Una señal de normalidad

Una señal de normalidad
Fuente: Pagina 12 – Pág. 3
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-09-07

Entrevista sobre la doble indemnización. Lo que hizo el gobierno es cumplir con el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10%. El ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión no se halla tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas que a los ocho días de su publicación el recargo dejara d e tener vigencia.


Entrevista a Julián De Diego, sobre la doble indemnización. Lo que hizo el gobierno es cumplir con el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10%. El ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión no se halla tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas que a los ocho días de su publicación el recargo dejara d e tener vigencia.

Sin la doble

Sin la doble
Fuente: Página12 – Pág. 3 Sección: El País

Fecha: 11-09-07

El Gobierno derogó la doble indemnización por despido, que tendrá vigencia ocho días corridos después de ser publicado el decreto. La discusión ahora pasa por saber el fin empresario en presionar por su eliminación: si puramente ideológico, como cree el Gobierno, o para abaratar despidos, como temen la CGT y CTA.


(…)

Un decreto sí, otro no
La interpretación sobre los alcances de la medida dispuesta ayer dejó abierta alguna controversia. El Ministerio de Trabajo aclaró ayer, a través de un comunicado, que se encuentra vigente el decreto Nº265/02 que regula la tramitación de los procedimientos especiales que deben ser efectuados ante la Autoridad Laboral, previamente a que el empleador comunique despido, suspensión o reducción de jornada que afecten a todo o parte de su plantel. Esos procedimientos consisten básicamente en la presentación por parte de la empresa de distintos elementos tendientes a establecer la necesidad de producir despidos frente a la existencia y dimensión de alguna crisis que debe ser justificada. Luego se procede a la celebración de audiencias entre la empresa y el sindicato que representa a los trabajadores para llegar a un acuerdo entre las partes que permita minimizar la afectación del colectivo de trabajadores que se verían involucrados. Tales procedimientos son obligatorios. Junto al decreto 265/02 se había aprobado el mismo día el decreto 264/02, que fijaba la obligación de informar no sólo cuándo se alcanzaban los porcentajes de despido determinados en el artículo 98 de la ley 24.013, sino en todos los casos. El abogado Julián De Diego dijo que este último decreto cayó junto a la indemnización especial. En Trabajo, en tanto, informaron que “el 264 deja de tener entidad porque regulaba la suspensión de los despidos, situación que dejó de existir”. En cambio, ratificaron la vigencia del 265.

(…)

El punto de vista patronal
JULIAN DE DIEGO *
Una señal de normalidad
–¿Qué opina de la derogación de la indemnización especial?
–Lo que hizo el Gobierno es cumplir con el artículo 16 de la Ley de Emergencia Económica, donde decía claramente que el recargo caducaría cuando el desempleo fuera inferior al 10 por ciento. El Ejecutivo había adelantado que la norma no iba a caer automáticamente. Es bueno que esta decisión se haya tomado por decreto, pues ahora no quedan dudas de que a los ocho días de su publicación el recargo dejará de tener vigencia.
–¿Esta decisión tiene efecto sobre alguna otra norma?
–Es importante haber dejado sin efecto el decreto 264 del 2002 que obligaba a las empresas que realizaban un despido colectivo sin causa a iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Eso significa que no se podía despedir hasta acreditar el Estado de emergencia ocupacional, situación que demoraba la concreción de la medida.
–¿Puede aumentar la cantidad de despidos a partir de ahora?
–Las empresas a las que represento no nos estaban preguntando cuándo iba a caer el recargo por indemnización. En la actualidad, salvo casos muy puntuales, no se está despidiendo sino contratando personal. Alcanza con ver los avisos en los diarios. Este es el mejor momento para tomar la decisión porque no hay ninguna crisis.
–¿Los empresarios pidieron que se derogara ahora?
–Había que cumplir con la ley, pero está medida no la estaba pidiendo nadie. Es una decisión del Gobierno que busca transmitirles una señal de normalidad a las empresas. Dejarles en claro que, si bien todavía quedan asuntos por resolver, la crisis ya pasó.
* Abogado de empresas.

Fin para etapa laboral olvidable

Fin para etapa laboral olvidable
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 11-09-07

Con el Decreto 1.224/2007 se dio por terminada la vigencia de la doble indemnización que actualmente constituía un recargo de 50% de la indemnización por despido.


Pero dado que la norma no establece la fecha de vigencia, se deberán computar ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Con ello se dio por concluido el debate según el cual algunos asesores opinaban que la caducidad era automática.

