LaborNet Nro 872 bis “Rubros que integran la duplicación dispuesta por el DNU 34/2019. Análisis de antecedentes Jurisprudenciales. Aclaraciones.”

Estimada/os,

El tema que nos convoca impone considerar en primer término los antecedentes, y cómo fueron interpretados por nuestra jurisprudencial.

Así las cosas, el artículo 16 de la ley 25.561, que dispuso un recargo del 50% de los conceptos indemnizatorios, tuvo por finalidad paliar la crisis ocupacional que se derivaría de la pérdida del empleo en el marco de la situación de emergencia que motivó su dictado.

Respecto de la sanción establecida en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el empleador no hubiere entregado el Certificado de Trabajo correspondiente en el plazo previsto por la norma, el Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos “Busquiazo c/ Gate Gourmet” trató la cuestión en particular. https://www.casm.org.ar/nuevo/20071016_LABORAL_PLENARIO.htm

Los puntos más relevantes – que interpretamos- pueden ser entendidos por la Jurisprudencia para la aplicación de la duplicación son los siguientes:

  • Lo que se duplica es únicamente «la indemnización que les correspondiese» a los trabajadores por haber sido despedidos «sin causa justificada».
  • La indemnización del art. 80 de la L.C.T. no se encuadra en esa descripción, pues no constituye un resarcimiento derivado de la denuncia inmotivada del contrato, sino que reconoce una causa totalmente distinta: el incumplimiento del empleador a la obligación de extender el certificado de trabajo o la constancia documentada de aportes.
  • Esta última obligación no se genera sólo en los casos de despido sin causa justificada, ya que a) el empleador debe entregar el certificado de trabajo cuando el contrato «se extinguiere por cualquier causa» y b) la constancia de aportes puede ser exigible aún «durante el tiempo de la relación».

De ahí que el trabajador pueda hacerse acreedor a la indemnización prevista en la última parte del citado art. 80 incluso en supuestos de extinción no alcanzados por el art. 16 de la ley 25.561 (v.gr., en caso de renuncia del trabajador o de despido con justa causa) y hasta en contratos de trabajo vigentes (si el empleador no entrega al trabajador la constancia de aportes mediando «causas razonables» que la hicieran exigible).

  • Que «…la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.561 procede exclusivamente respecto de las indemnizaciones por despido, sustitutiva de preaviso o integración del mes de despido, ya que el artículo 4° del decreto 264/02, reglamentario de la citada ley, aclara que «la duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo«.

En tal sentido, aunque con relación a otras previsiones normativas que también establecen “sanciones pecuniarias” mediante la inclusión de un «incremento» de las indemnizaciones derivadas del distracto (como ser la dispuesta en el art. 15 de la ley 24.013), he sostenido que si bien el art. 4 del decreto 264/2002 establecía que la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561 «comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo», no corresponde agravar sanciones diversas como la del art. 15 LNE o la incorporada al art. 80 de la L.C.T. por el art. 45 de la ley 25.345, toda vez que ellas tienen diferente naturaleza y responden a causas y objetivos distintos de los que se producen con motivo de la extinción de la relación

  • Otras partidas también llamadas a veces indemnizaciones, que suelen acompañarla, no son indemnizaciones por despido. La del artículo 232, con su accesoria del artículo 233, sustituye a las retribuciones que el trabajador hubiera devengado en el caso de que la extinción de la relación hubiera sido preavisada. Compensa los eventuales daños que podrían resultar de la brusca suspensión de las prestaciones que el denunciado, en cuanto parte de un contrato de duración indeterminada, podría razonablemente considerar destinadas a perdurar.
  • Tampoco lo es la del artículo 156, con relación a las vacaciones no gozadas por extinción del contrato, por cualquier causa, antes de la época de goce de las vacaciones del año en curso. Se explica por el carácter de salario diferido que tiene la retribución de las vacaciones, tema sobre el que no es necesario elaborar.
  • La del artículo 232 L.C.T. -integrada eventualmente con la del artículo 233- compensa la intempestividad de la denuncia, esto es, la omisión del preaviso, cuya función cautelar es bien conocida. Bien se dice en la memoria en examen que es posible preavisar de despido sin justa causa y que, en el contexto del decreto, ello obligaría a nuevas y más complicadas elaboraciones sobre los alcances de una norma legal que sólo es clara al utilizar el vocablo «indemnización»;

A continuación, detallamos algunas particularidades de los votos del Dr. Guibourg y del Dr. Pirolo

En el voto del Dr Guibourg, el jurista entiende que el artículo 16 de la ley 25.561 declaró «suspendidos» los despidos sin causa justificada, al establecer: «En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto,  *los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese*,de conformidad a la legislación vigente».

Esta norma fue objeto de posteriores prórrogas y restricciones, pero en todos los casos deja en claro que está destinada desalentar los despidos incausados, a los que cabe asimilar sus homólogos – el despido indirecto con justa causa y el despido directo con invocación de justa causa no acreditada-.

El artículo 80 L.C.T., tercer párrafo, dispone: «Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo...». Y el párrafo final, agregado por la ley 25.345, establece: «Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización…«.

Queda en claro que esta norma no está dirigida a desalentar el despido, sino a conminar al empleador a entregar el certificado cuando le fuese solicitado a la extinción del contrato, ya sea por despido causado o incausado, despido indirecto, renuncia o rescisión de común acuerdo.

En el mismo sentido, el Dr. Pirolo, expresa que no cabe sino concluir que el agravamiento previsto en el art. 16 de la ley 25.561 *sólo* debe ser calculado sobre “la indemnización por antigüedad o despido”, con exclusión de todo otro rubro.

