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Las metas inflacionarias del 20% pueden transformar la negociación salarial

Las metas inflacionarias del 20% pueden transformar la negociación salarial

Informes económicos confiables revelan que los índices del INDEC y las tendencias elevaron la pauta oficial de inflación del Gobierno Nacional del 17 al 19%, a partir de una singular caída del IPC desde el segundo cuatrimestre.

Con ello, del 2,6 de abril se pasaría a índices en torno del 1% a partir de junio.

Si así fuera, la inflación del año sería inferior al 20%. Iniciativas públicas y privadas avalan este pronóstico, como lo son los del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se compromete a ajustar por el IPC del INDEC cualquier desfasaje en el conflicto docente, o la Federación de Empleados de Comercio que aplicó un ajuste del 10% no remunerativo convertible más otro 10% remunerativo y una cláusula gatillo para comparar el aumento también con el IPC oficial.

Otro tanto ocurre con SMATA, que con los concesionarios de automóviles, con el Automóvil Club y con las terminales automotrices tienen un sistema de ajuste por inflación trimestral, en donde se utilizan como referencia el IPC del INDEC y otro índice independiente, y con ello, se acuerda el ajuste.

En el próximo trimestre, si el índice cae en torno del 1% mensual, SMATA ajustaría alrededor del 4% para el tercer tramo, con una proyección anual en torno del 20%.

La astucia sindical es inconmensurable, y por ende cada acuerdo entraña alguna particularidad que lo distingue, porque es parte de la estrategia gremial diferenciarse con alguna ‘picardía’, que con distintos formatos o recursos, existe desde tiempos inmemoriales. El corrimiento o adelantamiento de la fecha de aplicación de los ajustes, la forma de ajustar por la fecha en la que se debe ajustar (por ejemplo si es retroactivo el ajuste o a partir de la fecha de corrección), o sobre qué rubros alcanza, o los ajustes que se realizan por separado a sumas fijas como el día de la actividad, la compensación anual por vacaciones, u otros adicionales, entre muchas otras. En consecuencia, cabe hacer el análisis de cada caso, para poder valorizar en forma concreta la evolución de los convenios del 2017 que se ha constituido en una prueba de fuego para el futuro de la economía de la Argentina.

En cualquier caso, habría que tener en cuenta en qué medida, acuerdos que pueden generar expectativas inflacionarias superiores. Al respecto Daniel Kahneman ‘Premio Nobel’ de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo condiciones o circunstancias complejas como es el caso de la incertidumbre reinante en una determinada época.

En efecto, en la teoría de la ‘prospectiva’ (prospect theory), según la cual los individuos toman decisiones, en entornos de incertidumbre, en las que en general se apartan de los principios básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones lo denominaron ‘atajos heurísticos’.

Una de las manifestaciones de los atajos heurísticos es la aversión a la pérdida, que en las circunstancias que presenta hoy la negociación colectiva de salarios, está totalmente neutralizada por la cláusula gatillo. En otros términos, los riesgos que se corren con los ajustes porcentuales se neutralizan con el ajuste comparativo final.

La apuesta al éxito del Gobierno Nacional, además de ser un objetivo loable de tipo general, es un deber moral de los actores sociales, cuando se ataca con éxito uno de los peores flagelos que sufren trabajadores y empresas y todos los ciudadanos en general.

En efecto, la inflación es más arbitraria que cualquier otra carga, y en particular, se ha convertido en un impuesto a la pobreza.

Si es posible derrotarla, parece razonable ahora debemos responder con coherencia para que cada uno aporte su cuota de sacrificio y el esfuerzo de todos los sujetos y factores que pueden contribuir a extinguirla.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

 

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Los sindicatos combativos han creado sus propias herramientas deformando el derecho de huelga y transformándolo en la táctica del estado de conflicto permanente.