En rigor, la Ley 25.972 había extendido la vigencia la Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561) hasta el 31 de diciembre de 2007, estableciendo lo siguiente: « Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior a diez por ciento (10%)». El presidente Néstor Kirchner había anunciado en conjunción con el ministro Carlos Tomada que el Poder Ejecutivo determinaría por vía de una norma reglamentaria la caída de «la doble», para dar certeza al debate planteado, y una vez apreciada la sustentabilidad del índice.
También se daba la paradoja de que el INDEC tiene varios índices y el que había caído por debajo de 10% en abril era uno solo de ellos, el que incluía como personal ocupado a los beneficiarios de los planes sociales. En estos momentos tanto el desempleo abierto como el cerrado están por debajo de 10% y por esa razón se dictó la ansiada disposición.
Consecuentemente, ha perdido vigencia también el Decreto 264/2002 que imponía la obligación de sustanciar el Procedimiento Preventivo de Crisis (arts. 99 y ccs. Ley 24.013) o el Decreto 328/88 frente a cualquier despido sin causa. Eso no significa que dichos procedimientos reglados en la Ley Nacional de Empleo y en el Decreto 328/ 88 dejen de aplicarse para las situaciones previstas en dichas normas, a saber: despidos, suspensiones o reducción de jornada por causas económicas, tecnológicas o de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Es por eso, reiteramos, que mantienen vigencia los decretos 328/88 y 265/2002, uno relativo a la obligación de informar al Ministerio de Trabajo los despidos por falta o disminución de trabajo y el otro, reglamentario del Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la Ley 24.013.

Emergencia
La decisión del Poder Ejecutivo es por demás correcta, tanto en el plano de dar certeza jurídica a la caída de «la doble», que a la vez fije la fecha de corte, como en lo relativo a la oportunidad de resolver la incógnita. En efecto, el recargo de la indemnización por despido, que en sus comienzos fue de 100%, luego de 80% y ahora de 50% se creó para una clara situación de «emergencia ocupacional», que no es la experimentada en la actualidad. Es más, el mercado laboral es claramente demandante de mano de obra, con tendencia sostenida y no existen despidos colectivos por crisis, salvo alguna rara excepción.
Entre abril de 2007 y la vigencia del Decreto 1.224/ 2007, quien despidió sin abonar los recargos se expuso a un severo riesgo judicial, no sólo por la procedencia y cuantía de «la doble» en sí misma, sino por la generación de reclamos accesorios como las multas y duplicaciones asociados al no pago de las indemnizaciones legales adeudadas, y otros rubros contingentes que se pudieren adicionar abultando las demandas en forma desmedida. Si a ello le agregamos, además del incremento de la litigiosidad, los intereses y costas sobre los rubros reclamados, parecía prudente seguir los lineamientos que el mismo Poder Ejecutivo enunció desde el comienzo de este debate.
La caducidad dispuesta por el Decreto 1.224/2007 es la conclusión de una etapa olvidable de nuestra historia laboral y económica, a la que se da fin en el marco de un importante crecimiento del empleo formal, genuino y sustentable.

Fallo contra huelga salvaje: es ilegal y despido, justificado

Fallo contra huelga salvaje: es ilegal y despido, justificado
Fuente: Ambito Financiero – Pág. 15
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 03-09-07

La huelga salvaje con ocupación del establecimiento, bloqueo de accesos e impidiendo el derecho a trabajar es ilegal, y el despido de quienes participan de estas medidas es justificado y sin derecho a indemnización alguna.


El fallo dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es de singular trascendencia en momentos en los cuales se ha perdido la noción de lo que constituye el derecho constitucional de huelga.
Se introduce el concepto de huelga pacífica y el rechazo de toda forma de violencia. Somos todos testigos de una serie de eventos de dominio público que desafían al sistema jurídico y han hecho perder el curso del funcionamiento normal de las instituciones. La generalización de la «metodología del asedio o de la violencia física o psicológica» está llevando a situaciones límite a las empresas presionadas bajo condiciones extorsivas y tomando como rehén a toda la sociedad, que es la víctima indefensa y silenciosa de muchas medidas de fuerza irracionales.

