La encrucijada de las paritarias en el Pacto Social

Los sindicatos combativos se oponen al congelamiento salarial y comienzan a cuestionar un aumento general por el plazo de seis meses, saboteando parte del pacto social del presidente electo.

Publicado en El Cronista, 26 de noviembre de 2019
Es más, ya existe una discrepancia entre la CGT y los que exigen un bono de fin de año, que obligó a hacer una declaración ambigua, dejando librada a cada actividad la posibilidad de obtenerlo por acuerdo con las entidades empresarias o en su caso, por empresa.

Más del 80% de la actividad económica se encuentra en emergencia, o bajo condiciones de subsistencia después de más de diez años de estanflación, y bajo agresivas condiciones de presión fiscal y sin posibilidades de auxiliarse con el crédito. Es más, como último recurso, una serie de actividades en crisis han diseñado un nivel de flotación temporario de seis meses, para visualizar qué hacer en función de las medidas que se adopten en la nueva gestión.

En síntesis, el mundo empresario en general, salvo excepciones, ingresa a la nueva etapa después del 10 de diciembre, con gran fragilidad, y con altas expectativas de que se ingrese a un modelo de crecimiento, inversión, ahorro y crédito razonables.

El escenario salarial de los trabajadores convencionados ofrece un amplio espectro que sufrirá a propósito de la iniciativa de presidente electo de armar un pacto social con una serie de medidas, entre ellas, con un ajuste salarial uniforme, en el mejor de los casos, con un sistema de ajustes escalonados, pero dispuestos desde el Poder Ejecutivo.

Los sindicatos han logrado durante la gestión Macri, una serie de objetivos que condicionan el Pacto Social propuesto por Alberto Fernández.

Los más destacados modelos son los siguientes:

  1. Varios gremios lograron la actualización trimestral de salarios bajo una serie de mecanismos que prácticamente son indexatorios, o sea que acompañan la inflación, en forma anticipada o vencida;
  2. La mayoría de los acuerdos son de doce meses y no coinciden con el año calendario, (abril a marzo, junio a mayo), por ende, parte de los acuerdos se cumple dentro del año 2020, y ya cuentan con los aumentos pactados y homologados;
  3. Existen acuerdos salariales parciales, que han establecido los aumentos de un cuatrimestre o de un semestre, y falta acordar el resto del lapso de doce meses;
  4. Los acuerdos de crisis que generalmente están retrasados respecto de la inflación, cubren plazos muy variados, y se avanza en la medida que la recesión y la inflación lo permitan;
  5. Tenemos también los convenios del Estado que ofrecen un marco de la más variada factura, donde se resaltan los acuerdos de los sindicatos más combativos como docentes, empleados públicos en general, y en particular, los que lograron ajustes que inclusive superaron la inflación, y que renuevan sus ajustes generalmente con el calendario, que por acuerdos tardíos tienen una maraña de mecanismos retroactivos y otros hacia el futuro que verdaderamente tienen hipotecado al gasto público.

El Gobierno Nacional no tiene atribuciones para asumir las paritarias o un pacto social, y por ende demandará la aprobación en el Congreso Nacional de una Ley de Emergencia que conceda atribuciones extraordinarias, al estilo de lo que utilizó en su momento Eduardo Duhalde y a continuación Nestor Kirchner.

En cuanto a cómo enfocar el Pacto Social con un aumento general prescindiendo de las paritarias, habrá que contemplar un frente heterogéneo, y para ello, se puede encontrar una solución en la fijación de un piso y de un techo para que las conquistas logradas no se esfumen, y alguna diferenciación para las pymes, y para las empresas en crisis.

Se ha dejado de lado en las medidas, una que fue muy eficiente en la Era “K” que fue la de utilizar el Salario Mínimo Vital y Móvil, con actualización superior a la inflación para “empujar” la base de los convenios colectivos que obviamente no pueden fijar sus salarios convencionales y de corte profesional por debajo del mínimo interprofesional.

A pocos días de la asunción de Alberto Fernández son muchos los desafíos del lanzamiento del Pacto Social, al que se le atribuye la virtualidad de ser una tregua de apertura, todavía tiene muchos borradores y pocas estipulaciones concretas, y lo poco que hay anunciado está sujeto a numerosos cuestionamientos.

Por Julián A. de Diego.
Director del Posgrado en RR. HH. Escuela de Negocios de la U.C.A.