El Presidente Mauricio Macri pregona con razón la productividad como eje central de los cambios en los salarios, mandato que no ha sido del todo comprendido en los distintos estamentos de su propio gobierno. La directiva no parece diferenciar a la actividad pública de la privada, por ende, ambas deberán buscar eficiencia, racionalidad, y finalmente optimización de la productividad.

Los sindicatos, por su parte, se preparan para una nueva etapa en la negociación de salarios, tratando de marcar lo que ellos llaman ‘fijar el piso’, asediando al Poder Ejecutivo por distintos frentes. El empleo público, los sindicatos de la educación, los acuerdos colectivos que negocian en diciembre, las picardías de algunos que logran triunfos camuflados, y en especial, lo que parecen acuerdos razonables, y que entrañan segundas intenciones o ardides.

El 18% acordado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires refleja la intención bajista de la inflación, a pesar de la cláusula gatillo que garantiza la renegociación si fuere necesaria, pero no aborda la necesidad de que haya cambios por productividad. Los docentes provinciales cuentan con 2,2 maestros por cada cargo real del sistema, todo ello en función del ausentismo, las suplencias, la cobertura de francos, de vacaciones, de licencias y otras yerbas. En el empleo público, las provincias cuentan con una población tres veces superior a la necesaria, con distribución totalmente arbitraria. Tienen carencias en sectores de alta calificación profesional y sobrepoblación descontrolada en tareas administrativas básicas, que entorpecen los procesos de sistematización y modernización de la administración pública.

El Ministerio de Educación de la Nación es uno de los objetivos clave ya que por sí, no negocia ninguna paritaria, pero por obra de los usos y costumbres recientes, fija un criterio general que luego debe ser discutido por los sindicatos en cada provincia. El año 2016 aprovecharon la ingenuidad inicial del Gobierno, y es esperable que no se vuelva a caer en la misma argucia, de modo que en esta oportunidad el nuevo acuerdo marco no debería superar el 17%, un poco para ser conservadores, otro poco, para no condicionar en forma gratuita y a cambio de nada, la difícil negociación ulterior en las provincias.

La negociación con la Asociación Bancaria, con acuerdos firmados con la banca oficial y con la banca privada nacional, ya fijó un piso en torno del 25%, que sin dudas, es el hito que necesitan los gremios para abrir el espectro de las categorías, volviendo a insistir únicamente, en los parámetros de la inflación en curso, evaluados mes a mes.

El Ministerio de Trabajo, que siempre prioriza el diálogo, tiene un papel fundamental, y lo puede llevar adelante a través del llamado Procedimiento de Reestructuración Productiva (previsto en la Ley Nacional de Empleo), donde la negociación colectiva de los salarios debe combinarse necesariamente con la de las cláusulas que permitan reformular aquellos aspectos que tienen que ver con la mejora de la producción, la productividad y la interacción del trabajo con las nuevas tecnologías. También es clave que la autoridad de aplicación no deje que se filtren negociaciones que desafíen los objetivos económicos ni las estimaciones oficiales, pues en lugar de contribuir a la estabilidad, pueden convertirse nuevamente en un agente promotor de la inflación.

Las cláusulas de productividad, en una edición primaria como la que se prevé para el 2017 podría incluir dos o tres iniciativas, como un premio al presentismo, uno a la producción en cantidad o por tiempo de producción o por fecha de entrega, y un tercero por rentabilidad alcanzada. Todos ellos, serán fijados en cada empresa en base a un programa consensuado entre las partes.

Para el Poder Ejecutivo, los nuevos acuerdos salariales de los convenios colectivos, serán una prueba de fuego, que solo se superará si se comienza a abandonar la variable inflación, y se comienza a negociar por productividad en todos los ámbitos, el público y el privado.