Reencauzamiento
El caso «Zavaglia, Gustavo Martín c/ Artes Gráficas Rioplatenses SA s/despido» (CNApTr Sala II, 20-7-2007, Expte. 26.795/ 2005) devolvió a su cauce la esencia del derecho de huelga y descalificó la violencia como eje de cualquier reclamo colectivo. El caso se encuentra alineado con otra jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema. El magistrado Miguel Angel Mazza en su voto sostuvo:
a. el derecho de huelga implica la abstención o suspensión del deber de trabajar, y admite una visión moderna y amplia del concepto, pero lo que no admite es que se violen otros derechos constitucionales o supraconstitucionales; no puede llevarse a cabo en forma violenta ni abusiva;
b. la abstención o suspensión de la actividad durante la huelga implica un daño por la falta de producción y otro por la pérdida de los salarios del trabajador, pero no otros daños provocados por acciones violentas o sabotajes;
c. etimológicamente, la huelga es paralización,es detención de la actividad, y proviene de la expresión «holgar» que indica ocio;
d. el derecho de huelga, además de ser una suspensión pacífica de la actividad productiva, tiene límites que deben apreciarse razonablemente en cada caso y éstos deben establecerse con claridad dentro del sistema jurídico y de las reglas que impone el deber de respetarlo en una sociedad organizada donde coexisten derechos constitucionales de diverso rango;
e. la medida de fuerza violenta, con bloqueo de los lugares de trabajo en perjuicio de la empresa y de los trabajadores que deseaban trabajar violenta derechos constitucionales y lo convierte en ilegal y no merece ni puede contar con la protección de las leyes, todo lo cual, además, constituye una injuria laboral que justifica el despido del trabajador que participó de la medida;
f. las medidas de fuerza pacíficas deben ser promovidas por la entidad gremial con personería que represente al grupo colectivo o categoría; por ende, la medida de fuerza promovida per se por los trabajadores individualmente también es ilegal,
g. el trabajador que participa de una medida de fuerza con violencia e ilegal incurre en graves incumplimientos a sus obligaciones legales y contractuales que impiden la continuidad del vínculo (art. 242, LCT); por ende, es justificado el despido por los actos ilícitos en los que participó, sin derecho al cobro de indemnización alguna (tanto ordinaria como sus recargos).
El voto de Miguel Angel Mazza es así sobremanera esclarecedor, para poner los hechos y el derecho en el punto de equilibrio de la balanza, sin propiciar favoritismos, y aggiornando la esencia del derecho de huelga sin perjuicio de los requerimientos que impone la modernidad. La huelga como derecho constitucional que legitima un daño es una interrupción concertada de la actividad productiva, que a pesar de imponer un incumplimiento, debe ser pacífica. Su vigencia debe ser observada con razonabilidad y adecuación a los tiempos que se viven. La violencia es el imperio de la fuerza en desmedro del imperio del derecho, que debe regular las conductas de las personas en sociedad y que a toda costa la Justicia habrá de recuperar para que las instituciones vuelvan a ser, como deben ser, un faro que oriente el deber ser dentro del estado de derecho.

Riesgoso: salarios suben 22% en 2008.

Riesgoso: salarios suben 22% en 2008.
Fuente: Ámbito Financiero – Pág .9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 20-08-07

El aumento de salarios previsto para el año 2008 será de entre 18% y 22%, según la estimación de los analistas. Sin dudas, no será inferior a la inflación proyectada, y nadie lo ubica en un valor menor al real de 2007 que los observadores estiman en 17%.


Cuando termine el año, el presupuesto salarial y los incrementos experimentados en el año 2006 de cada compañía serán los más altos e importantes de los últimos
quince años.
Los aumentos sobre las retribuciones reales oscilarán entre un piso de quince por ciento (15%) y un máximo de treinta por ciento (30%), aun cuando la mayoría se instaló en el promedio de alrededor de 22% o 23%.
Dos factores contribuyen a adoptar posiciones conservadoras, uno tiene que ver con el resultado de los ajustes del año 2007, que elevaron el piso salarial a un nivel récord desde la caída de la convertibilidad, superando ampliamente los índices de inflación reales.
El otro es el de la necesidad de una retracción en el costo laboral si se adoptaran medidas antiinflacionarias para un mercado que tiende a recalentarse. Para enfrentar el presupuesto hay que partir de la premisa de que los valores oficiales del INDEC no reflejan la realidad o, por lo menos, no la que venía reflejando hasta promediar 2005. De hecho, habrá que convencer a los accionistas, sobre todo a los
extranjeros, de que los parámetros oficiales no son representativos en
muchos aspectos de la realidad, y que habrá una clara dicotomía entre
lo oficial y lo oficioso, entre lo que publica el organismo estatal y lo que
analizan y estudian las consultoras privadas. También habrá que
buscar algún valor de consenso, dado que las consultoras privadas
cuentan con sistemas de evaluación confidenciales o no
estandarizados.
Desconfianza
En rigor, en nuestro país y en el mundo lo que se ha perdido es la confianza, y, por ende, todos desconfían de todos. Los acuerdos, los consensos, los pactos preexistentes, se han quebrado, y no parecen restablecerse. Por eso estamos donde estamos.
El otro efecto padecido este año es el proveniente de la distorsión salarial lograda a través de los conflictos, entre los que se destacan los generados desde el sindicato de camioneros, donde el factor de seducción no era otro que salarios más altos de las actividades que se pretendían copar. Con ello se logra una doble inercia, la de las apetencias sindicales con las aspiraciones de los trabajadores involucrados. Otro factor distorsivo fue el doble juego de los aumentos por sector (entre la cámara y el sindicato) y su descenso a nivel de cada empresa, ya que los acuerdos de actividad fijaron aumentos en general razonables y en línea con la inflación, mientras que los trabajadores experimentaban los efectos del deterioro de la canasta.
Este factor, más la intervención de grupos combativos de diversos orígenes, pero de ideología de izquierda, potenció reclamos en cada lugar de trabajo. La pirámide salarial también sufrió desequilibrios y alteraciones asistemáticas. Los trabajadores excluidos de convenio primero y los fuera de convenio, como los profesionales, en segundo lugar no registraron aumentos salariales en la misma proporción que la base. La incomodidad y la incertidumbre producen efectos inesperados, en especial en relación con la representatividad, y el sentido de la pertenencia, cuando se olvida el factor fundamental: los ingresos son un medio para trasmitir mensajes y configuran un componente de la estrategia de conducción y de la preservación del liderazgo. Los salarios tienen una referencia inobjetable: la inflación real.
No tiene demasiada relevancia si el INDEC es creíble o no, ya que alguien descubrirá la verdad, y en materia salarial el que gana para gastar sabe exactamente el valor de la canasta familiar, y ninguna estadística ni valoración macro, sea o no científica o transparente, lo hará cambiar de parecer.
La conclusión sobre el presupuesto para el año próximo es que los salarios y el costo laboral se ajustarán conforme la inflación real proyectada del año, y como es difícil de prever el futuro con tantas incógnitas como las que se presentan hoy, es fundamental que exista la posibilidad de una revisión basada en el principio de la teoría de la imprevisión, cuando ya estemos inmersos en los desafíos del año 2008.

