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Los “smart contracts” y la uberización del derecho del trabajo.
Los “smart contracts” o contrato inteligente son aplicaciones informáticas que permiten diseñar, organizar, establecer procesos y prever consecuencias, de modo tal que quienes lo aplican tienen previstas todas las posibilidades que genera el cumplimiento y las vicisitudes de un acuerdo entre partes.
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Martes 24 de julio de 2018
Todo ello garantizado a través de algoritmos que preveen todas las contingencias tal como opera UBER.
En el ámbito del derecho del trabajo pensemos por ejemplo en el contrato de temporada, contenida en una aplicación informática donde todo está previsto, garantizándole al trabajador el cobro de sus salarios y sus ajustes, las condiciones de trabajo, generando automáticamente la convocatoria a cada temporada, y estableciendo con los mecanismos de extinción, asegurando las indemnizaciones que pudieren corresponder.
Otro tanto podría haber con un contrato de plazo fijo, previendo con claridad el objeto del mismo que por su naturaleza y cumplimentación determine el plazo predeterminado, asegurando el salario y sus ajustes, las condiciones de trabajo, y las fórmulas que hace a la extinción.
Un contrato inteligente es un programa que vive en un sistema no controlado por ninguna de las partes, o sus agentes, y que ejecuta un contrato automático el cual funciona como una sentencia if-then (si-entonces) de cualquier otro programa de la computadora. Con la diferencia de que se realiza de una manera que interactúa con activos reales. Cuando se dispara una condición pre-programada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente.
Tienen como objetivo brindar una seguridad superior a la ley de contrato tradicional y reducir costos de transacción asociados a la contratación. La transferencia de valor digital mediante un sistema que no requiere confianza (ej. bitcoins) abre la puerta a nuevas aplicaciones que pueden hacer uso de los contratos inteligentes.
Los contratos inteligentes normalmente también se componen de una interfaz del usuario y a veces emulan la lógica de las cláusulas contractuales.
Los smart contracts son una especie la propiedad inteligente (en inglés smart property) es un derecho de propiedad controlado usando contratos inteligentes. Es la afirmación digital de derechos de propiedad de un activo a través de su entrada en un cadena de bloques o blockchain, usando la clave privada del propietario. Algunos tipos de propiedades como marcas, derechos de autor y patentes pueden ser fácilmente propiedades inteligentes ya que pueden ser fácilmente codificados y procesados como documentos digitales.
El término “smart contracts” fue acuñado por el informático Nick Szabo, probablemente alrededor de 1993, para enfatizar el objetivo de llevar lo que el llamaba las prácticas “altamente evolucionadas” de la ley de contratos y las prácticas comerciales relacionadas hacia el diseño de protocolos de comercio electrónico entre extraños en internet.
Antes de la aparición de la cadena de bloques no existía ninguna plataforma que pudiera hacer realidad los contratos inteligentes, por lo que solo estaba definida conceptualmente. Bitcoin en sí misma es un ejemplo de un contrato inteligente, donde las reglas de juego están codificadas y aceptadas por sus participantes.
De esta manera es posible crear una infinidad de programas que serán ejecutados en cada computador de la red y que tendrán todos los beneficios de la tecnología Blockchain. La cadena de bloque asegura que todas las transacciones son verificadas por múltiples participantes, y sólo transacciones que siguen las reglas del contrato inteligente serán confirmadas.
Es lógico pensar que los contratos inteligentes sean demasiado avanzados para aplicarlos en el derecho laboral, sin embargo, su atractivo surge de la seguridad que puede brindar desde la aplicación de un tercero, a quienes deben cumplir con el contrato en forma efectiva a través de la relación laboral.
La búsqueda de mayor seguridad jurídica, menor cantidad de trámites (desburocratización), y la resolución de la mayoría de las situaciones de duda por medio de medios informáticos automáticos, busca también bajar la conflictividad y la litigiosidad, y la intervención de abogados y de jueces. Es un desafío para evitar controversias y contribuir a la paz social a través de mecanismos previsibles y que garanticen previsibilidad.
Por Julián A. de Diego.
Director del Posgrado en RR. HH. Escuela de Negocios de la U.C.A.