Estimada/os
En una Sentencia de fecha 11 de Agosto del 2020, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los Dres. Mario S. Fera y Roberto C. Pompa, se expiden en una medida cautelar peticionada, ordenando:
- Revocar el pronunciamiento apelado e imprimir al proceso el trámite del juicio sumarísimo (arts. 321 y concs. del CPCCN).
- Admitir la legitimación activa de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA en la presente acción colectiva, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional.
- Ordenar la inscripción de la presente acción en el Registro Público de Procesos Colectivos (conf. Acordada CSJN 12/16), según lo dispuesto en el considerando V.
- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar a la empleadora a [abonar a la totalidad de las personas trabajadoras de farmacia en relación de dependencia, en forma completa e inmediata el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020, de acuerdo con lo establecido por el art. 122] y concordantes de la ley de contrato de trabajo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (conf. art. 804 del CCC),
I.- Relato de los hechos y algunas consideraciones desde el punto de vista jurídico:
- Que, preliminarmente, cabe señalar que la asociación sindical promovió acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, a fin de que se garantice a todas las personas trabajadoras, el cobro en una sola vez de la primera cuota del sueldo anual complementario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de la ley de contrato de trabajo, pues, según explica y documenta, la demandada informó que sería pagado en tres o cuatro cuotas, constituyendo esta situación lo que motiva la urgencia de la manda cautelar peticionada.
- La magistrada de primera instancia rechazó la medida cautelar y la acción de amparo deducida. Para así decidir, sostuvo, en lo sustancial, que la acción de amparo no debe ser utilizada para reemplazar los recursos previstos por las leyes adjetivas por otros más expeditivos su rápidos y que la existencia de otras vías adecuadas para la tutela de los derechos bastaba para el rechazo de la pretensión.
- Por lo demás, puso de resalto la falta de legitimación para actuar de la asociación sindical accionante por cuanto: a) no individualizó a sus representados, ni obra poder ni autorización para peticionar, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 22 del decreto 467/88 que reglamenta el art. 31 inc. a) de la ley 23.551, sin que el pretendido planteo de inconstitucionalidad logre conmoverlo y b) no consideró configurado un caso de naturaleza y/o incidencia colectiva.
II.- En tal sentido, se comparten los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal General Interino en dictamen de fecha 7 de agosto de 2020, en cuanto a que la “pretensión inicial encuadra en lo previsto por los artículos 43 de la Constitución Nacional y -podría agregarse- en los artículos 321 y 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación reglamentarios de aquel. Véase que más allá de la suerte que pueda llegar a tener se cuestiona la regularidad de la presunta conducta desplegada por la accionada con sustento en normas de raigambre constitucional y legal, cuánto protegen el trabajo y [tutelan con especial énfasis el salario”.]
II. Legitimación Activa de las Asociaciones Sindicales en acciones colectivas. Su validez legal.
- En este marco,
Por ello, este Tribunal entiende que corresponde revocar la decisión de grado e imprimir al proceso el trámite de juicio sumarísimo (art. 321 y concs. del CPCCN).
III.- Que corresponde a continuación dirimir el segundo aspecto de la controversia, relativo a la legitimación de la entidad reclamante (asociación sindical con personería gremial) para interponer la presente acción en representación de “todos los trabajadores de farmacia empleados de dependencia de la accionada y empleadora (v. escrito de demanda, acápite “OBJETO”) y si estamos frente a una “acción colectiva”.
- (a) A los efectos de esclarecer la cuestión cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para evaluar la legitimación de quien deduce una pretensión procesal resulta indispensable en primer término determinar [«cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida], quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte»] (Fallos:332:111 «Halabi», considerando 9o); estimando pertinente delimitar tres categorías de derechos tutelados: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
- (b) En suma, la procedencia de este tipo de acciones requiere, según la doctrina del máximo Tribunal, la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado.
- (c) De manera que, el primer elemento a comprobar es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar.
- (d) De tal manera, la existencia de causa o controversia-, en estos supuestos no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.
- (e). A la vista de los lineamientos trazados, cabe señalar que la presente acción tiene por objeto condenar a la demandada a pagar el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020 a todos los trabajadores que laboran actualmente bajo su dependencia, [en una sola cuota y conforme las pautas temporales que resultan del artículo 122 y concordantes de la ley de contrato de trabajo.] Tales circunstancias, como las que serán señaladas posteriormente, surgen con claridad del escrito de demanda, con lo cual corresponde tener por cumplidos con suficiencia y criterio de razonabilidad, los recaudos previstos en el apartado II del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos aprobado por Ac. CSJN no 12/2016 y, a todo evento, y respecto de las actuaciones que siguen, las previsiones del apartado III, apreciadas íntegramente.