Riesgoso: salarios suben 22% en 2008.

Riesgoso: salarios suben 22% en 2008.
Fuente: Ámbito Financiero – Pág .9
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 20-08-07

El aumento de salarios previsto para el año 2008 será de entre 18% y 22%, según la estimación de los analistas. Sin dudas, no será inferior a la inflación proyectada, y nadie lo ubica en un valor menor al real de 2007 que los observadores estiman en 17%.

Cuando termine el año, el presupuesto salarial y los incrementos experimentados en el año 2006 de cada compañía serán los más altos e importantes de los últimos
quince años.
Los aumentos sobre las retribuciones reales oscilarán entre un piso de quince por ciento (15%) y un máximo de treinta por ciento (30%), aun cuando la mayoría se instaló en el promedio de alrededor de 22% o 23%.
Dos factores contribuyen a adoptar posiciones conservadoras, uno tiene que ver con el resultado de los ajustes del año 2007, que elevaron el piso salarial a un nivel récord desde la caída de la convertibilidad, superando ampliamente los índices de inflación reales.
El otro es el de la necesidad de una retracción en el costo laboral si se adoptaran medidas antiinflacionarias para un mercado que tiende a recalentarse. Para enfrentar el presupuesto hay que partir de la premisa de que los valores oficiales del INDEC no reflejan la realidad o, por lo menos, no la que venía reflejando hasta promediar 2005. De hecho, habrá que convencer a los accionistas, sobre todo a los
extranjeros, de que los parámetros oficiales no son representativos en
muchos aspectos de la realidad, y que habrá una clara dicotomía entre
lo oficial y lo oficioso, entre lo que publica el organismo estatal y lo que
analizan y estudian las consultoras privadas. También habrá que
buscar algún valor de consenso, dado que las consultoras privadas
cuentan con sistemas de evaluación confidenciales o no
estandarizados.
Desconfianza
En rigor, en nuestro país y en el mundo lo que se ha perdido es la confianza, y, por ende, todos desconfían de todos. Los acuerdos, los consensos, los pactos preexistentes, se han quebrado, y no parecen restablecerse. Por eso estamos donde estamos.
El otro efecto padecido este año es el proveniente de la distorsión salarial lograda a través de los conflictos, entre los que se destacan los generados desde el sindicato de camioneros, donde el factor de seducción no era otro que salarios más altos de las actividades que se pretendían copar. Con ello se logra una doble inercia, la de las apetencias sindicales con las aspiraciones de los trabajadores involucrados. Otro factor distorsivo fue el doble juego de los aumentos por sector (entre la cámara y el sindicato) y su descenso a nivel de cada empresa, ya que los acuerdos de actividad fijaron aumentos en general razonables y en línea con la inflación, mientras que los trabajadores experimentaban los efectos del deterioro de la canasta.
Este factor, más la intervención de grupos combativos de diversos orígenes, pero de ideología de izquierda, potenció reclamos en cada lugar de trabajo. La pirámide salarial también sufrió desequilibrios y alteraciones asistemáticas. Los trabajadores excluidos de convenio primero y los fuera de convenio, como los profesionales, en segundo lugar no registraron aumentos salariales en la misma proporción que la base. La incomodidad y la incertidumbre producen efectos inesperados, en especial en relación con la representatividad, y el sentido de la pertenencia, cuando se olvida el factor fundamental: los ingresos son un medio para trasmitir mensajes y configuran un componente de la estrategia de conducción y de la preservación del liderazgo. Los salarios tienen una referencia inobjetable: la inflación real.
No tiene demasiada relevancia si el INDEC es creíble o no, ya que alguien descubrirá la verdad, y en materia salarial el que gana para gastar sabe exactamente el valor de la canasta familiar, y ninguna estadística ni valoración macro, sea o no científica o transparente, lo hará cambiar de parecer.
La conclusión sobre el presupuesto para el año próximo es que los salarios y el costo laboral se ajustarán conforme la inflación real proyectada del año, y como es difícil de prever el futuro con tantas incógnitas como las que se presentan hoy, es fundamental que exista la posibilidad de una revisión basada en el principio de la teoría de la imprevisión, cuando ya estemos inmersos en los desafíos del año 2008.

