La reforma laboral como prenda de paz para evitar el Congreso

La reforma laboral ha sido restringida a los acuerdos sectoriales que se puedan lograr entre empleadores y sindicatos con la anuencia del Gobierno Nacional,

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Martes 19 de septiembre de 2017
en el contexto de los convenios colectivos y de los acuerdos económicos que se puedan celebrar en sede administrativa.

Se descarta con ello toda participación del Congreso Nacional en la discusión de reforma legislativa alguna, salvo que sea concertada en el marco de este acuerdo tripartito, como de hecho se le anunció al bloque legislativo de cambiemos.

El modelo pactado implica que no habrá una reforma legal general al estilo de lo que ocurrió en Brasil, España, Francia o Italia. En un esquema totalmente fragmentario, cada sector deberá procurar sus propias reformas, seguramente en tres planos: el de los convenios colectivos, el de las actas acuerdo y pactos especiales de naturaleza colectiva o plurindividual, y en lo que pueda modificarse del contrato individual.

Para cada uno de los tres ámbitos deberán participar distintos interlocutores, ya que para el primero se requerirán la voluntad tripartita del Estado, los sindicatos y las entidades empresarias. En cambio, en el segundo, habrá que convocar a los firmantes y a menudo a sus beneficiarios. En el tercero, habrá que obtener la conformidad de cualquier acuerdo empresariosindical, de parte de cada uno de los trabajadores afectados.

Los objetivos serán el de cambiar la cultura de los convenios, el de bajar los costos, y el de reducir la conflictividad, mejorando con ello a la postre la competitividad.

Entre los grandes desafíos están la reducción del mayor flagelo: el ausentismo. No se cuenta con el marco de la disponibilidad colectiva que rigió en otros momentos históricos, que permitía al convenio modificar dentro de ciertos límites la ley de fondo.

Se siguen como ejemplo los acuerdos de petroleros de Vaca Muerta con Guillermo Pereyra del Sindicato petrolero y de Chubut con Jorge Avila, y los de Atilra de lecheros a propósito de la crisis de SanCor, dos eventos de características y trascendencia más que diversa, que se lograron en un contexto de grave crisis, como lo reconocen sobre todo los dirigentes sindicales de sendos sectores.

En rigor, la propuesta de la concertación reformista nada tiene que ver con la celeridad que imponen las circunstancias en los sectores más apremiados fundamentalmente de la actividad industrial.

Es más, las empresas están buscando mejorar sus costos para que el precio final pueda sostenerse en un cuadro de una compleja competencia local e internacional.

Una reforma como la expuesta, que será segmentada, en ligeras cuotas que dependerán de cada sector, es una tarea titánica que habrá que instalar en cada actividad, industria, arte, oficio o profesión, según sea el modelo de nucleamiento de todos los ámbitos económicos.

El riesgo principal que se asume, es que una parte importante del sector sindical se abroquele en las condiciones vigentes y los cambios no cuenten con voluntad alguna de la representación de los trabajadores afectados.

Los grandes beneficiarios de este modelo son los dirigentes sindicales y la CGT, ya que con los anuncios y reuniones ya realizadas se despejan las amenazas de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales y de la Ley de Obras Sociales en primer lugar, y luego, otras normas como la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien muchos hacen referencia a que el acuerdo con la CGT es funcional a la necesidad de no tener un frente de conflicto sindical en el contexto de las elecciones, y de un modo u otro contribuye a la retórica electoral de avanzar en un contexto de paz social.

Lo cierto es que el modelo no registra precedentes de éxito semejantes en el derecho comparado, se pondrá a prueba en forma inmediata, y por ende, los resultados serán juzgados en forma relativamente inmediata.

Sigo sosteniendo que este esquema es insuficiente para los desafíos que debe enfrentar nuestro país de cara a la atracción de nuevas inversiones. Hoy los inversores tienen como prioridad la rentabilidad, que en el plano laboral imponen un cuadro que necesariamente debe modificarse en el plano laboral.

Las reestructuraciones y cierres producidos en los últimos tiempos responden solo y únicamente a la pérdida de la rentabilidad, con fundamento en el costo laboral convencional, el impacto desproporcionado de las cargas sociales y los impuestos al trabajo, y la extraordinaria presión fiscal.

Las pymes no resisten el cuadro de los costos laborales actuales, y la cantidad de cierres y achicamientos indica que se requieren reformas estructurales, que por ahora han sido postergadas por el acuerdo celebrado con la CGT para asegurar la convivencia con los gremios en paz.

Seguramente habrá otro momento cuando se hayan superado las elecciones.

Por Julián A. de Diego.
Director del Posgrado en RR. HH. Escuela de Negocios de la U.C.A

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