La carpa en la plaza del Congreso, el bloqueo de rutas, puentes o accesos a la empresa, que impiden la libre circulación, las asambleas en el lugar de trabajo y durante la jornada de los trabajadores, los paros parciales de una o de dos horas, y la obstrucción de máquinas equipos o instalaciones para impedir que la fábrica opere con quienes desean trabajar, son algunas de las modalidades más nefastas, y a la vez contraponen las reglas básicas de tal modo que todas son ilegales, carecen de legitimidad y habilitan la intervención de la acción penal.

La ocupación del espacio público no está tampoco librado a la autorización de la autoridad administrativa, para uso exclusivo de un grupo o agrupación, ya que como la misma expresión lo dice, es un espacio de libre disponibilidad, abierto a todos.

Otro tanto ocurre cuando se emplea como campo de batalla la empresa en conflicto entre dos sindicatos por el encuadramiento de sus trabajadores. Al respecto se ha resuelto que es improcedente el otorgamiento de una medida autosatisfactiva intentada por un sindicato contra otro que, mediante el uso de la fuerza e impidiendo el ingreso de personal a la empresa, logró un acuerdo con ésta para el traspaso del personal, si no existe un peligro serio y concreto que justifique omitir el procedimiento previsto en la ley 23.551 para la resolución de este tipo de conflictos. (Tribunal del Trabajo Nro. 3 de La Matanza o 11/11/2010 o Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y afines Zona Oeste v. Falabella S.A y otro o 70068375).

Nadie cumple con las obligaciones emergentes de los llamados ‘servicios esenciales’ a pesar de que es unánime el rechazo a las medidas de fuerza que realizan por ejemplo los hospitales y los servicios de salud. Al respecto se ha establecido, siguiendo pacífica doctrina, que la medida de huelga tomada por la asociación sindical que nuclea a los profesionales de la salud resultó ilegal, en tanto incumplió con el requerimiento previsto en el Art. 24 de la ley 25.877 -conflictos colectivos de trabajo-consistente en garantizar prestaciones mínimas para evitar la interrupción de un servicio esencial como es el hospitalario. (Cámara 7a del Trabajo de Mendoza o 03/12/2009 o Ampros Asociación Mendocina c. Gobierno de la Pcia. de Mendoza o DT 2010 (junio) , 1457, AR/JUR/55108/2009).

En rigor, sorprenden las inconsistencias. Reciben apoyo económico las agrupaciones que continúan realizando manifestaciones públicas con cortes de avenidas y de calles incluidas. Algunas de ellas, las más radicalizadas, cada tanto hacen gala de sus formaciones similares a las cohortes romanas, con palos, con la cara cubierta con pasamontaña, cubren una zona de bloqueo, y después de hacer la demostración de fuerza desaparecen en pocos minutos.

Los sindicatos más combativos desafían permanentemente el principio de autoridad, por ejemplo, negándose a cumplir con la conciliación obligatoria, no solo no reciben ningún tipo de reproche, sino que inclusive no se aplican las sanciones que establece la legislación. Es más, la autoridad de aplicación en la gestión anterior aplicó varias veces multas muy importantes, por ejemplo, contra el Sindicato de Camioneros por violar la conciliatoria y otras normas reglamentarios.

A todo esto hay que agregar la generalización de una serie de medidas que son difíciles de controlar, pero que son eficaces a los fines de crear el caos, como son el estado asambleario, que provocan reuniones e interrupciones de la producción en forma incidental. Es una forma de adoptar medidas de fuerza totalmente ilegal, y frente al cual, no solo se debe operar con todo el rigor de la ley, por tratarse de una acción ilegítima, sino porque además crea daños adicionales a la simple abstención, generando la descomposición de la paz mínima indispensable para que se pueda operar con alguna normalidad.

Si se busca el camino de la legalidad, habrá que aplicarlo en todos los ámbitos, inclusive el laboral y el sindical, para que finalmente el estado de derecho rija para todos.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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