Legislación laboral: 80% ya es anacrónica

Legislación laboral: 80% ya es anacrónica
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 13-08-07

Las leyes y las ideas de 1940 y 1950 son la base de nuestro derecho laboral. Para adecuarse al presente es imprescindible que nuestro sistema legal contemple el mundo laboral de las nuevas tecnologías.


De los 277 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sólo se aplican cincuenta y seis (56). Los demás han quedado desactualizados, son obsoletos, o en el mejor de los casos carecen de sentido y fundamento por el simple transcurso del tiempo. No es sólo el correo electrónico e Internet; es también la robotización, el reemplazo del trabajador como ser humano por equipos que lo suplantan con mayor eficiencia y no se enferman, es también el crecimiento del trabajo virtual, donde el operador no se desplaza de su casa, o trabaja desde un shopping, una biblioteca o una plaza. Aparecen las habilidades digitales, el dominio de las imágenes y de los íconos, el lenguaje de los expertos en sistemas, la eliminación de los límites físicos o temporales del conocimiento. El contrato de tiempo indeterminado es frecuentemente la excepción y no la regla, como lo dispone la LCT; la jornada fija de ocho o nueve horas no se adecua a las necesidades del mercado y no se aplica en ninguna empresa, los descansos ya no son en fin de semana ni las vacaciones en verano, el salario fijo es anticuado y las remuneraciones variables se aplican en todas las actividades (industriales o de servicios), las normas de prevención son más importantes que las de reparación, el entrenamiento y la capacitación son la llave del crecimiento en el empleo, el conocimiento de idiomas es más importante que el título profesional, el dominio de las técnicas de sistemas resulta vital para el trabajo diario, las patologías de la vista y las tensiones psicológicas son más importantes que los accidentes de trabajo clásicos, el trabajo en equipo desplazó al trabajo individual, muchos robots sustituyen funciones antes cubiertas con fuerza física (carga y descarga con cintas transportadoras o montacargas automáticos), y el ejercicio físico lo necesitamos hacer en un gimnasio por efecto de la actitud sedentaria que tenemos en la oficina o en la fábrica. El salario se paga a través de un cajero, el trabajador lo cobra cuando resuelve hacerlo, en el momento y en el lugar que desee. Nuestra legislación prohíbe vender bebidas alcohólicas donde se pague el salario, que a la vez debe abonarse en el lugar de trabajo, en efectivo, y dentro de la jornada laboral, y el salario ni se paga más en el lugar de trabajo desde hace más de diez años, y no se paga en efectivo sino a través del banco. Nuevo rol El 80% de nuestra Ley de Contrato de Trabajo y de la mayoría de nuestra legislación no se aplica por anacrónico y por obsoleto. Los jueces, los intérpretes, los moralistas del derecho del trabajo quieren sacar de ella lo que ella ya no nos puede dar. Una ley escrita para la máquina a vapor ¿cómo puede aplicarse para la electrónica, para Internet, para el teletrabajo, y para la nanorrobótica, cuando la norma se escribió a mano con lápiz o en una máquina mecánica de escribir a la luz de una vela, cuando no existían siquiera el fax, el teléfono celular, ni la computadora personal? Ya sabemos, porque lo hemos comprobado, que Jeremy Rifkin estaba equivocado con su teoría de que el trabajo terminaba o se aniquilaba; en rigor, creció, pero a través de nuevas competencias, nuevas especialidades, de hecho, un nuevo rol del trabajador en el mundo de las empresas. Es más, a los excluidos, a los marginales, a los que no tienen oportunidad dentro del mercado porque sencillamente no pueden acceder a él, los deberíamos incorporar a través de un puente creado para que sepan, para que conozcan, para que suban el primer peldaño de una oportunidad, y ese peldaño sólo está ligado a acceder al conocimiento. ¿No deberíamos entonces, en lugar de volver a la legislación de la década del 70, basada en la legislación de posguerra, tratar de crear las condiciones de un nuevo modelo de relaciones del trabajo? La reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo promovida por el diputado Héctor Recalde, que complica claramente el «ius variandi», es decir, el derecho de modificar las condiciones de trabajo, con prescindencia de si es o no adecuada o pertinente, lo cierto es que reproduce el texto original de la ley cuando fue aprobada en 1975. En otras palabras, hemos vuelto a un modelo legal perimido, que no responde a la dinámica de los tiempos, y que somete a la consideración de un juez si el cambio producido por la empresa es razonable, y mientras el juez lo evalúa, la empresa, inmovilizada, sencillamente podría fundirse y quebrar. Los que tienen las responsabilidades de legislar, los que piensan en el modelo que el futuro nos depara, deberían despojarse de los vínculos culturales de lugar y de tiempo, y enfrentar los cambios como son, un desafío para no quedar fuera del mundo. En rigor, algunas de las actividades exitosas de naturaleza global están receptando los sistemas de organizar el trabajo del Primer Mundo, buscando una adecuación en los países emergentes como el nuestro. Es por ello que para la nueva etapa que seguramente se iniciará el 12 de diciembre próximo deberíamos asumir el desafío de modernizar nuestro sistema de relaciones del trabajo adecuándolo a las nuevas tecnologías, buscando que el sistema preserve el equilibrio entre el capital tecnológico y del conocimiento y el amparo de la dignidad del trabajador dependiente. Si nuestro país tiene hoy una oportunidad de desafiar a otros mercados con valores escasos como los mejores recursos humanos disponibles en múltiples especialidades y profesiones, con costos laborales competitivos, y con la tecnología a nuestro alcance, deberíamos contar con una legislación adecuada para asumir el desafío

