superiores dentro de estos aumentos, y tanto la supervisión, como los jefes, gerentes y profesionales serán otra fuente de conflicto si no se les ajusta la remuneración en proporciones que generen diferencias con sus subordinados, ya que se llega a la incongruencia de que los operarios y empleados rechazan ascensos porque ganan más que sus jefes, (por los efectos horas extras, recargos convencionales y por el impacto del Impuesto a las Ganancias 4ª categoría).
El efecto más valioso de la caída de la convertibilidad y de un dólar como el actual fue el de haber logrado una reducción del costo laboral y de los insumos y materias primas locales, que convirtieron a la industria y a muchos servicios de exportación (consultoría, call centers, etc.) en unos de los mejores del mundo global, a lo que se suma el factor humano, ya que la calidad de los recursos humanos es claramente diferenciada de la de otros países como la India, Pakistán, Singapur etc. El incremento del costo laboral y los precios no ajustados (retención de tarifas) están consumiendo y carcomiendo la competitividad global de la Argentina, y en poco tiempo la pueden neutralizar. Si así fuera, volveríamos a vivir sólo con el mercado interno, cuando la exportación se ha convertido en una fuente de crecimiento.
Para los turistas pagar un euro por un café es muy barato (en España, Francia o Alemania cuesta dos euros al paso en un bar); para nosotros representa un aumento de 100% respecto de lo que valía el año pasado. Para los trabajadores dependientes es un récord haber logrado en dólares el mismo sueldo que durante la convertibilidad, pero de nada sirve si la inflación le gana al poder adquisitivo deteriorando el salario real.
Si los índices no reflejan la realidad, ésta se ocupará de imponer la verdad frente a los costos empresarios y frente al poder de compra del asalariado. Es curioso observar cómo la mayoría de los que tienen trabajo están disconformes cuando hace sólo cinco años estábamos verdaderamente desquiciados, y todo parece centrarse en la necesidad de que nos aproximemos a la verdad.
En síntesis, no partir de datos verosímiles ha hecho que la comunidad laboral en general salga a pujar por la búsqueda de un equilibrio, que ahora es la más firme y clara amenaza contra la competitividad, el crecimiento sustentable y la estabilidad económica con inflación controlada

Provincias traban el tomar personal: piden hasta una “Ciudadanía”

Provincias traban el tomar personal: piden hasta una “Ciudadanía”
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 18
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 25-06-07

El trabajador debe ser oriundo de la provincia o domiciliarse en ella para ser contratado, o contar con un tiempo mínimo de residencia. La provincia debe otorgar el carnet habilitante previo el cumplimiento de los requisitos precitados. A su vez, distintos sindicatos son los que dictan los cursos que, una vez aprobados, son los que generan el derecho al carnet supuestamente profesional.


A su vez, distintos sindicatos son los que dictan los cursos que, una vez aprobados, son los que generan el derecho al carnet supuestamente profesional.
Estas normas encuentran sus antecedentes varias décadas atrás, cuando los gobiernos locales querían priorizar a los comprovincianos frente a la presencia o a la inmigración de otros países limítrofes, como fue el caso de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y hasta República Dominicana.
Luego, se pasó de la oculta o encubierta xenofobia a la prioridad de los locales sobre las provincias vecinas, a menudo arraigadas en una rivalidad folclórica a veces ancestral; otras, circunstancial. En el caso de los extranjeros, se competía frente a personas a menudo indocumentadas que trabajaban al margen de las leyes laborales y previsionales por salarios más bajos que los de los trabajadores locales.
En el caso de la rivalidad entre provincias, generalmente se luchaba contra la hegemonía regional de la provincia rica, desde las que tenían posiciones subalternas o una economía dependiente. En algunos casos, era mera rivalidad entre dos pueblos vecinos; en otros, encubría viejas rencillas que hasta se podían rastrear en las campañas contra los indios y en el enfrentamiento entre caudillos.
Aislamiento
En tiempos modernos, estos requisitos o recaudos provienen en especial de las provincias que contaban con regímenes promocionales, o con explotaciones o inversiones nuevas, a los que se les impuso la contratación de los trabajadores locales muchas veces con prescindencia de su capacidad y competencia para cubrir razonablemente con las exigencias del puesto, en desmedro de los más aptos.
Otro factor reciente es la lucha contra el desempleo, la marginación y la pobreza, que en cada provincia argentina tiene fuentes culturales, educativas, de aislamiento en lo que hace a las nuevas tecnologías y las fórmulas y teorías que imponen el trabajo, la inversión, la competitividad y la previsibilidad. Todos estos valores son requisitos indispensables para que una empresa se proyecte en el largo plazo.
En nombre de estas rivalidades locales se cometieron muchos errores históricos, que incluso pusieron bajo serios compromisos al gobierno provincial, y de hecho, hasta lo hipotecaron cuando se observaban las medidas en el mediano y largo plazo. De hecho, los inversores priorizaron ciertas provincias en desmedro de otras por razones de competitividad o de excesiva protección localista.