- (f) Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la a quo en la resolución cuestionada, el Tribunal Sentenciante advierte que el derecho invocado por la asociación sindical se encuadra, siguiendo la clasificación mencionada precedentemente, en un derecho de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Ello es así pues, siguiendo el estándar de análisis que surge del citado fallo “Halabi”, estos derechos pueden ser protegidos en un proceso colectivo, toda vez que se encontrarían cumplidos los recaudos que surgen del considerando 13o de dicho precedente y del Reglamento aprobado por la Acordada CSJN 12/16.
IV. Repárese que en el caso nos encontramos frente a un hecho único reprochable por quien acciona, esto es, la decisión de la demandada de abonar la primera cuota del sueldo anual complementario en cuotas, decisión que impacta directamente sobre una pluralidad relevante de derechos individuales. En efecto, la petición así encauzada se concentra en los efectos comunes de la medida (recibir el aguinaldo en cuotas) que provocaría la lesión y que, a los fines de este análisis, constituye una causa fáctica homogénea, a partir de la cual se extrae que la demostración de los presupuestos de la pretensión sería común a todos esos intereses, excepto, claro está, lo que concierne al daño que individualmente se sufra, considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño (confr. cons. 12 del fallo citado).
En suma, el Tribunal se expide invocando en sus argumentos antecedentes de la C.S.J.N.,
A lo expuesto, cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido hace ya varios años, concretamente, respecto de la legitimación de las asociaciones sindicales en acciones colectivas, al fallar -con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación- en la causa “Sindicato Argentino de docentes particulares c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/Art. 47 ley 23.551 -Inconst. Dec. 1123/99” de fecha 4 de julio de 2003. En lo sustancial que interesa, en la sentencia que se analiza se señaló que “además de la representación que ejercen en virtud del mandato constitucional en los casos e incidencia colectiva en general (art. 43 de la CN), le incumbe encargarse de representar, frente al estado y los empleadores, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (arts. 1, 2, 3, 4, Y 31 de la ley 23.551)” (v. tercer párrafo del apartado III del aludido dictamen). Respecto de los alcances del fallo, puede confrontarse “Fera, Mario S. (2003) La legitimación colectiva de las asociaciones sindicales en las acciones de amparo y su expreso reconocimiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Trabajo y Seguridad Social. Doctrina, jurisprudencia y legislación. T-XXX-2003”.
En tales condiciones, la posible afectación de un derecho que –por su naturaleza y carácter- resulta irrenunciable, justifica, a partir de lo expuesto en los párrafos anteriores y atendiendo a las particularidades del caso, la legitimación invocada, cuya denegatoria constituiría una clara afectación del acceso a justicia de las trabajadoras y trabajadores afectados, por cuanto el interés considerado aisladamente desalentaría la promoción de una demanda.
Consecuentemente, el aquo admite la legitimación de la asociación sindical accionante, debiendo disponerse, una vez remitida la presente causa a primera instancia y radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo no 61, la anotación de la presente acción en el “Registro Público de Procesos Colectivos”, conforme lo dispuesto en la Acordada CSJN 12/16, apartado III y disposiciones concordantes.
En efecto, ponderados sumariamente el derecho y los elementos obrantes en autos, cuyas implicancias y alcances fueron desarrollados en los apartados precedentes, se advierten acreditados con la debida intensidad los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos para la viabilidad de una medida precautoria como la solicitada. Ello, teniendo especialmente en cuenta las particularidades del caso y las cuestiones que se encuentran en discusión, cuyo abordaje –sobre las que se proyecta, en líneas generales, tanto el planteo principal como la queja en análisis– no corresponde realizarlo en el marco de esta incidencia en forma definitiva.
Sobre tales bases y atendiendo a las particulares circunstancias del presente caso, este Tribunal estima pertinente acceder a la pretensión cautelar deducida, y ordenar, sin anticipo de la resolución de fondo (que se dictará una vez sustanciada la acción de amparo que aquí se comenta) a la demandada a abonar a la totalidad de las personas trabajadoras en relación de dependencia, en forma completa e inmediata el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020, de acuerdo con lo establecido por el art. 122 y concordantes de la ley de contrato de trabajo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (conf. art. 804 del CCC).
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto,
Cordiales Saludos,
Natalia de Diego – Ma. Solana de Diego
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