Legislación laboral: 80% ya es anacrónica

Legislación laboral: 80% ya es anacrónica
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 6
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 13-08-07

Las leyes y las ideas de 1940 y 1950 son la base de nuestro derecho laboral. Para adecuarse al presente es imprescindible que nuestro sistema legal contemple el mundo laboral de las nuevas tecnologías.

De los 277 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sólo se aplican cincuenta y seis (56). Los demás han quedado desactualizados, son obsoletos, o en el mejor de los casos carecen de sentido y fundamento por el simple transcurso del tiempo. No es sólo el correo electrónico e Internet; es también la robotización, el reemplazo del trabajador como ser humano por equipos que lo suplantan con mayor eficiencia y no se enferman, es también el crecimiento del trabajo virtual, donde el operador no se desplaza de su casa, o trabaja desde un shopping, una biblioteca o una plaza. Aparecen las habilidades digitales, el dominio de las imágenes y de los íconos, el lenguaje de los expertos en sistemas, la eliminación de los límites físicos o temporales del conocimiento. El contrato de tiempo indeterminado es frecuentemente la excepción y no la regla, como lo dispone la LCT; la jornada fija de ocho o nueve horas no se adecua a las necesidades del mercado y no se aplica en ninguna empresa, los descansos ya no son en fin de semana ni las vacaciones en verano, el salario fijo es anticuado y las remuneraciones variables se aplican en todas las actividades (industriales o de servicios), las normas de prevención son más importantes que las de reparación, el entrenamiento y la capacitación son la llave del crecimiento en el empleo, el conocimiento de idiomas es más importante que el título profesional, el dominio de las técnicas de sistemas resulta vital para el trabajo diario, las patologías de la vista y las tensiones psicológicas son más importantes que los accidentes de trabajo clásicos, el trabajo en equipo desplazó al trabajo individual, muchos robots sustituyen funciones antes cubiertas con fuerza física (carga y descarga con cintas transportadoras o montacargas automáticos), y el ejercicio físico lo necesitamos hacer en un gimnasio por efecto de la actitud sedentaria que tenemos en la oficina o en la fábrica. El salario se paga a través de un cajero, el trabajador lo cobra cuando resuelve hacerlo, en el momento y en el lugar que desee. Nuestra legislación prohíbe vender bebidas alcohólicas donde se pague el salario, que a la vez debe abonarse en el lugar de trabajo, en efectivo, y dentro de la jornada laboral, y el salario ni se paga más en el lugar de trabajo desde hace más de diez años, y no se paga en efectivo sino a través del banco. Nuevo rol El 80% de nuestra Ley de Contrato de Trabajo y de la mayoría de nuestra legislación no se aplica por anacrónico y por obsoleto. Los jueces, los intérpretes, los moralistas del derecho del trabajo quieren sacar de ella lo que ella ya no nos puede dar. Una ley escrita para la máquina a vapor ¿cómo puede aplicarse para la electrónica, para Internet, para el teletrabajo, y para la nanorrobótica, cuando la norma se escribió a mano con lápiz o en una máquina mecánica de escribir a la luz de una vela, cuando no existían siquiera el fax, el teléfono celular, ni la computadora personal? Ya sabemos, porque lo hemos comprobado, que Jeremy Rifkin estaba equivocado con su teoría de que el trabajo terminaba o se aniquilaba; en rigor, creció, pero a través de nuevas competencias, nuevas especialidades, de hecho, un nuevo rol del trabajador en el mundo de las empresas. Es más, a los excluidos, a los marginales, a los que no tienen oportunidad dentro del mercado porque sencillamente no pueden acceder a él, los deberíamos incorporar a través de un puente creado para que sepan, para que conozcan, para que suban el primer peldaño de una oportunidad, y ese peldaño sólo está ligado a acceder al conocimiento. ¿No deberíamos entonces, en lugar de volver a la legislación de la década del 70, basada en la legislación de posguerra, tratar de crear las condiciones de un nuevo modelo de relaciones del trabajo? La reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo promovida por el diputado Héctor Recalde, que complica claramente el «ius variandi», es decir, el derecho de modificar las condiciones de trabajo, con prescindencia de si es o no adecuada o pertinente, lo cierto es que reproduce el texto original de la ley cuando fue aprobada en 1975. En otras palabras, hemos vuelto a un modelo legal perimido, que no responde a la dinámica de los tiempos, y que somete a la consideración de un juez si el cambio producido por la empresa es razonable, y mientras el juez lo evalúa, la empresa, inmovilizada, sencillamente podría fundirse y quebrar. Los que tienen las responsabilidades de legislar, los que piensan en el modelo