Incluso, menciona que aún cuando ello bastaría para fundar el sentido de su respuesta al interrogante planteado, el sentenciante entiende que la clara disposición contenida en el art. 16 de la ley 25.561 no permite considerar incluida en la base de cálculo de la sanción que contempla a ninguna otra indemnización (que no sea la correspondiente a la antigüedad)*, porque es obvio que la sanción prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no está prevista con relación a un despido sin causa sino a la falta de entrega del certificado de trabajo una vez concretada la intimación que contempla la propia norma y cualquiera haya sido la causa del distracto.

Adicionalmente, expresa que el art. 4° del Decreto 264/02, en cuanto ha pretendido extender la duplicación prevista en el citado art. 16 a otros conceptos distintos a la indemnización por antigüedad o «despido» vulnera el orden de prelación que prevé el art. 31 de la Constitución Nacional y traspone el límite previsto en el art. 99, inc. 2° de la Ley Fundamental.

En efecto, es evidente que la mencionada disposición del PEN extiende al agravamiento a rubros no contemplados en la ley pues ésta sólo hace referencia singular a la «indemnización» que corresponde a un despido sin causa justificada en obvia referencia a la que los arts. 245 de la L.C.T. y 7 de la ley 25.013 denominan «…por antigüedad o despido».

Si alguna duda quedaba, la sanción de la ley 25.972 vino a despejarla porque en su art. 4°, al prorrogar por un nuevo lapso la vigencia de la suspensión dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561, en consonancia con la directiva original, estableció que el agravamiento sancionatorio sólo debía calcularse sobre la indemnización que establece «el art. 245» de la L.C.T. que no es otra que la denominada «por antigüedad o despido».

A pesar de la claridad de la ley, el art. 2 del Dec. 2.014/04, viciado por el mismo exceso del art. 4 del Dec. 264/02, pretendió extender la base de cálculo del agravamiento a otros rubros indemnizatorios; y, de este modo, también vulneró el orden de prelación que prevé el art. 31 de la Constitución Nacional y traspuso el límite previsto en el art. 99, inc. 2 de la Ley Suprema.

A mayor abundamiento y por razones de brevedad el Dr. Pirolo se remite a las muy fundadas consideraciones que efectúa el Dr. Jorge J. Sappia en los trabajos doctrinarios elaborados con relación a este tema («Los despidos y las crisis…» en D.T. 2002-A, pág. 447; y «Una obcecación jurídica…», en D.T. 2005-A, pág. 267).

En virtud de todo lo expuesto, entiende que el contenido explícito del art. 16 de la ley 25.561 y del art. 4 de la ley 25.972 refleja claramente que, respecto del criterio adoptado por el P.E.N., la intención del legislador no ha sido la de agravar cualquier indemnización que se origina a partir de la fecha de despido, sino sólo la que corresponde a la antigüedad adquirida en el empleo. 

Desde esa perspectiva y en tanto el art. 4° del Dec. 264/02 y el art. 2 del Dec. 2014/04 afectan el esquema normativo de nuestra Constitución y el principio de división de poderes contenido en ella, corresponde dar prevalencia a la Ley Suprema y prescindir en el caso de la aplicación de las referidas disposiciones reglamentarias en cuanto se contraponen a ella.

Como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación el control de constitucionalidad y la consiguiente facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma puede ser ejercida de oficio por los jueces de la causa cuando se afectan normas de jerarquía superior y, en definitiva, cuando se produce una violación de la Constitución Nacional que va en desmedro de la seguridad jurídica.

En suma, el Tribunal por mayoría, resuelve: Fijar la siguiente doctrina: «Para el cálculo del recargo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no corresponde incluir la sanción establecida por el art. 80 L.C.T. último párrafo (texto según art. 45 de la ley 25.345)«

Por otra parte, y mediante fallo Plenario de la CNAT, en autos “Tartaglini, Gustavo Mario c/La Papelera del Plata SA”, Plenario 316, del 14/11/07, la justicia nacional estableció que “no está sujeta al recargo previsto por el artículo 16 de la ley 25561 la indemnización por vacaciones no gozadas regulada por el artículo 156 de la LCT.

Según lo expresado en dicho fallo, la indemnización de referencia está destinada a resarcir, como lo señalara la unánime doctrina, la imposibilidad práctica del goce normal de las vacaciones, es algo obvia si se tiene en cuenta que lo que se indemniza no es la resolución del ví­nculo, sino la frustración de un derecho al descanso ya adquirido y en curso, no sería coherente con la finalidad del art. 16 de la Ley 25.561 incrementar un rubro que no está destinado a resarcir las consecuencias del despido y que el empleador debe, aunque su proceder no haya sido reprochable.

Ahora bien, el art. 156 de la Ley de Contrato de Trabajo establece el derecho del trabajador a obtener una indemnización equivalente al salario correspondiente al perí­odo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada cuando la extinción del contrato, cualquiera fuera la causa, le impidiere gozar de las vacaciones.-La mencionada disposición legal, que tiene por antecedente el art. 7 del Dto. 1740/45, establece una excepción al principio general de la «no compensación en dinero de las vacaciones no gozadas«

Como se trata de un lineamiento general, recomendamos consultar en cada caso particular ante la desvinculación de trabajadores, si existieran dudas acerca de su interpretación.

Un cordial saludo.

Natalia de Diego                                                                Paula Analía Babij