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Las multas y sanciones de Trabajo contra los sindicatos

Las multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación son entre el cincuenta por ciento (50%) y el dos mil por ciento (2000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado, según lo establece la ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

 Edición impresa
Miercoles 08 de agosto de 2018
La norma establece distintos niveles de gravedad de las infracciones. En el art. 4º se establece que las  Infracciones muy graves curiosamente están  dirigidas en su mayoría contra el empleador.

De la enunciación legal surge son infracciones muy graves: a) Las decisiones del empleador que impliquen cualquier tipo de discriminación en el empleo o la ocupación por motivos de: raza, color, ascendencia nacional, religión, sexo, edad, opinión política, origen social, gremiales, residencia o responsabilidades familiares. b) Los actos del empleador contrarios a la intimidad y dignidad de los trabajadores. c) La falta de inscripción del trabajador en los libros de registro de los trabajadores, salvo que se haya denunciado su alta a todos los organismos de seguridad social, incluidas las obras sociales, en la oportunidad que corresponda, en cuyo caso se considerará incluida en las infracciones previstas en el artículo 3º, inciso a). d) La cesión de personal efectuada en violación de los requisitos legales. e) La violación de las normas relativas a trabajo de menores. f) La violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos. g) Las acciones u omisiones del artículo 3º, inciso h) que deriven en riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores en materia de higiene y seguridad.

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Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

 

Asambleas, autoconvocados y el estado de alerta distorsionan el derecho de huelga

Los sindicatos combativos han creado sus propias herramientas deformando el derecho de huelga y transformándolo en la táctica del estado de conflicto permanente.

La carpa en la plaza del Congreso, el bloqueo de rutas, puentes o accesos a la empresa, que impiden la libre circulación, las asambleas en el lugar de trabajo y durante la jornada de los trabajadores, los paros parciales de una o de dos horas, y la obstrucción de máquinas equipos o instalaciones para impedir que la fábrica opere con quienes desean trabajar, son algunas de las modalidades más nefastas, y a la vez contraponen las reglas básicas de tal modo que todas son ilegales, carecen de legitimidad y habilitan la intervención de la acción penal.

La ocupación del espacio público no está tampoco librado a la autorización de la autoridad administrativa, para uso exclusivo de un grupo o agrupación, ya que como la misma expresión lo dice, es un espacio de libre disponibilidad, abierto a todos.

Otro tanto ocurre cuando se emplea como campo de batalla la empresa en conflicto entre dos sindicatos por el encuadramiento de sus trabajadores. Al respecto se ha resuelto que es improcedente el otorgamiento de una medida autosatisfactiva intentada por un sindicato contra otro que, mediante el uso de la fuerza e impidiendo el ingreso de personal a la empresa, logró un acuerdo con ésta para el traspaso del personal, si no existe un peligro serio y concreto que justifique omitir el procedimiento previsto en la ley 23.551 para la resolución de este tipo de conflictos. (Tribunal del Trabajo Nro. 3 de La Matanza o 11/11/2010 o Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y afines Zona Oeste v. Falabella S.A y otro o 70068375).

Nadie cumple con las obligaciones emergentes de los llamados ‘servicios esenciales’ a pesar de que es unánime el rechazo a las medidas de fuerza que realizan por ejemplo los hospitales y los servicios de salud. Al respecto se ha establecido, siguiendo pacífica doctrina, que la medida de huelga tomada por la asociación sindical que nuclea a los profesionales de la salud resultó ilegal, en tanto incumplió con el requerimiento previsto en el Art. 24 de la ley 25.877 -conflictos colectivos de trabajo-consistente en garantizar prestaciones mínimas para evitar la interrupción de un servicio esencial como es el hospitalario. (Cámara 7a del Trabajo de Mendoza o 03/12/2009 o Ampros Asociación Mendocina c. Gobierno de la Pcia. de Mendoza o DT 2010 (junio) , 1457, AR/JUR/55108/2009).

En rigor, sorprenden las inconsistencias. Reciben apoyo económico las agrupaciones que continúan realizando manifestaciones públicas con cortes de avenidas y de calles incluidas. Algunas de ellas, las más radicalizadas, cada tanto hacen gala de sus formaciones similares a las cohortes romanas, con palos, con la cara cubierta con pasamontaña, cubren una zona de bloqueo, y después de hacer la demostración de fuerza desaparecen en pocos minutos.

Los sindicatos más combativos desafían permanentemente el principio de autoridad, por ejemplo, negándose a cumplir con la conciliación obligatoria, no solo no reciben ningún tipo de reproche, sino que inclusive no se aplican las sanciones que establece la legislación. Es más, la autoridad de aplicación en la gestión anterior aplicó varias veces multas muy importantes, por ejemplo, contra el Sindicato de Camioneros por violar la conciliatoria y otras normas reglamentarios.

A todo esto hay que agregar la generalización de una serie de medidas que son difíciles de controlar, pero que son eficaces a los fines de crear el caos, como son el estado asambleario, que provocan reuniones e interrupciones de la producción en forma incidental. Es una forma de adoptar medidas de fuerza totalmente ilegal, y frente al cual, no solo se debe operar con todo el rigor de la ley, por tratarse de una acción ilegítima, sino porque además crea daños adicionales a la simple abstención, generando la descomposición de la paz mínima indispensable para que se pueda operar con alguna normalidad.

Si se busca el camino de la legalidad, habrá que aplicarlo en todos los ámbitos, inclusive el laboral y el sindical, para que finalmente el estado de derecho rija para todos.

JULIÁN DE DIEGO

JULIÁN DE DIEGOProfesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA

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