que el futuro nos depara, deberían despojarse de los vínculos culturales de lugar y de tiempo, y enfrentar los cambios como son, un desafío para no quedar fuera del mundo. En rigor, algunas de las actividades exitosas de naturaleza global están receptando los sistemas de organizar el trabajo del Primer Mundo, buscando una adecuación en los países emergentes como el nuestro. Es por ello que para la nueva etapa que seguramente se iniciará el 12 de diciembre próximo deberíamos asumir el desafío de modernizar nuestro sistema de relaciones del trabajo adecuándolo a las nuevas tecnologías, buscando que el sistema preserve el equilibrio entre el capital tecnológico y del conocimiento y el amparo de la dignidad del trabajador dependiente. Si nuestro país tiene hoy una oportunidad de desafiar a otros mercados con valores escasos como los mejores recursos humanos disponibles en múltiples especialidades y profesiones, con costos laborales competitivos, y con la tecnología a nuestro alcance, deberíamos contar con una legislación adecuada para asumir el desafío

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5ta Edición – Año 2015
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Julián Arturo de Diego
Año 2012
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Doble indemnización

Doble indemnización
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 8
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 06-08-07

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó.


El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó. En realidad, hay dos interpretaciones sobre la vigencia de este mecanismo creado por Eduardo Duhalde en el año 2001 para atenuar los efectos de la crisis laboral y desalentar los despidos masivos que se producían ese año en medio de una grave situación económica. Para ello se incluyó una norma en la Ley de Emergencia Económica que dispuso la suspensión de los despidos incausados por el tiempo de vigencia de dicha ley (se fue renovando en forma anual) y a la empresa que no cumpliera con dicha suspensión le cabía la sanción de pagar la indemnización por despido duplicada.
Con el tiempo, el monto fue reduciéndose, hasta llegar hoy a 50% de recargo, y los hechos que motivan esta controversia se dispararon en marzo de este año. En ese momento, el presidente Kirchner anunció que el índice de desocupación había descendido por debajo de los dos dígitos. A su vez, en la última versión de la Ley de Emergencia se había establecido que la mentada duplicación caducaría cuando el índice de desempleo publicado por el INDEC fuera inferior a 10%. Así nació la controversia legal, además de la política de que el Poder Ejecutivo no estaba convencido de que la doble indemnización debía caducar, y por ello el Ministerio de Trabajo anunció que no desaparecería «la doble» hasta tanto no se dictara una norma explícita que así lo dispusiera. Es más, se llegó a comentar que dicha norma había sido remitida al presidente Kirchner, quien era el único que iba a tomar una decisión de esa trascendencia.
Así también surgió la duda legal de qué índice debía tenerse en cuenta de los publicados por el INDEC, ya que el que había descendido a menos de 10% era el que incluía los planes sociales como personas ocupadas, mientras que el que las tomaba como desocupados demandantes nunca había llegado a menos de 10%. Surgieron también dudas sobre los efectos no deseados, tanto social como políticamente, ya que se sospechaba que «la caída de la doble» podía desencadenar una ola de despidos, sobre todo en las empresas más pequeñas, en donde una indemnización con recargo puede significar un importante presupuesto, y lo más grave, que dichos despidos iban a caer sobre las personas más antiguas, que son a la vez las de mayor edad y las que tienen mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.
Mandato político
En síntesis, la norma legal decía que el recargo caía automáticamente; el mandato político fue, debo tomar precauciones, y de hecho se analizaron distintas alternativas, como por ejemplo sacar la doble, y crear o fortalecer los procedimientos y la intervención del Ministerio de Trabajo para intermediar en el caso de que se produzcan despidos. Se llegó a sostener que, finalmente, la «caída de la doble» se produciría en la próxima etapa presidencial, ya que la Ley de Emergencia que prorrogó el recargo vence el 31 de diciembre próximo. Por último, se ha aclarado en estos días que los trabajadores incorporados con posterioridad al 1 de enero de 2003 que impliquen un incremento de la dotación no están beneficiados con «la doble». La interpretación legal no coincide con la interpretación de política social del gobierno nacional, y de hecho por esa dicotomía se cayó en esta discusión que seguramente será resuelta como siempre por el presidente Kirchner, que es el único que toma este tipo de decisiones trascendentales dentro del Poder Ejecutivo.