ART: tras fallo de la Corte, urge nueva ley

ART: tras fallo de la Corte, urge nueva ley
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 19-06-07


Julián A. de Diego
La Corte Suprema en el caso Llosco fulminó lo poco que le quedaba a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) para no colapsar, aún cuando el caso tiene particularidades que no se aplican a la generalidad.


El fallo establece que el trabajador que cobró la indemnización de la ley especial bajo reserva de que dicho monto era a cuenta de otro mayor, podrá demandar al empleador por la vía del Código Civil la reparación sin tope ni fórmula de cálculo (siguiendo el principio de la reparación integral) cuando dicha indemnización fuera insuficiente («Llosco, Raúl c/Irmi SA s/ recurso de hecho», CSJN 15-06-07).
El actor, ya iniciada la demanda, tuvo a su disposición la indemnización especial depositada por la ART, y solicitó autorización para cobrarla «a cuenta de mayor valor» y así se autorizó la percepción. Otro dato importante es que el evento ocurrió en marzo de 1998, cuando todavía no se había realizado un importante incremento de las indemnizaciones previstas en la LRT. Las especiales características del caso no habilitan a que la Corte haya tomado partido, como se dice, sobre una opción que no sea la excluyente.
En rigor, la Corte manda dictar un nuevo fallo con arreglo a lo dispuesto en la sentencia, y por ende, no se sabe el criterio final que se adoptará en lo que hace al pago suplementario, si se deben complementar, y si en definitiva, priva el criterio de la opción excluyente o de la acumulación. El tema queda aún abierto para lo que determine la futura reforma legal.
Sin perjuicio de ello, es y resulta claro que el sistema de riesgos del trabajo de la Ley 24.557 viene sufriendo en forma sistemática una serie de cuestionamientos, que entre otras cosas, implican alrededor de veinte (20) tachas de inconstitucionalidad en los distintos tribunales laborales. En verdad, la norma pasó a ser el blanco de todas las teorías que relacionaron su creación y desarrollo con todos los cuestionamientos de la «doctrina de la flexibilidad laboral» de la década de los noventa (90), y con ello, la devastación del sistema sacrificó también alguna de sus virtudes. Es más, la consigna fue destruir el modelo.
Basta con citar el fallo de la Corte Suprema «Aquino» (CSJN 327: 3753) y «Díaz» (CSJN 325: 11) que declaró abierta la opción libre por la vía del Código Civil, al que le siguieron los casos sobre la competencia de la Justicia laboral o la que resulte conforme a las leyes locales de cada provincia, excluyendo la competencia federal prevista en el Ley 24.557.
Lo cierto es que las empresas son el blanco hoy de las demandas irrestrictas por la vía del Código Civil, sin amparo legal posible en la cobertura que implica contribuir con las ART, y en un marco donde las indemnizaciones no tienen límite y últimamente tampoco tienen razonabilidad. Las mayores damnificadas son las empresas chicas y medianas que obviamente no pueden pagar una sentencia basada en la reparación integral y sólo les queda la alternativa del cierre.
Advertencia
El fallo «Llosco» es una nueva advertencia desde la Corte al Poder Ejecutivo, los empleadores, los sindicatos y las aseguradoras, de que una reforma legislativa integral debe ser tratada con urgencia por el Parlamento. Los rehenes son los trabajadores damnificados, la parte más débil de la relación, que merecen normas de prevención anticipatoria adecuadas para evitar que los accidentes y enfermedades laborales ocurran, y normas adecuadas para asegurar medicina curativa, tratamiento, rehabilitación y reinserción que la nueva
legislación debe garantizar, todo ello sin perjuicio, de que -como último recurso- se paguen indemnizaciones adecuadas por daños irreversibles, sin que sea necesario buscar un juez que imponga el pago. La Justicia también debe ser el último recurso dentro de un sistema administrativo, siempre revisable por el Poder Judicial.
La LRT está ya redactada en el marco del Poder Ejecutivo, y por obra de diversas circunstancias atribuibles al debate que se entabló entre las empresas y sus entidades representativas, las aseguradoras, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el mismo Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Seguros, y hasta los sindicatos, la CGT y sus asesores, no ha dado la luz, y se espera que en las sesiones ordinarias de 2008 sean remitidas al Parlamento. Parece que la necesidad impone hoy una nueva ley que proteja a los trabajadores y formule un esquema predecible para los empleadores, con un sistema asegurador sano y transparente.

Estudio Jurídico Líder en Asesoramiento Laboral Empresario y Atención de Conflictos Individuales y Colectivos

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