Doble indemnización

Doble indemnización
Fuente: Ámbito Financiero – Pág. 8
Autor: Julián A. De Diego (Especialista en temas laborales)
Fecha: 06-08-07

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó.

El presidente Néstor Kirchner anunció que en breve dejará de tener vigencia la doble indemnización (hoy el recargo es de 50%) que se aplica sobre la indemnización por despido, y la razón es que, para el Poder Ejecutivo, todavía no caducó. En realidad, hay dos interpretaciones sobre la vigencia de este mecanismo creado por Eduardo Duhalde en el año 2001 para atenuar los efectos de la crisis laboral y desalentar los despidos masivos que se producían ese año en medio de una grave situación económica. Para ello se incluyó una norma en la Ley de Emergencia Económica que dispuso la suspensión de los despidos incausados por el tiempo de vigencia de dicha ley (se fue renovando en forma anual) y a la empresa que no cumpliera con dicha suspensión le cabía la sanción de pagar la indemnización por despido duplicada.
Con el tiempo, el monto fue reduciéndose, hasta llegar hoy a 50% de recargo, y los hechos que motivan esta controversia se dispararon en marzo de este año. En ese momento, el presidente Kirchner anunció que el índice de desocupación había descendido por debajo de los dos dígitos. A su vez, en la última versión de la Ley de Emergencia se había establecido que la mentada duplicación caducaría cuando el índice de desempleo publicado por el INDEC fuera inferior a 10%. Así nació la controversia legal, además de la política de que el Poder Ejecutivo no estaba convencido de que la doble indemnización debía caducar, y por ello el Ministerio de Trabajo anunció que no desaparecería «la doble» hasta tanto no se dictara una norma explícita que así lo dispusiera. Es más, se llegó a comentar que dicha norma había sido remitida al presidente Kirchner, quien era el único que iba a tomar una decisión de esa trascendencia.
Así también surgió la duda legal de qué índice debía tenerse en cuenta de los publicados por el INDEC, ya que el que había descendido a menos de 10% era el que incluía los planes sociales como personas ocupadas, mientras que el que las tomaba como desocupados demandantes nunca había llegado a menos de 10%. Surgieron también dudas sobre los efectos no deseados, tanto social como políticamente, ya que se sospechaba que «la caída de la doble» podía desencadenar una ola de despidos, sobre todo en las empresas más pequeñas, en donde una indemnización con recargo puede significar un importante presupuesto, y lo más grave, que dichos despidos iban a caer sobre las personas más antiguas, que son a la vez las de mayor edad y las que tienen mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.
Mandato político
En síntesis, la norma legal decía que el recargo caía automáticamente; el mandato político fue, debo tomar precauciones, y de hecho se analizaron distintas alternativas, como por ejemplo sacar la doble, y crear o fortalecer los procedimientos y la intervención del Ministerio de Trabajo para intermediar en el caso de que se produzcan despidos. Se llegó a sostener que, finalmente, la «caída de la doble» se produciría en la próxima etapa presidencial, ya que la Ley de Emergencia que prorrogó el recargo vence el 31 de diciembre próximo. Por último, se ha aclarado en estos días que los trabajadores incorporados con posterioridad al 1 de enero de 2003 que impliquen un incremento de la dotación no están beneficiados con «la doble». La interpretación legal no coincide con la interpretación de política social del gobierno nacional, y de hecho por esa dicotomía se cayó en esta discusión que seguramente será resuelta como siempre por el presidente Kirchner, que es el único que toma este tipo de decisiones trascendentales dentro del Poder Ejecutivo.

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